El fallo judicial que absolvió a tres jugadores de fútbol profesional involucrados en una riña durante un partido "de alto riesgo", abrió en Chile una polémica sobre los alcances de la Ley de Violencia en los Estadios.
La revocatoria el martes pasado de los autos de procesamiento de los jugadores Marco Villaseca, de Colo-Colo, y Ricardo Rojas y Luis Musrri, de Universidad de Chile, resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago, fue calificada por medios de prensa como un acto de impunidad.
El argumento para absolver a los tres protagonistas del enfrentamiento a golpes que tuvo lugar el 7 de febrero en el Estadio Nacional, fue que la ley, en vigencia desde 1994, se hizo para ser aplicada a los hinchas y no a los jugadores.
Colo-Colo y Universidad de Chile son los dos equipos de fútbol profesional más populares del país y sus seguidores más fanáticos se agrupan en dos "barras bravas": la "Garra Blanca" colocolina y "Los de Abajo" de los universitarios.
En el cotejo de febrero, por un campeonato extraordinario de verano, se produjo una gresca a golpes entre los jugadores, profusamente cubierta por la televisión y la prensa, que mostró en primeros planos el rosto ensangrentado de Villaseca.
La Intendencia (gobierno regional) Metropolitana presentó una querella judicial contra "quienes resulten responsables" de los incidentes y la jueza Amanda Valdovinos, de un Juzgado del Crimen, dispuso el procesamiento de los tres jugadores.
La Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los jueces Milton Juica y Juan Araya, y la abogada Sonia Araneda, absolvió sin embargo a los tres futbolistas por unanimidad, o por "goleada", según comentó la prensa.
Un primer factor de duda sobre el fallo se planteó a partir del hecho de que Juica y Araya, conocidos hinchas respectivamente de Universidad de Chile y Colo-Colo, son también asesores jurídicos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).
El argumento de que la ley rige sólo para los espectadores fue a su vez cuestionado por parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda y la oposición derechista que tuvieron un papel destacado en la redacción de la normativa.
En los fundamentos del fallo, conocidos este miércoles, se citan actas del debate parlamentario en que se habría reafirmado el criterio de que la ley fue concebida para poner término a los actos de violencia provocados por las "barras bravas".
Los magistrados consideraron que los fútbolistas profesionales están sometidos a los fallos del Tribunal de Penalidades de la ANFP por sus actos durante los partidos, y por tanto no correspondería procesarlos en la justicia ordinaria.
El abogado de la Intendencia, Héctor Torres, sostuvo que Juica y Araya debieron inhabilitarse y no integrar la sala de la Corte de Apelaciones que trató el tema por su afición a los clubes implicados y sus vínculos con la ANFP.
El presidente del Tribunal de Penalidades de la ANFP refutó a Torres, indicando que ambos jueces realizan sólo labores de asesoría en el organismo rector del fútbol profesional que, además, no estaba implicado como tal en el proceso.
Lo cierto es que la ANFP pudo hacerse parte en el juicio que abrió la jueza Valdovinos, pero se abstuvo de dar ese paso por resolución de su directiva, en la cual pesó la influencia de los dos clubes más populares del país.
El panorama se complica aún más si se considera que Mario Mosquera, presidente de la ANFP, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es también abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El diputado Alberto Espina, presidente del derechista Partido Renovación Nacional, uno de los promotores de la Ley de Violencia en los Estadios, refutó a los jueces y sostuvo que, según la normativa, "todo acto de agresión en la cancha debe ser sancionado".
Espina sostuvo que la ley no establece "privilegios" para los jugadores, y no es ineficaz, sino que las fallas radican en las interpretaciones que hacen los jueces al aplicarla.
El senador Jorge Pizarro, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano sostuvo en cambio que la normativa requiere de una serie de reformas, que se han planteado al gobierno para que las presente al Parlamento.
Pizarro propuso ampliar los medios de prueba para tipificar los delitos de violencia, con filmaciones, informes de prensa y testimonios gráficos y orales, y señaló que los tribunales y la policía optan a menudo por aplicar otras leyes en los estadios, relativa a desórdenes y consumo de alcohol en vías públicas.
La polémica por la ley sobre violencia en los espectáculos deportivos se mantendrá en los próximos días, ya que este domingo volverán a enfrentarse Colo-Colo y Universidad de Chile en la segunda fecha del campeonato oficial de este año.
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