Una sucesión de actos delictivos y de violencia protagonizados en Chile por adolescentes abrió paso a una polémica iniciativa que permitiría a los jueces aplicar condenas penales a jóvenes de 14 años.
Un menor de 16 años fue asesinado de un balazo por otro de la misma edad, tras una riña a la salida de un colegio en Santiago. En Concepción, 515 kilómetros al sur de la capital, un niño de 15 fue apuñalado por un delincuente juvenil que le hirió un pulmón.
Las informaciones policiales del mes de marzo registraron también la muerte de un seguidor de un equipo de fútbol, atacado por adolescentes partidarios de un club rival, así como riñas entre pandillas juveniles con lesionados de gravedad.
El diario La Tercera publicó impactantes fotografías tomadas a un delincuente de 16 años mientras asaltaba una joyería, reteniendo como rehén a un hombre a cuya cabeza apuntó con una pistola durante varios minutos.
Nataly Carrión, de 14 años, recibió un balazo en su propio cuarto el día 10, cuando ella y dos amigos manipulaban un revólver llevado por uno de ellos, y se encuentra en estado de muerte cerebral desde el día 16. Aún no está claro quien apretó el gatillo.
El acceso de adolescentes a armas de fuego y el porte de estoques, navajas y otros instrumentos de agresión muestran una expansión generacional de la violencia, que alarma tanto a las autoridades como a las organizaciones de la sociedad civil.
Este fenómeno se ve reflejado en hechos policiales cada vez más frecuentes y en las estadísticas del sistema judicial y carcelario.
Según datos recopilados por la Fundación Paz Ciudadana, 21 por ciento de los robos con violencia tuvo como autores a menores de 18 años en 1995. La proporción aumentó a 27 por ciento en 1996, a 32 por ciento al año siguiente y a 40 por ciento en 1998.
Una de las explicaciones de este cuadro estadístico está en el aumento del desempleo juvenil, una de las expresiones más palpables del impacto en Chile de la crisis económica internacional que comenzó en Asia en 1997.
Los partidos de derecha sostienen que otra de las causas del fenómeno es la "debilidad" ante la delincuencia del presidente Eduardo Frei, cuyo gobierno eliminó desde 1997 las detenciones policiales "por sospecha" o preventivas.
Jorge Pávez, presidente del Colegio de Profesores y militante del opositor Partido Comunista, sostuvo por el contrario que la violencia en los colegios es el reflejo de una sociedad regida por el mercado, que impone la competencia, el consumismo y el individualismo.
El gobierno exhortó a que no se vea como "demonios" a los jóvenes ni se considere que la mayor parte de los adolescentes adoptan conductas violentas y delictivas, aunque admitió que hay un número excesivo de armas de fuego circulando sin control.
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, advirtió que la seguridad ciudadana se verá fortalecida en la medida en que exista una mayor disposición social y familiar a tratar los problemas de los adolescentes.
Alvear recordó que, de acuerdo con estudios, 86 por ciento de los delincuentes juveniles fueron víctimas de maltrato infantil en sus hogares.
Las iniciativas para frenar el aumento de la violencia entre los adolescentes incluyen programas de capacitación laboral y de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como medidas de mayor control en los colegios y cambios en la legislación penal.
El gobierno analiza reformas a la Ley de Control de Armas vigente desde 1972, y algunos diputados han propuesto que se registre diariamente a los estudiantes para requisar cualquier instrumento de agresión.
La iniciativa más polémica, proveniente de diputados de la oposición derechista y, según Alvear, aceptada en principio por el gobierno, es la de rebajar la edad de responsabilidad penal a 14 años.
En la actualidad los menores de 18 años no son penalmente responsables de sus actos, pero los jueces pueden pedir exámenes de expertos a jóvenes mayores de 16 que hayan cometido delitos graves, para determinar si actuaron con pleno discernimiento, y cuando se estima que fue así es posible enjuiciarlos.
La reforma planteada, que cuenta con el respaldo del presidente de la Corte Suprema, Roberto Dávila, rebajaría a 14 años la edad a partir de la cual se admite el dictamen de que hubo discernimiento pleno al cometer un delito grave.
Diputados del Partido Por la Democracia, que forma parte de la coalición de gobierno, se oponen a esta rebaja, que a su juicio fortalecerá una tendencia represiva en lugar de dar prioridad a la rehabilitación de los adolescentes infractores.
Rebajar la edad de responsabilidad penal "es destruir a la juventud e incorporarla a la 'universidad del crimen' que son las cárceles", dijeron los diputados Patricio Hales y Guido Girardi, quienes abogan por la aprobación de normas penales especiales para los jóvenes. (FIN/IPS/ggr/mp/hd/99
