La violencia que padece el norte de Uganda por la guerra no terminará hasta que las fuerzas del gobierno cesen sus propias violaciones a los derechos humanos, declaró el martes pasado Amnistía Internacional (AI).
La organización de derechos humanos con sede en Londres documentó en los últimos tres años veintenas de asesinatos de civiles indefensos, entre ellos niños y niñas, decenas de violaciones y cientos de golpizas que fueron responsabilidad de las fuerzas del gobierno.
Algunos soldados fueron detenidos por estos crímenes, pero pocos fueron procesados ya que las debilidades del sistema judicial retrasan en forma casi indefinida los juicios a los militares, señaló AI.
"Hasta ahora, la extrema violencia del (insurgente) Ejército de Resistencia del Señor (LRA) permitió ocultar la incapacidad del gobierno para impedir que sus propios soldados cometan graves violaciones a los derechos humanos", declaró el miércoles pasado Maina Kiai, directora del Programa para Africa de AI, en conferencia de prensa en Kampala.
"Debemos tener un panorama completo del círculo de abuso para restaurar el respeto a los derechos humanos en un ámbito que ha sido devastado por 13 años de amargos conflictos", dijo.
El informe de AI describe la dinámica de las violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en el norte, donde el control de los civiles es un objetivo estratégico tanto para las fuerzas de defensa como para los rebeldes del LRA.
"Esto coloca a los aldeanos en el corazón de la guerra y los hace vulnerables a los abusos de ambos lados", advirtió AI.
"Cada vez que un soldado o un funcionario del gobierno comete una violación de los derechos humanos con impunidad, reduce aun más la confianza de la gente en las autoridades y las posibilidades de construir una paz duradera", dijo Kiai.
Kiai exhortó al presidente Yoweri Museveni a convertir en prioridad nacional la protección de los derechos humanos en el norte.
AI publicó un informe en septiembre de 1997 que describe la violencia extrema que el LRA empleó contra los civiles, así como el secuestro de niños y niñas para utilizarlos como combatientes y esclavos sexuales.
El documento destacó el papel del gobierno sudanés al suministrar a los insurgentes armas y bases que, asegura, permiten al LRA continuar sus abusos y secuestros todas las semanas.
En los últimos tres años, cerca de 400.000 personas fueron obligadas a huir de sus casas en el norte de este país, en una guerra que aún no muestra señales de resolución.
Los distritos de Gulu y Kitgum están económicamente destruidos. En Gulu, cerca de 80 por ciento de la población del medio rural reside en campamentos para refugiados y depende de la ayuda humanitaria.
El desplazamiento interno es una cuestión especialmente problemática para los ugandeses del norte. Muchos abandonaron sus granjas para huir de los ataques del LRA, y otros fueron expulsados por los soldados del gobierno.
Las autoridades sostienen que el desplazamiento se debe a que los propios aldeanos buscan la seguridad, pero otros observadores aseguran que el ejército pretende impedir que el LRA consiga alimentos y lo hace evacuando las zonas en conflicto.
Una vez en los campamentos para refugiados, la gente es vulnerable a los abusos de los soldados, que en ocasiones los acusan de ser seguidores del LRA. El grupo insurgente también atacó los campamentos para secuestrar a los niños y saquear los alimentos.
Algunos aldeanos, presionados por la escasez de comida y la falta de seguridad de los campamentos, volvieron a sus hogares para cultivar o recolectar alimentos.
El ejército y los insurgentes han matado a desplazados que habitan en zonas supuestamente evacuadas. En diciembre, soldados del gobierno mataron a una mujer, Korina Atuk, mientras cultivaba su tierra al sudoeste de Gulu, denunció AI.
Las violaciones a los derechos humanos también tienen lugar en el contexto de los combates.
"En marzo de 1998, 30 niños que fueron secuestrados por el LRA fueron asesinados por soldados del gobierno en Ogole, en Kitgum. Las fuerzas gubernamentales abrieron fuego a 10 metros de sus objetivos. Los niños fueron atados y muchos se atascaron cuando comenzaron a correr por el pánico", declaró AI.
"No hubo investigación alguna. Sencillamente, el ejército niega que los niños hayan sido asesinados", agregó.
El derecho humanitario internacional permite que los civiles sean desplazados de sus hogares cuando así lo exigen su seguridad o razones militares perentorias, precisó la organización.
Pero también obliga a las autoridades a mantener el número de desplazados a un mínimo posible, a terminar el desplazamiento lo antes posible y a proporcionar alimentos, refugio, agua y seguridad a los refugiados.
Cuanto más dure el desplazamiento sin que se cumplan estos requisitos, como ocurre en el norte, más dudosa será la legalidad del desplazamiento. "Nunca es legítimo utilizar la violencia para controlar la población", advirtió AI.
"Creemos que las autoridades deben reforzar la protección de los civiles frente a todos los tipos de violencia y mejorar las condiciones de vida de las personas desplazadas", dijo Kiai. (FIN/IPS/tra-en/mn/aq/hd/99
