El juicio en Cuba contra cuatro miembros del opositor Grupo de Trabajo de la disidencia interna quedó listo para sentencia, la cual se dictará en un plazo no mayor de siete días.
En tanto, fuentes opositoras confirmaron que fueron puestas en libertad el martes pasado alrededor de una decena de las personas detenidas en prevención de posibles incidentes o manifestaciones de apoyo a los procesados.
La fiscal Edelmira Pedriz confirmó su solicitud al tribunal de seis años de privación de libertad para Vladimiro Roca, un ex piloto de la Fuerza Aérea, informó el martes el director del Centro de Prensa Internacional, Reynaldo Calveat, al término de una maratónica sesión del tribunal de más de 14 horas.
Para los otros tres acusados de "actos contra la seguridad del Estado, en relación con el delito de sedición", Pedriz pidió cinco años de cárcel. Se trata de Félix Bonne Carcases, Beatriz Roque y René González Manzano.
La ley contempla un castigo de hasta ocho años de prisión por el delito que se atribuye a los cuatro disidentes, según se precisó en el comunicado oficial.
La audiencia se cumplió a puertas cerradas y entre fuertes medidas de seguridad. La fiscal vinculó a los procesados con la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba.
Los cuatro procesados fueron detenidos en julio de 1997, tras divulgar dentro y fuera de la isla un documento titulado "La Patria es de Todos", en respuesta a la resolución política presentada al quinto congreso del gobernante Partido Comunista (PCC), realizado en octubre de aquel año.
La resolución presentada al quinto congreso se tituló "El Partido de la unidad, la democracia y los derechos humanos que defendemos".
El texto de los disidentes puso en duda el apoyo popular al informe del PCC y exigió el pluripartidismo, ausente en el régimen socialista cubano.
Pedriz basó su acusación, según el comunicado oficial, en que las actividades y acciones de los procesados violaron e incitaron a violar las leyes y disposiciones del Estado.
Los cuatro disidentes están acusados de intentar disuadir la inversión extranjera en Cuba. La fiscal afirmó también que el grupo promovía y orientaba a la ciudadanía contra el voto en las elecciones, en coincidencia con la campaña de Estados Unidos en esta materia.
En su exposición, de alrededor de dos horas, Pedriz dijo que los acusados recibieron apoyo financiero y material de organizaciones radicadas en territorio estadounidense para realizar sus actividades opositoras.
El informe oficial explicó que el tribunal tiene un plazo de hasta 12 días hábiles a partir del martes para hacer públicas sus conclusiones. Una vez dictada la sentencia, la defensa tiene un margen de 72 horas para apelarla.
El juicio, al cual tuvieron acceso familiares de los procesados, se llevó a cabo en un tribunal provincial ubicado en el populoso barrio de Marianao, en el sector oeste de La Habana.
El jefe de la oficina de intereses de Estados Unidos, Michael Kozak, y representantes oficiales de otros nueve países que pretendieron ingresar al recinto judicial fueron notificados por las autoridades que la audiencia no estaba abierto al cuerpo diplomático ni a la prensa extranjera.
En breves declaraciones a medios de prensa acreditados, Kozak dijo el lunes pasado haber acudido al lugar en solidaridad con los procesados, a quienes calificó de "buenas personas", y negó que los opositores cubanos sean creación de su país.
Kozac fue uno de los primeros diplomáticos que llegaron a las cercanías del tribunal, donde se congregaron también representantes de Alemania, Canadá, España, Gran Bretaña, Polonia, República Checa, Suecia, Suiza y Sudáfrica.
El proceso contra "los cuatro" fue la primera instancia judicial por delitos contra la seguridad interior del Estado que se realiza luego de promulgada la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Este nuevo cuerpo legal, aprobado por el parlamento el 16 de febrero junto a modificaciones del Código Penal, tipifica como delitos aquellas acciones que favorezcan la aplicación del bloqueo de Estados Unidos y otros actos hostiles contra la isla.
El papa Juan Pablo II y el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, además de otras altas personalidades que visitaron Cuba en 1998, solicitaron infructuosamente la liberación del grupo encabezado por Roca, que es hijo del ya fallecido Blas Roca, fundador del Partido Comunista. (FIN/IPS/pg/ff/ip hd/99
