El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, procura acallar las crecientes críticas contra su gobierno, a casi seis meses de la destitución y la detención del viceprimer ministro Anwar Ibrahim, que sigue acaparando la atención de este país.
El gobierno amenaza con tomar acciones legales contra políticos opositores y medios de comunicación, entre otras medidas. "Es una señal de desesperación. Siente el peso de las críticas", declaró el analista Mustafá Anuar.
Ahora sus detractores sostienen que Mahathir, en el poder desde 1981, no es capaz de contener las fuerzas desatadas por la detención de Anwar y el juicio al que está sometido por corrupción y abuso de poder.
El último dolor de cabeza de Mahathir se produjo el domingo, cuando el ex jefe de policía Rahim Noor admitió que golpeó a Anwar durante la primera noche de su detención, en septiembre.
La revelación, realizada por el abogado de Noor ante un comité real que investiga el incidente, resulta asombrosa en este país, donde las protestas o la insatisfacción pública rara vez producen resultados tangibles.
El martes pasado, dos policías atestiguaron que tuvieron que contener a Noor para impedir que siguiera atacando a Anwar, quien se encontraba con los ojos vendados y maniatado en su celda.
Quizá nunca antes la responsabilidad del gobierno haya sido puesta a prueba como con el episodio de Anwar.
Ahora, además de Anwar, otros se preguntan si Noor actuaba bajo órdenes y si Mahathir sabía de la golpiza.
La admisión de Noor no podría haberse conocido en peor momento para Mahathir, cuya coalición Barisan Nasional se enfrenta a la oposición en las elecciones del estado de Sabah, a celebrarse los días 12 y 13.
Pero a medida que crece la presión, el gobierno reaccionó contra sus detractores, sostienen analistas.
La semana pasada, Chandra Muzaffar, analista político y presidente del Movimiento Internacional para un Mundo Justo, supo que el gobierno no le renovaría el contrato como profesor de la Universidad de Malaya, próxima a la capital.
Chandra, cercano colaborador de Anwar y destacada figura del movimiento por la democracia conocido como "reformasi", conoció la decisión en una carta que recibió cinco días antes de que venciera su contrato el 28 de febrero.
"Debería ser evidente para cualquiera que la verdadera razón por la que no se me renovó el contrato es política. Sé que a la elite gobernante le incomodan mis críticas inflexibles a su sórdido abuso del poder en la crisis de Anwar", dijo en una declaración.
A miembros del gobierno tampoco les cayó bien que Chandra fuera vicepresidente del Movimiento de Justicia Social, lanzado por la esposa de Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, quien indicó que podría disputar a Mahathir una banca legislativa en su propio distrito electoral.
El 17 de febrero, Mahathir declaró que algunos profesores universitarios cultivaban adrede entre los estudiantes semillas de odio e ira contra el gobierno.
En las últimas semanas, el gobierno también envió un claro mensaje contrario a la cobertura de los medios de comunicación internacionales.
En una circular del 9 de enero, el director general del Ministerio de Educación declaró que las críticas de Malasia aparecidas en las publicaciones Far Eastern Economic Review, Asiaweek e International Herald Tribune son demasiado entusiastas.
El ministerio dejó de suscribirse a las tres publicaciones.
En febrero, el gobierno declaró que tomaría medidas legales contra organizaciones de los medios de comunicación y políticos opositores que calumnien a los dirigentes del país.
"Estamos vigilando los informes de prensa y los discursos de políticos opositores que circularon ampliamente" en casetes, declaró el subsecretario Ibrahim Alí, del departamento del primer ministro.
"Llegó el momento para que actuemos para responsabilizarlos por suposiciones que se acercan a la calumnia. También advierto a los diarios, sobre todo a los tabloides de los partidos opositores, que sean especialmente cuidadosos de ahora en más", agregó.
Este mes, el hijo de Mahathir entabló una demanda de 39,5 millones de dólares contra los editores malasios del Asian Wall Street Journal por un artículo sobre su carrera que señalaba cómo su ascenso se benefició con la ayuda de compañías y bancos.
El partido gobernante, la Organización Nasional Malayos Unidos, también anunció que formó una comisión de abogados para demandar a quienes realicen denuncias infundadas en los medios de comunicación.
La medida inquietó a activistas políticos y sociales que critican al gobierno en sus publicaciones y declaraciones públicas. Aunque reconocen su alarma ante las medidas para frenar el disenso, señalan que aún pueden recurrir a la Internet como medio para divulgar opiniones alternativas.
Así mismo, sostienen, las novedades con respecto a la golpiza sufrida por Anwar demuestran que, a pesar de las restricciones políticas, la presión pública logró develar asuntos ocultos al pueblo. (FIN/IPS/tra-en/an/js/aq/ip-hd/99
