Organizaciones humanitarias de Guatemala acusaron el martes pasado al gobierno de restar importancia a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) para aclarar las violaciones a los derechos humanos cometidas en 36 años de guerra interna.
Dirigentes de distintas organizaciones no gubernamentales y de grupos de la oposición de izquierda estiman que un comunicado pago publicado por el Ejecutivo en los diarios del país es una muestra de que el presidente Alvaro Arzú no está dispuesto a ir demasiado lejos en el esclarecimiento del pasado.
El gobierno considera que la interpretación histórica que la CEH produjo en torno al período de enfrentamiento armado interno "constituye un aporte para una tarea que apenas comienza" y que por su naturaleza, exigirá permanente análisis, dada la complejidad del tema y "su carácter controversial".
El comunicado dice por otra parte que el Ejecutivo "ha cumplido con creces sus compromisos en materia de inversión social, educación, salud y vivienda, concentrando su esfuerzo en el área rural y en las regiones más abandonadas».
"Se ha cumplido también con la reducción del presupuesto y del número de efectivos del Ejército y con los planes de desarrollo de la Policía Nacional Civil", indica.
Agrega que está en marcha el proceso para la aprobación definitiva de reformas constitucionales que redefinen las funciones de defensa nacional, seguridad interna e inteligencia militar y civil.
Según el gobierno, el ejército "es actualmente una institución renovada", cuyo proceso de transformación le ha permitido jugar un papel decisivo en la conquista de la paz y que ha estado sujeto a "un permanente proceso de depuración interna".
En su documento "Guatemala, memoria del silencio", difundido el 25 de febrero, la CEH establece que el ejército y grupos paramilitares afines fueron responsables de 93 por ciento de las violaciones documentadas y las fuerzas insurgentes del tres por ciento.
También reveló que Estados Unidos, a través de diversas dependencias, "apoyó directa e indirectamente operativos ilegales del Estado",
Concluyó asimismo que en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, agentes del Estado "cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya".
Guatemala sufrió un prolongado conflicto armado erno que duró 36 años y causó más de 200.000 víctimas, en su mayoría civiles no combatientes, indígenas a los que el ejército consideraba como aliados naturales de la guerrilla.
El enfrentamiento cesó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de la paz entre el gobierno y los insurgentes.
La CEH recomendó al Estado iniciar cuanto antes un programa nacional de reparación, que incluya la dignificación de la memoria de las víctimas, la divulgación de la verdadera historia del enfrentamiento armado y medidas puntuales de resarcimiento colectivo e individual.
Aconsejó también que el Estado emprenda "una política activa de exhumaciones de los centenares de cementerios clandestinos aún existentes, así como la identificación final del paradero de los desaparecidos".
La Comisión dijo que espera que se persiga y enjuicie a los responsable de delitos considerados de lesa humanidad, a la vez que recomendó que se forme una comisión que examine la conducta de los oficiales del ejército.
En su comunicado del martes pasado, el gobierno se refirió a ocho de las 14 recomendaciones de la Comisión.
Sin embargo, no brindó respuesta alguna a propuesta del organismo en temas como las investigaciones sobre desapariciones forzadas, la promoción de una política activa de exhumaciones de cementerios clandestinos y la difusión del informe de la CEH en el sistema educativo.
Aldo Morales, dirigente de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, dijo que el comunicado del gobierno "sólo es parte de una estrategia para bajar perfil al contenido del informe de la CEH"
Agregó que esto obedece a lineamientos del ejército, institución que "sigue ejerciendo el poder real de las estructuras de gobierno".
Según Morales, aunque se han comenzado a producir cambios, el Ejército aún no está preparado para aceptar todas las acusaciones que se le hacen en el informe.
Mario Polanco, dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo, que nuclea a familiares de desaparecidos, dijo a IPS que se siente "decepcionado y preocupado".
El Ejecutivo muestra "falta de voluntad política e interés" en cumplir las recomendaciones de la CEH, señaló.
Dirigentes de la organización Alianza contra la Impunidad, denunciaron a su vez que en varios teléfonos de activistas humanitarios se registra un incremento de las interrupciones desde la presentación del informe de la CEH.
En abril de 1998, tras la presentación del informe "Guatemala: nunca más", en el que se acusaba al ejército de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, fue asesinado el obispo Juan Gerardi, coordinador del doucmento.
El crimen aún no se ha aclarado, ni se ha investigado la supuesta participación de militares.
Miguel Angel Albizúrez, de Alianza contra la Impunidad, dijo que la actitud del gobierno atrasa el proceso de reconciliación y democratización del país, al tiempo que alienta la impunidad, al mantener intactas estructuras militares que han actuado al margen de la ley.
Para Jorge Soto, ex comandante guerrillero y secretario general del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, el gobierno hizo públicas sus observaciones mediante un comunicado pago aparecido en los diarios, "para evadir cuestionamientos".
El canciller Eduardo Stein indicó que el gobierno seguirá publicando su posición en torno al informe y las recomendaciones, "debido a lo extenso del documento" y aclaró que en 1998 el presidente Alvaro Arzú ya pidió perdón por los "errores" cometidos durante la guerra. (FIN/IPS/cz/dg/ip-hd/99
