La corrupción y la violencia vuelven a destacarse en la política de Brasil, con escándalos y asesinatos en varias regiones del país y una red de extorsión en la ciudad de Sao Paulo.
El senador Iris Rezende, ex ministro de Justicia y de Agricultura, es la figura más conocida entre quienes aparecen involucrados en escándalos.
Cinco millones de reales (4.200 millones de dólares en la época) fueron desviados del Banco del Estado de Goiás, en octubre, para financiar la campaña electoral de Rezende, según denuncias acogidas por la justicia.
Otoniel Machado Rezende, hermano del ex ministro y suplente en el Senado, fue detenido hace diez dias como el principal autor del delito. Otoniel fue coordinador de la campaña política de Rezende por la gobernación de Goiás, un estado del centro-oeste del país que éste ya había administrado en dos periodos.
El senador, jefe político casi absoluto en Goiás por dos décadas, fué derrotado en octubre por Marconi Perillo, un recién llegado a la política. Sin ese vuelco inesperado, probablemente no se habría descubierto el caso, ocurrido en un banco del gobierno estadual.
En Sao Paulo, la detención el 2 de diciembre de un inspector de la alcaldía, Marco Zeppini, que exigia el pago de 25.000 dólares para "legalizar" un establecimiento comercial irregular, dio lugar a una ola de denuncias que desveló una red de corrupción en la administración municipal.
Dos concejales fueron señalados como cabecillas de la "mafia de los inspectores". Una comisión creada por el concejo municipal investiga el caso desde el viernes.
La justicia dispuso enviar a prisión a Vicente Viscome, concejal del Partido Progresista Brasileño (PPB), gobernante en Sao Paulo. Pero el acusado desapareció "para no sufrir la verguenza de ser arrestado", según dijo su abogado, José Guilherme Raimundo.
Otro acusado de integrar la red mafiosa, Hanna Gharib, del mismo partido, dejó el concejo municipal para ser investido el lunes pasado como diputado estadual, un mandato que ganó en las elecciones de octubre y que le asegura inmunidad penal.
En total, seis concejales fueron denunciados como miembros de la red de extorsión.
Viscome tuvo peor suerte que Gharib, porque su propia asesora y amante, Tania de Paula, prestó testimonio contra él, estimulada por la promesa judicial de reducir su condena si colabora con la investigación.
De Paula se encargaba de recoger el producto de la extorsión a los comerciantes, que alcanzaba hasta 50.000 reales (cerca de 40.000 dólares de entonces) por mes, de acuerdo con la confesión de la asesora.
Los 11 años de prisión por asociación delictiva que la ley contempla para el delito del que es acusada De Paula pueden reducirse a un tercio.
Un total de 67 funcionarios municipales fueron despedidos y 30 detenidos hasta mediados de mes, por la acción judicial.
Muchos eran empleados de confianza del alcalde Celso Pitta y actuaban en algunas de las 27 administraciones regionales en que se descentralizan algunas actividades de la gestión municipal de Sao Paulo.
La policía cacluló en un millón de reales (830.000 dólares antes de la cadena de devaluaciones comenzada el 13 de enero) por mes los ingresos ilegales que obtenía la organización paralela montada en el concejo municipal de Sao Paulo.
. Viscome declaró oficialmente poseer una fortuna de 16,5 millones de reales (13,7 millones de dólares).
La policía y el Ministerio Público (fiscalía) recibieron más de 700 denuncias anónimas sobre extorsiones de la "mafia", a través de una línea telefónica especial habilitada con ese fin.
El inspector Clovis de Araujo, que acusó al concejal Viscome de formar parte de la "mafia", escapó herido de un atentado a balazos el 21 de febrero. Y también hubo atentados contra dos vendedores callejeros que denunciaron a Gharib.
Este año empezó con el país aún traumatizado por el asesinato en vísperas de Navidad de la diputada electa Ceci Cunha y de su esposo y dos familiares.
La matanza tuvo lugar en Maceió, capital de Alagoas, estado conocido por frecuentes asesinatos políticos y donde inició su carrera política el ex presidente Fernando Collor de Mello, que gobern el país de 1990 a 1992 y se convirtió en símbolo de la corrupción.
Las sospechas por el asesinato de Cunha recayeron sobre el diputado Talvane Albuquerque, elegido suplente en octubre. Su presencia en la Cámara de Diputados, en Brasilia, dependía de la renuncia o muerte de algún titular.
A ese supuesto motivo se agregó una escucha telefónica en que Albuquerque parecía negociar con un pistolero conocido en Alagoas el asesinato de algún poltico. Albuquerque, sin embargo, fue investido diputado y la policía consideró insuficiente la evidencia en su contra.
Los diputados nacionales conviven con otra presencia molesta, Hildebrando Pascoal, acusado de participar en un "escuadrón de la muerte" que habra asesinado a cerca de 30 personas en el estado amazónico de Acre.
Esos casos fortalecieron el movimiento por una reforma constitucional para poner límites a la inmunidad parlamentaria, un instituto que pone fuera del alcance de la justicia a legisladores sospechosos de crímenes comunes. (FIN/IPS/mo/ff/ip/99
