El defensor del pueblo Julio Ardila responsabilizó al gobierno colombiano por el asesinato de ocho personas el 28 de febrero en la nororiental localidad de Barrancabermeja, perpetrado sólo dos días después de conocerse el más duro informe estadounidense sobre violación a los derechos humanos en este país.
Ardila, defensor del pueblo en Barrancabermeja, afirmó que había alertado al gobierno central sobre una posible incursión de paramilitares de derecha, pero no se tomaron medidas suficientes para prevenir la acción.
El defensor del pueblo señaló que la matanza del domingo pasado se asemeja a la ocurrida el 16 de mayo, cuando más de 50 paramilitares entraron a Barrancabermeja, dieron muerte a siete personas y se llevaron como rehenes a otras 25 que, según informaron luego en un comunicado, tanbién fueron asesinadas.
Las autoridades locales informaron que 10 hombres con la cara cubierta y armados de fusiles llegaron al barrio Provivienda, en el sector nororiental de la ciudad, donde se realizaba una jornada de estímulo del uso de la bicicleta cono medio de transporte, y cometieron la matanza.
Testigos de los hecho aseguraron haber identificado a dos acantes como "el Panadero" y "el Premio", miembros de un grupo paramilitar que opera en la zona.
El asesinato rompió la calma que persistía desde hace ocho meses en Barrancabermeja, un puerto petrolero marcado por la acción de paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció el 26 de febrero a los paramilitares como culpables de la mayoría de las matanzas perpetradas el año pasado en Colombia.
La radioemisora Caracol afirmó el lunes que los paramilitares también asesinaron a cuatro campesinos en la norteña localidad de Fonseca.
Para Jaime Zuluaga, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la estatal Universidad Nacional, los ataques son un llamado a la reflexión sobre el informe del Departamento de Estado.
Zuluaga dijo a IPS que el informe del gobierno estadounidense coincide con investigaciones realizadas en Colombia, de las que concluye que los paramilitares son "el principal factor violador de los derechos humanos" en el país.
El Departamento de Estado en el informe divulgado el pasado viernes en Washington responsabilizó a los paramilitares de 573 asesinatos en 1998, a la guerrilla de 160 y a miembros de las Fuerzas Armadas de 21.
El documento reconoce los avances de las Fuerzas Armadas, que bajaron de siete a cinco por ciento su participación en esos delitos, pero indica que, aún así, siguen existiendo vínculos entre militares y los grupos paramilitares de derecha.
Luis Velazco, de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, acusó a las organizaciones armadas de "la violación permanente de los derechos humanos".
En su opinión, el informe estadounidense comprueba una realidad "dura y violenta", que requiere una política de Esrado de protección de los derechos básicos.
La falta de esa política ha sido señalada también por la Defensoría del Pueblo y por portavoces de la comunidad internacional.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó en febrero al gobierno la captura y enjuiciamiento de los paramilitares, que entre el 7 y el 12 de ese mes mataron a 137 personas en cinco departamentos.
Así mismo, las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suspndieron el diálogo con el gobierno hasta el 20 de abril, para cuando esperan "medidas concretas contra el paramilitarismo".
Las bandas paramilitares, que cuentan con cerca de 5.000 hombres armados, fueron creadas a principios de los años 80 como grupos de autodefensa por hacendados y comerciantes con apoyo del Ejército, para combatir a los guerrilleros.
El gobierno las declaró ilegales en 1989, debido a que mantenían vínculos con el narcotráfico y se habían lanzado al asesinato de activistas sociales y dirigentes de izquierda a quienes consideraban asociados con la guerrilla. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/99
