El juicio al salvadoreño Ernesto Cruz León en Cuba por el cargo de terrorismo, fijado para este lunes, será el segundo que se realizará por delitos contra la seguridad del Estado tras la reforma de Código Penal
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana informó la fecha de inicio del juicio en un lacónico comunicado divulgado el miércoles a través de medios estatales de prensa.
Cruz León enfrenta una demanda fiscal de pena de muerte por su presunta responsabilidad en varios atentados dinamiteros contra instalaciones turísticas cubanas, ocurridos en el verano de 1997, en uno de los cuales perdió la vida el joven empresario italiano Fabio di Celmo.
El informe oficial añadió que una semana después de este proceso, el lunes 15, será juzgado el también salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, acusado de delitos similares a los de Cruz Léon, y para quien la Fiscalía General de la República solicitó 30 años de prisión.
Cruz León, de 27 años, y Rodríguez Llerena, de 40 años, fueron detenidos en Cuba el 4 de septiembre de 1997 y el 10 de junio de 1998, respectivamente, y se les juzga como autores delitos de terrorismo.
El Capítulo 2 del Código Penal, que refiere a los delitos contra la seguridad interior del Estado, prevé penas que van desde 10 o más años de privación de libertad hasta la pena de muerte por fusilamiento.
"Durante el proceso investigativo y de instrucción", Cruz León confesó ser el autor de seis atentados con bombas entre julio y septiembre de 1997 contra los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón y Chateau y el restaurante la Bodeguita del Medio, dijeron medios oficiales el 23 de febrero.
Rodríguez Llerena, en tanto, resultó arrestado cuando intentaba introducir en Cuba 1,5 kilogramos de explosivo plástico de alto poder de destrucción, dos cápsulas detonantes y "otros medios con fines terroristas".
Según las fuentes, "reconoció ser el autor" de una explosión en el vestíbulo del hotel Meliá Cohiba, ocurrida el 4 de agosto de 1997 y responsabilizó de sus acciones a Luis Posada Carriles.
Posada Carriles, ciudadano estadounidense de origen cubano, es considerado por las autoridades de La Habana el "autor intelectual" del atentado contra la aeronave de Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo en octubre de 1976.
Ambos inculpados admitieron en sus declaraciones que por cada bomba que hicieran estallar en Cuba cobrarían entre 1.000 y 4.500 dólares, recordaron a su vez, medios estatales de prensa.
El anuncio de estos dos nuevos juicios sigue al efectuado el lunes contra cuatro miembros del opositor Grupo de Trabajo de la disidencia interna, que luego de una sesión de casi 14 horas quedó listo para sentencia.
El tribunal deberá emitir su fallo en un plazo no mayor de 12 días, a contar desde la finalización del juicio seguido a Vladimiro Roca, Félix Bonne Carcasés, Beatriz Roque y René González Manzano, acusados de "actos contra la seguridad del Estado en relación con el delito de sedición".
La fiscal Edelmira Pedriz confirmó al tribunal su solicitud de seis años de privación de libertad para Roca, un ex piloto de la Fuerza Aérea e hijo de un antiguo dirigente del gubernamental Partido Comunista de Cuba, y cinco años para cada uno de los restantes miembros del grupo.
En tanto, fuentes opositoras confirmaron a IPS que ya fueron puestas en libertad prácticamente todas las personas que habían sido detenidas horas previas al juicio, en lo que se interpretó como medidas preventivas ante posibles incidentes o manifestaciones de apoyo a los procesados.
La excarcelación incluye a los llamados periodistas independientes, entre ellos varios de la agencia Cuba Press, cuyo servicio telefónico fue restablecido en la víspera.
Gerardo Sánchez, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, lamentó, en declaraciones a IPS, que las autoridades "hayan echado agua en el molino a intolerantes del otro lado", en referencia a sectores anticastristas radicados en Estados Unidos.
En su opinión "la imagen del gobierno (de Cuba) ha quedado muy dañada con los últimos acontecimientos" y dijo que no había necesidad de encarcelar a tanta gente.
Según informes del portavoz de la comisión, no confirmados oficialmente, las detenciones y arrestos domiciliarios bordearon el centenar de personas.
"Todo gobierno tiene derecho a adoptar las medidas que estime pertinente para garantizar el orden público, pero se pudo hacer algo menos escandaloso y obtener los mismos resultados", dijo Sánchez.
Una vez juzgados Cruz León y Rodríguez Llerena, quedaría pendiente un proceso similar contra tres ciudadanos guatemaltecos detenidos en marzo de 1998 a su llegada al aeropuerto internacional José Martí.
Un comunicado del Ministerio del Interior divulgado en octubre pasado involucró a María Elena González, Nader Kamal Musalam y Jazid Iván Fernández en la planificación de atentados terroristas en la isla "dirigidos y financiados desde Miami por la Fundación Nacional Cubano-Americana."
Dentro del paquete de modificaciones aprobadas el pasado 16 de febrero por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), se elevó de 20 a 30 años la sanción a la privación de libertad, además de cadena perpetua para casos agravados de tráfico humano, entre otros.
Así mismo, la pena capital se extendió al delito de narcotráfico cuando el inculpado sea un funcionario público o autoridad y cuando se facilite la ejecución del delito mediante el uso de recursos del Estado.
La sentencia máxima fue aplicada a unos 12 condenados en los últimos 10 años. El caso más conocido fue el del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font y el mayor Amado Padrón Trujillo, fusilados el 13 de junio de 1989 por tráfico de drogas. (FIN/IPS/pg/dm/hd ip/99
