Los campesinos sin tierra de Brasil acusaron al Banco Mundial de actuar en connivencia con los terratenientes del país, y calificaron al comportamiento de la institución financiera y del gobierno de "fraude político y social".
La denuncia cuestiona el apoyo que brinda el Banco Mundial a los programas destinados a vender tierras a los desposeídos. Según los grupos, la medida imposibilitará que los supuestos beneficiarios paguen las deudas que contraerán bajo el Proyecto Piloto para Aliviar la Pobreza.
El proyecto, que aumenta el precio de las tierras que los trabajadores rurales podrían comprar, se aplica como una alternativa y no como un complemento al programa de reforma agraria previsto en la constitución brasileña, sostienen.
Esto, declaran en una queja formal, representa un "fraude social y político, cometido por los gobiernos estatales (de Brasil)… fomentado por el gobierno federal y respaldado por el Banco Mundial, bajo la forma de una reforma agraria".
Los campesinos sostienen que el banco no consultó a las personas afectadas por el proyecto, se reservó detalles operativos claves y llevó a cabo sus planes pese a la resistencia de los habitantes, violando las políticas de la agencia sobre alivio de la pobreza, divulgación de información y participación de organizaciones no gubernamentales.
Entre los acusadores se encuentran los Sin Tierra, también conocidos bajo el nombre Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el cual desde fines de los años setenta ganó fama por alentar a los desposeídos a invadir los terrenos desocupados pertenecientes a terratenientes.
Esas tácticas, asociadas a la creciente cobertura de los medios de comunicación, le valieron a la causa los titulares nacionales, pero fueron lapidarias para sus representantes, muchos de los cuales fueron asesinados a medida que crecía el movimiento.
En los últimos años el movimiento se ganó la solidaridad de los sindicatos de las ciudades y la simpatía de los productores de telenovelas del país, pero también se enfrentó a la violenta oposición de los terratenientes.
El grupo advirtió al banco que, al alinearse con los poderosos, está contribuyendo a dar "un golpe político a la reforma agraria, justo en un momento histórico en que la sociedad brasileña legitimó las luchas de los trabajadores para superar la gran desigualdad … en las zonas rurales del país".
Los Sin Tierra, sumados a otras 11 organizaciones y 853 individuos desean que el Panel de Inspección de la entidad financiera investigue sus acusaciones.
Los grupos afirman que el proyecto los perjudicó y que probablemente sufrirán otra vez debido a los préstamos de seguimiento que el banco pretende realizar para apoyar proyectos similares en todo el país.
El proyecto piloto de 150 millones de dólares, conocido como Cedula da Terra, comenzó en 1997 y lo llevan a cabo los estados de Bahía, Ceará, Maranhao, Minas Gerais y Pernambuco. La meta del mismo es permitirle a 15.000 familias obtener préstamos para comprar predios de tierra con fines agrícolas.
El grupo argumentó que a cambio de las concesiones, los participantes del programa deben acceder a altas tasas de interés sobre los préstamos y deben renunciar a los programas de vivienda y de alimentación del gobierno. En muchos casos, no se les mencionan estas condiciones hasta que es demasiado tarde.
El crédito adicional, cuyos intereses son mayores a la inflación y exceden las ganancias agrícolas proyectadas, se pone fuera del alcance de los trabajadores rurales, con políticas monetarias estrictas dictaminadas por el Fondo Monetario Internacional y aplicadas por el Banco Mundial.
"Debido al alto costo del dinero, los préstamos no son apropiados ni siquiera para los agricultores que ya están establecidos", afirmaron los grupos, reunidos bajo la denominación Foro Nacional para la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo.
"Lo que es peor, las riendas del nuevo mercado de tierras se están entregando a las autoridades municipales y estatales en complot con las elites de latifundistas locales. Por lo tanto, el proyecto transfiee al terrateniente especulador la iniciativa de vender tierras a los campesinos desposeídos", acusó el grupo.
El programa permite a los propietarios de las tierras quedarse con todos sus terrenos, excepto aquellos cuyos suelos sufrieron la mayor degradación, mientras que según el proyecto federal, podrían haber sido obligados a entregar los predios sin ocupar a cambio de bonos del gobierno a veinte años.
Estas parcelas de tierra, en malas condiciones para ser utilizadas en forma productiva, pueden venderse ahora a cambio de efectivo.
Esto posee una serie de consecuencias peligrosas, vaticinaron los grupos. Aumenta la especulación y desestabiliza el campo a medida que crecen los precios de la tierra, y les da a los especuladores un efectivo superavitario para inyectar a las inversiones en la región del Amazonas, ecológicamente frágil.
Pese a estos inconvenientes, y antes de que se evalúe adecuadamente el proyecto piloto, Brasil y el Banco Mundial acordaron emplear un préstamo de mil millones de dólares, a cuatro años, para apoyar el naciente Banco de Tierras del país.
De esta forma se van a aplicar réplicas del proyecto piloto en otras partes de la nación.
"Si el Banco Mundial abandona el proyecto piloto Cedula da Terra y su sucesor, Banco de Tierras, poniendo fin a la financiación del proyecto, sería muy beneficioso para el proceso de la reforma agraria y la distribución de la renta en el sector rural de Brasil", resaltó el grupo.
El Panel de Inspección está estudiando la respuesta del banco a las acusaciones que pesan en su contra y todavía debe recomendar al ejecutivo si las quejas ameritan una investigación a gran escala.
El directorio ha sido reacio a aprobar este tipo de investigaciones en el pasado, y una fuente oficial afirmó que el Panel, ante un "pedido tan complejo" en momentos en que su futuro pende de un hilo, podría tomarse hasta dos meses para efectuar una recomendación. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/mvf/aq/if-dv/99
