Fue una victoria inusual que los herederos de Ferdinand Marcos aceptaran pagar una indemnización a víctimas de violaciones de los derechos humanos durante su régimen en Filipinas, pero que esto contribuya a la justicia es otro tema.
He ahí la ironía en el anuncio realizado la semana pasada de que los herederos de Marcos accedieron a pagar 150 millones de dólares al grupo de unos 10.000 filipinos que presentaron una demanda colectiva ante una corte de Hawai, donde falleció el ex presidente en 1989.
De cualquier forma, el arreglo fue un logro importante, que debería alentar a otros países en sus esfuerzos para recuperar fondos ocultos por líderes corruptos y realizar acciones legales contra las violaciones de los derechos humanos.
La demanda de Hawai hizo historia: fue la primera vez que se presentó una demanda colectiva en nombre de quienes alegan haber sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.
El acuerdo de pago también representa el mayor éxito obtenido por los filipinos en sus intentos de obtener algo de justicia y compensación por parte de los herederos de Marcos, desde que éste fue derrocado en una revuelta militar apoyada por civiles hace 13 años.
Pero la victoria fue empañada por la insistencia de los herederos de Marcos en que el ex presidente no cometió ninguna violación de los derechos humanos.
Una disposición en el acuerdo entre los abogados de ambas partes, que debe ser ratificado y presentado ante la corte antes del 30 de marzo para que entre en vigencia, dice que Marcos y sus herederos quedan "completamente liberados" de cualquier cargo de violación de los derechos humanos.
"Eso simplemente no es verdad. No tergiversemos la historia por 30 piezas de plata", dijo Rene Saguisag, abogado defensor de los derechos humanos que también fue senador y opositor al régimen de Marcos.
"No es sorprendente que los herederos de Marcos se hayan vuelto más osados y arrogantes. Podrían utilizar este acuerdo, que evitaría el juicio, y jactarse de que no se ha presentado ninguna demanda civil o penal contra ellos", agregó.
Los críticos del acuerdo alcanzado, entre quienes se cuentan algunas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos involucradas en la demanda de Hawai, reclaman que el párrafo que libera de cualquier responsabilidad al ex presidente y sus herederos sea retirado del documento.
Lo que más molesta a los filipinos no son los términos de la jerga legal, sino la noción de que los herederos de Marcos no están dispuestos a admitir culpas ni mostrar arrepentimiento.
Recientemente, Ferdinand Marcos, el único hijo del fallecido dictador, que es gobernador de la provincia filipina de Ilocos Norte (de donde procede su familia), se burló de quienes presentaron la demanda colectiva y dijo que eran unos aventureros.
Afirmó que, lejos de ser víctimas de violaciones de los derechos humanos, los demandantes eran "víctimas de su propia codicia", y que no querían "justicia sino dinero".
El abogado estadounidense de los herederos de Marcos, James Paul Linn, sostuvo que "la familia no estuvo de acuerdo con este arreglo porque admita culpas, sino con un espíritu de paz, reconciliación y unidad del pueblo filipino".
El arreglo está relacionado con el veredicto de 1995 de una corte de Hawai, que entregó 1.900 millones de dólares como indemnización por daños en demandas de víctimas de tortura durante el gobierno de Marcos y de familiares de personas ejecutadas sumariamente por sus agentes.
Los 150 millones de dólares que los herederos de Marcos aceptaron pagar a quienes presentaron la demanda colectiva provendrán de depósitos bancarios del ex presidente en Suiza que sumaban 590 millones de dólares.
Ese dinero fue devuelto al gobierno de Filipinas y puesto en depósito para su división entre las víctimas demandantes, en caso de que se produjera un acuerdo entre las partes o un fallo judicial en el caso.
Pero el camino para que ese dinero llegue a los demandantes no es fácil ni corto. El acuerdo debe ser aprobado, entre otros, por el presidente de Filipinas, Joseph Estrada, la corte filipina de Sandiganbayan, a cargo de los casos de corrupción, y la justicia estadounidense.
Antes de todo eso, las víctimas que presentaron la demanda colectiva deben comunicar formalmente su aprobación o rechazo del acuerdo, y esto será difícil porque hay entre los demandantes varios grupos enfrentados, algunos de los cuales rechazan el arreglo.
Rod Domingo, el abogado filipino que encabeza el grupo de defensores de los demandantes, dijo que ese equipo legal procurará la eliminación de la cláusula que exonera a Marcos y sus herederos de responsabilidad en violaciones de los derechos humanos.
Domingo afirmó que de todos modos esa cláusula carece de importancia, y que "lo cierto e innegable es que un fallo judicial halló a los Marcos culpables de haber violado los derechos humanos de 10.000 filipinos".
Loretta Anne Rosales, que encabeza uno de los grupos de demandantes, declaró que el principal problema no reside en discutir si el acuerdo "es equitativo o si se obtiene muy poco", sino en responsabilizar moral y legalmente a los herederos de Marcos.
Sin embargo, esto podría ser difícil, ya que la familia de Marcos nunca admitió la culpa.
Los Marcos también se han envalentonado por una serie de victorias legales obtenidas en Filipinas, donde los tribunales desestimaron más de 20 acusaciones de corrupción contra ellos.
Imelda Marcos, la viuda del difunto presidente, fue hallada culpable en un caso de corrupción en 1993, pero la condena, que le habría valido más de 20 años en prisión, fue apelada y revocada por la Suprema Corte de Filipinas el año pasado.
Irónicamente, los herederos de Marcos se beneficiaron de estas decisiones judiciales en el sistema político democrático establecido tras el derrocamiento del ex presidente, que también les garantizó libertades políticas para postularse a cargos públicos y ser elegidos para ocuparlos.
Mientras tanto, el acuerdo de Hawai, ahora en el limbo debido a objeciones políticas y legales, constituyó una impresionante muestra de habilidad legal, pero todavía no demostró ser un medio adecuado para responsabilizar moralmente al régimen dictatorial por sus abusos.
No son pocas las voces que dicen que es hora de cerrar el capítulo de Marcos con este acuerdo, luego de que los filipinos celebraran a comienzos de este mes el 13 aniversario de la "Revolución por el poder popular" que destituyó al ex presidente.
Pero para muchos de los demandantes por violaciones de los derechos humanos, y para otras víctimas sin nombre del régimen, la pregunta es si deben elegir entre un documento legal y algo de dinero, y una disculpa de los Marcos que probablemente nunca llegue. (FIN/IPS/tra-en/js/ral/at/mp/hd/99
