La resistencia en Brasil a la soja transgénica se concentró en Río Grande del Sur, cuya gobernación intenta convertir ese estado meridional en territorio libre de productos genéticamente modificados.
La Secretaría de Agricultura de Río Grande del Sur prohibió la semana pasada la siembra de semilla de soja transgénica en una superficie de cinco hectáreas, proyectada por la compañía multinacional estadounidense Monsanto.
La medida fue justificada por la falta de autorización estadual para que la empresa hiciera experiencias con la soja resistente al herbicida Round-up Ready.
La asamblea legislativa de Río Grande del Sur organizó este lunes un seminario con participación de ambientalistas para discutir un proyecto de ley que prohibe la siembra y la venta de productos transgénicos en el estado.
Río Grande del Sur es el territorio de mayor producción de soja en Brasil, y este país es, a su vez, el segundo productor mundial de ese grano, superado sólo por Estados Unidos.
El director ejecutivo de Greenpeace en Brasil, Roberto Kishimani, respaldó el proyecto de prohibición y propuso una mejor evaluación de las consecuencias de los organismos genéticamente modificados antes de permitir su uso en la agricultura.
No hay comprobación científica de que tales productos no causen daños al ambiente y a la salud humana, arguyó Greenpeace, que encabeza una campaña contra la soja de Monsanto en Brasil y otros países.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, un organismo gubernamental legalmente constituido para examinar ese tipo de asuntos, autorizó tanto la siembra experimental como la comercial de la soja Round-up Ready en Brasil.
La Empresa Brasileña de Investigaciones Agropecuarias también apoyó la introducción del producto en el país. El presidente de esa agencia gubernamental, Alberto Portugal, lo defendió como un importante aporte a la productividad nacional, que debe convivir con la soja tradicional, que obtiene mejores precios.
El nuevo ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, se opuso. El Ministerio de Agricultura viene dilatando el registro del producto, pero el viceministro, Benedito Rosa, anunció que será aprobado tan pronto como Monsanto cumpla las exigencias formales de su pedido.
Además de razones ambientales y sanitarias, las autoridades de Río Grande del Sur temen pérdidas comerciales, ante el rechazo que enfrentan los productos transgénicos en Europa, el principal mercado de la soja brasileña.
El mismo temor determina a otro importante estado agrícola del sur, Paraná, a mantener la prohibición de la siembra comercial de plantas geneticamente alteradas, y a fiscalizar las experiencias con la nueva tecnología.
El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, Luiz Barreto de Castro, descalificó las objeciones de los ambientalistas, argumentando que éstos ignoran las medidas de seguridad dispuestas en el desarrollo de las plantas modificadas y sugiriendo que la campaña de resistencia puede responder a intereses comerciales.
La gran industria química europea no tiene interés en la biotecnología aplicada en la agricultura, porque puede reducir en gran medida la necesidad de productos agrotóxicos.
No hay riesgos ambientales ni para la salud humana en la soja Round-up, aseguró Roberto Lopes de Almeida, director de Asuntos Corporativos de Monsanto. Millones de personas ya consumen ese producto, sin sufrir ningín daño, dijo.
La resistencia en Rio Grande del Sur alcanzó dimensión política, de oposición al gobierno central y sus autoridades científicas y agrícolas. El estado es gobernado, desde enero, por Olivio Dutra, del opositor e izquierdista Partido de los Trabajadores.
Al movimiento de rechazo de las semillas transgénicos se unió el Movimiento de los Sin Tierra (MST), conocido por sus agresivas manifestaciones en favor de la reforma agraria.
El MST de Río Grande del Sur promueve la agricultura orgánica, que no utiliza productos químicos y por eso permite abaratar costos y obtener mejores precios en mercados externos, principalmente en Europa. (FIN/IPS/mo/ff/dv he en/99
