Cuatro opositores juzgados el 1 de este mes en Cuba por delitos contra la seguridad del Estado recibieron penas de cárcel de tres y medio a cinco años, se informó el lunes pasado.
Un informe oficial difundido por la televisión estatal detalló que Vladimiro Roca fue sentenciado a cinco años de prisión, Marta Beatriz Roque a tres años y medio, y René Gómez y Félix Bonne a cuatro años.
Los integrantes del llamado "grupo de los cuatro" fueron detenidos el 16 de julio de 1997, pocos días después de la divulgación dentro y fuera de Cuba de un documento antigubernamental.
En un juicio de 14 horas, la fiscalía solicitó seis años de cárcel para Roca y cinco para los tres restantes, todos acusados de atentar contra la seguridad del Estado "en relación con un delito de sedición".
El tribunal provincial que los juzgó tenía 12 días hábiles para dictar sentencia.
Fue el primer proceso realizado luego de aprobadas varias modificaciones al Código Penal y una ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba que penaliza "hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar" con objetivos hostiles contra la isla.
La nueva legislación impone hasta 20 años de cárcel (en casos agravados) a quien entregue al gobierno de Estados Unidos o alguna de sus dependencias información que pueda ser usada para el bloqueo a Cuba o para actividades subversivas en la isla.
Las autoridades aclararon que los delitos imputados a Roca, Gómez, Bonne y Roque están previstos en el Código Penal desde antes de las modificaciones, con sanciones de hasta ocho años de prisión.
El diario oficial Granma dijo el 4 de este mes que, de haber estado vigente la ley de protección de la independencia y la economía, "la Fiscalía habría pedido penas más severas" para el grupo de los cuatro.
A raíz del caso, que tuvo fuerte repercusión internacional, el gobierno de Fidel Castro acusó a Estados Unidos de organizar y financiar grupos opositores en este país para "promover descaradamente la desestabilización y la subversión".
Asimismo, culpó a Washington de utilizar el juicio al grupo de los cuatro para realizar una "intensa campaña de difamación".
En el la audiencia judicial no se permitió la presencia de periodistas ni cuerpo diplomático, aunque sí de familiares de los procesados. En cambio, se permitió amplio acceso al posterior juicio a dos salvadoreños acusados de terrorismo.
El juicio a Raúl Ernesto Cruz León, sustanciado la semana última, se prolongó durante cuatro días y la Fiscalía pidió la pena de muerte para el acusado.
En la misma sala, el otro salvadoreño, Otto Rodríquez Llerena, afrontó la semana que concluye la posibilidad de ser sentenciado a 30 años de cárcel por un tribunal ante el cual se declaró culpable de los actos terroristas que se le imputan.
Cruz León confesó haber puesto las bombas que estallaron entre julio y septiembre de 1977 en seis instalaciones turísticas, con el saldo de un muerto, varios lesionados y cuantiosos perjuicios materiales.
Rodríguez Llerena, quien admitió haber colocado un artefacto explosivo en el hotel Melía Cohiba, fue detenido en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana, cuando intentaba introducir en el país 1,5 kilogramos de explosivos plásticos.
Durante el primer día de la vista oral, la fiscalía consideró esa cantidad de material explosivo suficiente para hacer estallar dos aviones con 200 pasajeros cada uno.
En ambos casos, la parte acusadora ha insistido en la vinculación en los atentados terroristas del cubano-estadounidense Luis Posada Carriles, autor intelectual de la voladura en octubre de 1976 de un avión de la empresa Cubana de Aviación en el que murieron los 73 pasajeros. (FIN/IPS/pg/ff/ip/hd/99
