El asesinato de tres activistas estadunidenses dejó en evidencia que la guerra civil en Colombia entró en una fase de internacionalización, algo que los bandos en pugna intentarán manejar cada uno a su favor, advierten expertos.
Mientras, organizaciones de derechos humanos alertaron que el cariz que está tomando el conflicto justificaría la presencia de una veeduría externa.
Los cuerpos de los estadounidenses Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay fueron encontrados el viernes en territorio venezolano, a 30 metros de la frontera con Colombia.
Las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron en la semana que concluye que integrantes de la organización eran responsables de los asesinatos, hecho que habían negado a pesar de la insistencia del ejército colombiano y del gobierno de Estados Unidos en tal sentido.
Freitas, Washinawatok y Gay habían sido invitados por la comunidad u'wa para participar en Colombia en un proyecto de educación y cultura tradicional, y fueron secuestrados por un comando de las FARC el 25 de febrero.
Las FARC, en principio, negaron la autoría del crimen, al que calificaron de "grave error", y señalaron como responsables del hecho a "enemigos del proceso de paz", pero luego admitieron la responsabilidad de un grupo perteneciente a la organización.
Ana Bernal, directora de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz) que integran cerca de 30 organizaciones no gubernamentales, dijo a IPS que el crimen deja en evidencia la necesidad de crear una veeduría internacional que "ayude a clarificar" estas situaciones.
Bernal consideró que "sea quien hubiera sido el autor, se trató de un crimen atroz, condenable y sin justificación", que indica que el conflicto armado ha traspasado las fronteras nacionales.
Además de que las víctimas son ciudadanos de un país cuyo gobierno ha manifestado interés en apoyar el proceso de paz que conduce el presidente Andrés Pastrana, el crimen se cometió en territorio de Venezuela, lo que fue calificado por ese país de "acto de provocación de origen incierto".
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, José Vicente Rangel, dijo que la "provocación" se dirigió a Estados Unidos y a su gobierno.
Los tres estadounidenses apoyaban a los indígenas u'wa, que mantienen un conflicto con la multinacional Occidental Petroleum (Oxy) por un proyecto petrolero que va contra sus crencias y su cultura.
Los 5.000 integrantes de la comunidad u'wa han amenazado con un suicidio en masa si Oxy desarrolla un proyecto de explotación de petróleo en sus tierras, ubicadas en el noreste colombiano.
El gobierno estadounidense anunció que pedirá la extradición de los asesinos, pero las FARC afirmaron que no los entregará, pues serán sometidos a los organismos disciplinarios internos.
El comisionado presidencial para la Paz, Víctor Ricardo, dijo que esperará que finalice la investigación anunciada por las FARC sobre los hechos, y pidió a Estados Unidos que si tiene pruebas sobre la responsabilidad de la guerrilla que las entregue a las autoridades colombianas.
Para el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, el crimen de los activistas estadounidenses se suma al secuestro de decenas de extranjeros por parte de la guerrilla y a "la utilización de territorios vecinos para impulsar o resguardarse de las incidencias de la guerra".
Perú y Ecuador se han manifestado este año afectados por la insurgencia en sus fronteras con Colombia, por lo que reforzaron la vigilancia militar en esas zonas.
En opinión de Pardo, asesor de la campaña presidencial de Pastrana, el asesinato de los estadounidenses debe servir para que se piense en invitar a "un grupo de observación permanente" integrado por los paises amigos del proceso de paz. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/99
