El debilitamiento de los sistemas públicos de previsión social, una tendencia mundial, hace más triste la vida de los ancianos, cada día más numerosos y con menos derechos, según sus escasos defensores en Brasil.
Una sociedad como la brasileña, que trata de promover la competitividad, valora poco la vida, y "mucho menos el fin de la vida", según la socióloga Eneida de Macedo Haddad, quien lucha por los derechos sociales de las personas mayores hace más de 20 años.
Haddad, profesora de la Universidad del Estado de Sao Paulo, coordina el Núcleo de Investigaciones del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales (IBCC), una de las escasas organizaciones no gubernamentales que estudian los problemas de la tercera edad y actúan para tratar de resolverlos.
La socióloga considera que la reforma de la previsión social aprobada este año, como parte de un ajuste para equilibrar las cuentas públicas ante la crisis, acentúa el rechazo a los ancianos, a queines se ve como "una carga para el Estado" y responsables de los problemas económicos.
Haddad señaló que esto contradice la Constitución brasileña y una política nacional para las personas de la tercera edad vigente desde hace cinco años, que les prometen seguridad social y atención sanitaria dignas, "pero que no se aplican".
Si los ancianos no reciben una jubilación o pensión adecuada, sufren en mayor medida malos tratos, violencia y rechazo de sus familias y de "la sociedad que ayudaron a construir", lamentó la hermana Maria Luiza Nogueira, coordinadora de la Pastoral de la Tercera Edad de la Iglesia Católica en Sao Paulo.
Por otra parte, es previsible que la recesión económica agrave este año las condiciones de vida de las personas mayores, tanto en el caso de aquellas que viven con sus familias como en el las alojadas en hospitales y otras instituciones públicas.
Además, la necesidad de reducir el gasto público y el déficit del sistema de previsión social hace que el gobierno mantenga muy bajo el salario mínimo, cuyo valor establece también el mínimo legal de las jubilaciones y pensiones.
Tres cuartas partes de los beneficiarios del sistema de previsión social (unos 12,5 millones de personas), reciben sólo el equivalente de un salario mínimo, destacó el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionistas del Estado de Sao Paulo.
El valor actual del salario mínimo es de 130 reales (unos 70 dólares), y se espera un incremento muy escaso el 1 de mayo.
Brasil es "uno de los países latinoamericanos menos preparados" para darle atención a los ancianos, aseguró Nogueira, basándose en la experiencia de muchos años de dedicación a los problemas de la tercera edad y en numerosos viajes al extranjero.
En Sao Paulo, la vieja generación que "construyó la ciudad se siente extranjera en ella", observó la religiosa.
Considerados como un "estorbo" por sus familiares, los más viejos son frecuentemente agredidos, aislados en la casa o abandonados en asilos, agregó.
También sufren robos de dinero y propiedades por parte de hijos y parientes. Por temor o por dependencia, económica y afectiva, de sus familiares, pocos realizan denuncias, señaló.
Una de las historias más tristes que recuerda la hermana Maria Luiza es la de una señora de Sao Paulo que sobrevivió a todos sus hijos y, tras el entierro del último, fue abandonada por sus nueras en el mismo cementerio. No tenía dónde vivir ni fuente alguna de ingresos, y la religiosa la acogió en su propia casa.
Pese a los numerosos casos de violación de sus derechos humanos, los ancianos constituyen una población que cuenta con pocas organizaciones de defensa, en comparación con las dedicadas, por ejemplo, a la infancia, las mujeres o los indígenas.
Es lamentable que los derechos de los más viejos sean violados por las mismas instituciones que se consideran sus protectores, como las familias, los hospitales, las clínicas geriátricas y los asilos, destacó Haddad, autora de dos libros sobre el tema.
La violencia, el abandono y la negligencia en el trato a los ancianos no se deben sólo a factores económicos, sino también a "un problema cultural", ya que se registran en todos los niveles de la sociedad, argumentó.
El IBCC realiza investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre los problemas de la tercera edad, y prepara un manual sobre los derechos de los ancianos para su distribución masiva, incluso en las escuelas.
Por iniciativa del instituto, se constituyó en Sao Paulo un foro permanente para discutir y combatir los abusos contra los ancianos, en el cual participan organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales, municipales y médicas.
Sao Paulo es el estado brasileño donde la defensa de los ancianos ha avanzado más en términos relativos. El gobierno estadual creó un Consejo del Anciano, que es integrado por Nogueira, y en esta década se instalaron comisarías de protección a los ancianos en varias ciudades del estado.
Sin embargo, algunas de ellas ya fueron cerradas, en contraste con la multiplicación de las comisarías creadas para atender denuncias de mujeres, comentó Haddad.
La socióloga indicó que la comisaría de la capital se mantiene desde 1991, pero fue transferida desde un local de fácil acceso al subsuelo de un edificio en una calle empinada, lo cual redujo mucho la concurrencia a ella.
Hechos como éste se deben al menosprecio por las necesidades de los ancianos, afirmó Haddad, agregando que los funcionarios de esas comisarías no fueron capacitados para atender los problemas específicos de la tercera edad. (FIN/IPS/mo/mp/pr hd ip/99
