El sector agrario de Bolivia habrá perdido unos 43 millones de dólares por los daños provocados por lluvias, riadas, granizadas y sequías de julio de 1998 a junio próximo, uno de los peores años de la historia de este país.
Los desastres naturales castigaron este año al área rural de Bolivia y arrasaron con 146.644 hectáreas de cultivos, entre ellos arroz, maíz, algodón, soja, frutales y hortalizas.
Un balance del Ministerio de Agricultura señala que los perjuicios alcanzan a 55.850 hectáreas de arroz que provocarán una pérdida de 17 millones de dólares, 20.250 de maíz (3,3 millones de dólares), 77.800 de soja (18 millones de dólares) y 3.900 de algodón (2,3 millones de dólares).
El departamento más castigado es Santa Cruz, el de mayor riqueza agroindustrial, en el este del país, con 145.160 hectáreas afectadas principalmente por la sequía, seguido por Tarija, en el sur, donde las lluvias anegaron 1.071 hectáreas de vid, maíz, papa, hortalizas y frutales.
En Cochabamba, en el centro del país, 915 hectáreas de cultivos de maíz, papa, frutales y hortalizas fueron prácticamente destruidas por la sequía y las riadas.
Los agricultores de Santa Cruz, donde las pérdidas totales suman cerca de 41 millones de dólares, pidieron al gobierno un fondo de 150 millones de dólares para la reactivación agropecuaria de esa región.
Ese apoyo y una reprogramación de las deudas de corto plazo contraídas por los productores para transformarlas a mediano y largo plazo son las únicas salidas que ven los agricultores de la región.
"Es necesario que el sistema bancario se acomode a un flujo de caja para el cobro de las deudas del sector agropecuario de acuerdo a la rentabilidad de las próximas cosechas", declaró a la prensa de Santa Cruz el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Luis Núñez Ribera.
El endeudamiento de los empresarios agroindustriales de Santa Cruz alcanza a 535 millones de dólares, de los cuales unos 440 millones corresponden a la banca privada, 60 millones a los proveedores de insumos y 35 millones a la industria.
La CAO también exige al gobierno que controle el contrabando de azúcar y ganado, que afecta a los empresarios agropecuarios del este por la competencia de los productos brasileños que ingresan a Bolivia por efecto de la devaluación del real.
Los empresarios agroindustriales pretenden que el gobierno ordene la inmediata movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia las fronteras, a fin de reforzar la tarea de la Aduana y los organismos especializados en la lucha contra el contrabando.
Las autoridades del gobierno descartaron, en principio, la posibilidad de conformar un fondo de reactivación agropecuaria con 150 millones de dólares por las limitaciones financieras del Estado, pero comprometieron un apoyo de 45 millones de dólares.
El viceministro de Presupuesto, Ramiro Cavero, dijo que el gobierno no tiene los recursos que pide la CAO, y en cuanto a la reprogramación de las deudas opinó que ese tema deben resolverlo los productores y la banca privada.
No comparten ese criterio algunas organizaciones no gubernamentales, que advierten que si el gobierno no elabora una estrategia de apoyo al sector productivo, la economía boliviana podría sufrir una peligrosa desaceleración.
La investigadora Carolina Pinto, del no gubernamental Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral, advirtió que la caída de la producción agropecuaria afectará a la industria, el comercio, la banca y el empleo.
Según cifras oficiales, el sector agrícola representa el 15 por ciento del producto interno bruto boliviano y el 39 por ciento de las exportaciones totales de este país.
Los exportadores de Santa Cruz advirtieron que la crisis del sector agropecuario tendrá efectos colaterales en la economía boliviana.
Juan Manuel Arias, gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, aseguró que la disminución de los rendimientos del sector agrícola provocarán un desabastecimiento de insumos para la industria nacional y, por tanto, una caída de la exportación. (FIN/IPS/ac/ag/if/99
