Los 120.000 explosivos sin detonar diseminados en los polígonos de tiro que posee Estados Unidos en el área del canal de Panamá complican el conflicto que mantienen ambos países sobre la descontaminación de esos sitios antes del 2000.
Expertos, funcionarios y políticos de Estados Unidos y Panamá se reunieron en la semana que concluye en esta capital convocados por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), para debatir en torno al tema.
Hasta inicios de 1998 Washington no había admitido la gravedad del asunto, ni la forma y el tiempo en que iba a cumplir los compromisos adquiridos en los tratados canaleros de 1977 para el saneamiento de sus polígonos y bases militares antes de su retiro de Panamá el 31 de diciembre de 1999.
John Lindsay Poland, director de la no gubernamental organización Fellowships of Reconciliations de Estados Unidos, denunció que los planes de Washington son dejar sin descontaminar al menos 3.700 hectáreas saturadas de explosivos sin detonar en tres polígonos ubicados en las riberas del canal.
Se trata de las áreas de impacto localizadas en Nuevo Emperador, Piña y Balboa Oeste, usados por el ejército de Estados Unidos para sus juegos de guerra y experimentos con armas y municiones durante más de 85 años.
Lindsay Poland afirmó que sólo en esos tres sitios el ejército de Estados Unidos reconoce la existencia de unas 120.000 municiones de mediano poder sin detonar.
Alrededor de los polígonos saturados de explosivos en Piña, Balboa Oeste y Nuevo Emperador residen alrededor de 60.000 panameños.
En los últimos 20 años han muerto 21 personas a causa de explosiones accidentales en esos lugares.
Poland recordó que en Filipinas han pasado ocho años desde el retiro de las bases de Subic Bay y Clark sin que Estados Unidos haya sacado los elementos contaminantes que dejó en esos dos antiguos enclaves militares.
Pese a que en los tratados canaleros de 1977 hay una cláusula que obliga a Washington a limpiar "hasta donde sea viable" las bases y polígonos de tiro en Panamá, "Estados Unidos trata de eludir ese compromiso", subrayó Poland.
Advirtió que en Estados Unidos existen personas, que no identificó, que "están proponiendo que se queden militares (luego del 31 de diciembre de 1999) para limpiar las bases".
"Lo que quieren en el fondo es mantener la presencia militar en Panamá", señaló.
El ex teniente coronel del ejército de Panamá y actual secretario general de la cancillería Daniel Delgado afirmó por su parte que "el proceso de traspaso del canal (a la jurisdicción de este país) es irreversible (y) no habrá presencia militar extranjera en Panamá luego del 31 de diciembre de 1999".
En cuanto al saneamiento de los polígonos y bases militares, el funcionario recordó que Estados Unidos utilizó los sitios cedidos por Panamá para la defensa y protección de canal "para fines distintos a ese propósito y tiene que limpiarlos antes de irse".
Delgado informó que Estados Unidos aduce ahora que la limpieza a fondo puede afectar el medio ambiente dentro de los polígonos, "pero por 85 años se pasaron tirando bombas a las 14 especies en vías de extinción que ahora afirman querer proteger".
Gran parte de los sitios utilizados como polígonos de tiro por el ejército de Estados Unidos en las riberas del canal están cubiertos por bosques tropicales donde reside una enorme variedad de especies animales y vegetales.
Delgado informó que hasta ahora Estados Unidos ha presentado dos planes para el saneamiento de los polígonos de tiro que no han sido aceptados por Panamá porque "no se ajustan a lo pactado".
Tras indicar que Washington "tiene la obligación de remover todo lo que está contaminado" y de que su responsabilidad no termina el 31 de diciembre de 1999, Delgado advirtió que los estándares de descontaminación "no deben ser inferiores a los que se exigen para Estados Unidos".
Adelantó que Panamá "va a rechazar" el traspaso de los polígonos, bases militares y otras áreas usadas por el ejército de Estados Unidos que no hayan sido saneadas según lo pactado.
El ex presidente de Panamá Jorge Illueca indicó en tanto que "la descontaminación es una responsabilidad del gobierno de Estados Unidos", pero que el conflicto "debe resolverse mediante la cooperación" entre ambos países.
Illueca advirtió a Washington que "la justicia, el derecho y la moral están de parte de Panamá", pero responsabilizó al gobierno de este país de tener una actitud "complaciente" ante las violaciones que comete Washington contra los tratados de 1977.
"Tenemos que llegar a la conclusión de que hay un gobierno complaciente, un gobierno displicente y que no hace frente a sus responsabilidades", indicó Illueca al evaluar los pasos que a dado Panamá para obligar a Estados Unidos a cumplir lo pactado.
El jurista y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Juan Materno Vázquez advirtió por su lado que además del problema del saneamiento de los polígonos y bases militares, Estados Unidos pretende seguir tutelando las operaciones del canal a través del Pacto de Neutralidad suscrito con Panamá en 1978.
Vázquez indicó que la enmienda De Concini, introducida en forma unilateral por el Congreso estadounidense, interpretó de manera muy particular dicho tratado y "autoriza al gobierno de Estados Unidos a usar fuerzas militares en Panamá luego del 31 de diciembre de 1999 para garantizar el funcionamiento del canal". (FIN/IPS/sh/dg/ip-en/99
