Los bajos precios del oro en el mercado mundial provocaron el cierre temporal de la conflictiva mina Santa Rosa, de Panamá, acusada en varias ocasiones de contaminar con químicos los ríos de la occidental provincia de Veraguas.
En medio de protestas de los alrededor de 200 trabajadores de la Santa Rosa por supuestos despidos ilegales, el ministro de Comercio e Industrias, Raúl Hernández, confirmó la suspensión de operaciones de la mina "por la baja del precio del oro" en el mercado mundial.
"Ellos no van a seguir explotando o sacando el producto de las canteras (minas a cielo abierto), sino que van a procesar lo que ya está en reserva", aclaró el funcionario.
Según Hernández, la gerencia de la compañía minera de capitales mixtos de Panamá y Canadá adujo que "no puede seguir soportando los niveles de pérdidas actuales, por lo que ha decidido reducir la capacidad de producción de la mina a la mínima expresión".
Anteriormente habían cesado operaciones la mina el Remance, también ubicada en la provincia de Veraguas, la Cerro Petaquilla y la Cerro Quema, en las centrales de Coclé y Los Santos, respectivamente, debido a la caída en los precios de los metales.
El oro se cotizó esta semana en el mercado mundial a 285,55 dólares la onza, mientras que la plata lo hizo en 5,32 dólares la onza.
Portavoces de la Cámara Minera de Panamá aducen que para obtener una rentabilidad razonable de las explotaciones mineras el precio del oro en el mercado mundial debe estar por encima de los 300 dólares la onza.
Hasta 1997 Panamá obtenía divisas superiores a los 20 millones de dólares anuales por la exportación de oro y plata.
A inicios de 1996, cuando inició operaciones la mina Santa Rosa y se le otorgó una concesión a Cerro Quema, el precio del oro estaba por encima de los 400 dólares la onza.
Pero el cierre temporal de Santa Rosa se produjo en momentos de fuertes protestas de los pobladores cercanos a esas explotaciones mineras por la supuesta contaminación de sus fuentes de agua potable con químicos vertidos por las compañías.
Los ríos Corita y Santa María, de donde se extrae el agua potable para unas 350.000 personas de las provincias de Veraguas, Coclé y Herrera, resultaron contaminados dos veces entre julio y diciembre pasado a causa de derrames de cianuro ocurridos en las tinas de tratamiento del oro en la mina Santa Rosa.
La contaminación por ruido producido por explosivos usados para desprender la roca en las canteras de cielo abierto, nubes de polvo y las rajaduras en las paredes de las viviendas del poblado de Cañazas, cercano a la Santa Rosa, también forman parte de las quejas de los pobladores contra la compañía.
El Frente Nacional contra la Minería (FNM), integrado por cerca de 40 organizaciones populares, y un comité de residentes de Cañazas pidieron al gobierno que suspenda la explotación de la mina Santa Rosa y que se haga una investigación sobre las denuncias formuladas por los probladores del lugar.
La mina Cerro Quema había sido cerrada temporalmente por las autoridades a mediados de 1998 tras comprobarse la contaminación de los ríos y quebradas del área por el compuesto de cianuro utilizado para separar el oro de la roca y el vertido de combustible para quemar los pastizales cercanos a la obra.
Esta semana el Frente Santeño contra la Minería (FSM, una filial del FNM) denunció que los propietarios de la Cerro Quema planean la reactivación del proyecto pese a la suspensión que les impuso el gobierno y a la oposición de los vecinos.
Además, el gobierno habría otorgado 24.000 hectáreas de tierra a otra compañía minera para que realice exploraciones en esa misma zona, lo cual, a juicio del Frente Santeño contra la Minería, "atenta contra los intereses de la población del valle de Tonosí", al norte de la provincia de Los Santos.
El presidente del FSM, Secundino Jaén, advirtió que "las comunidades cercanas al proyecto Cerro Quema están en estado de alerta y no permitirán que la compañía intente introducir maquinaria al proyecto con la supuesta intención de hacer limpieza".
En los primeros meses de 1998 los alrededor de 5.000 habitantes de los poblados cercanos a Cerro Quema hicieron manifestaciones, bloquearon las carreteras y se enfrentaron con la policía.
La contaminación de los ríos y quebradas por parte de las compañías mineras puede provocar la ruina del hato ganadero y las explotaciones agrícolas existentes en el valle de Tonosi, que en conjunto cuentan con una inversión superior a los 300 millones de dólares, indicó Jaen.
"Si tenemos que dar la vida por defender a nuestras familias y nuestro derecho a vivir en un lugar sano y libre de contaminación lo vamos ha hacer con todo gusto", advirtió. (FIN/IPS/sh/dg/if-lb- en/99)
