La oposición de Argentina se vio arrastrada rumbo a la ilegalidad por el presidente Carlos Menem, quien aceptó el desafío lanzado por sus propios adversarios de plebiscitar la posibilidad de ser reelecto por segunda vez consecutiva.
En la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la Alianza de oposición, se realizará una consulta no vinculante en tal sentido el día 28. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Eduardo Duhalde, rival de Menem en el justicialismo, la haría más tarde, y su resultado podría tener carácter normativo.
Encuestadores, juristas, intelectuales y analistas políticos consideraron "ridícula" e "irracional" la propuesta opositora de una consulta popular acerca de una segunda reelección presidencial consecutiva, posibilidad prohibida por la Constitución.
Duhalde, enfrentado con Menem por el liderazgo del partido, amenazó incluso con retirarse de la puja si Menem gana el plebiscito, un gesto que supone que la consulta podría tener más peso político que la ley suprema de la Nación.
El escritor Marcos Aguinis advirtió que la oposición "perdió la brújula". "Se contaminaron y ahora incluso los más lúcidos sectores de la oposición cayeron en la trampa de prestarse al juego para forzar impúdicamente la ley", objetó.
La idea surgió el sábado en altas esferas de la Alianza para frenar la amenaza presidencial de postularse en las elecciones internas del Partido Justicialista el 9 de mayo, pese a que la Constitución le prohíbe a Menem competir para una tercera presidencia consecutiva.
La Alianza, nacida de la fusión entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario, basó su decisión en la certeza de que 75 por ciento de los votantes encuestados por Mora y Araujo y otras consultoras rechazan la idea de una nueva reelección.
Sin embargo, con la aceptación de Menem del nuevo reto, la iniciativa opositora, nacida como un freno, se transformó en un nuevo aval al presidente. Ahora Menem exige que el plebiscito se haga, y desafía a que sea vinculante.
La encuestadora Graciela Romer sostuvo que la idea es de una "irracionalidad absoluta" porque un plebiscito debe ser un instrumento para dirimir asuntos de interés público que están en fuerte debate y en los que se manifiestan posiciones balanceadas.
Pero en este caso, recordó, la reelección no es un asunto de interés popular, y las posiciones en debate tampoco están parejas, ya que 75 por ciento de los encuestados están contra el proyecto. "La situación es muy diferente a la de 1994", aclaró.
Ese año hubo una reforma constitucional para incluir la cláusula de la reelección por un solo período. Entonces, dijo, la reforma y la reelección tenían consenso y, de hecho, Menem ganó las elecciones de 1995.
En Argentina, la consulta popular es un instrumento previsto en la Constitución, pero para que sea vinculante (que su resultado tenga carácter de norma) se requiere que el Congreso legislativo reglamente la consulta. Si no es vinculante, técnicamente no tiene más valor que una encuesta.
Las emisoras de radio y televisión dan cuenta de forma permanente del rechazo público al debate por la reelección. Desde el comienzo de la semana, ese rechazo se extendió a los dirigentes de la Alianza, hasta ahora favorita para ganar las elecciones de octubre.
Ahora, la idea de un tercer mandato no tiene respaldo, pero la insistencia de Menem, sumada al aval que le dio un juez federal para que participe en las elecciones internas del Partido Justicialista el 9 de mayo enfrentándose a Duhalde, decidió a la Alianza.
"Detrás de esta idea hay dos lógicas que en este momento están en contradicción. Una es la lógica de la puja por el poder político, y la otra es la lógica del sostenimiento de la institucionalidad del país", alertó Romer, socióloga y encuestadora.
El analista político y jurista Mariano Grondona sostuvo que, al intentar responder a Menem, la oposición "comete otro error" porque incurre en una nueva violación de la Constitución al convocar a una consulta por la reelección.
Preguntarle a la gente sentaría un mal precedente, opinó Grondona. "Una mayoría circunstancial puede proponer en un futuro un plebiscito para saber si la ciudadanía quiere o no que se violen los derechos humanos", advirtió.
El propio Menem, al aceptar el plebiscito, declaró: "¿Van a reformar la Constitución? En ese caso, voy a tener que ser candidato a presidente el 24 de octubre". No obstante, hasta ahora no se lanzó abiertamente, impedido por la ley.
"En Argentina hay una desorientación general respecto de las normas. Los dirigentes hacen de las normas el objeto de la lucha política", señaló Grondona.
El sociólogo Torcuato Di Tella también consideró que el plebiscito es "una farsa", aunque lo justificó como respuesta inevitable a la insistencia de Menem, a pesar de que confió en que el presidente ya no tiene popularidad como para ganar.
Grondona calificó a Menem de "astuto" y "audaz" y consideró que su apuesta demuestra que el presidente es "infinitamente más capaz políticamente que sus competidores" independientemente de su propia opinión política.
La aceptación de Menem de llamar a un plebiscito nacional y vinculante no sólo encolumna a todo el arco político tras de sí hacia un callejón sin salida, sino que provocó grietas dentro de la Alianza, que debate la legalidad de la iniciativa.
Dirigentes de la Unión Cívica Radical denunciaron que la idea de Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza que ellos mismos integran, fue equivocada porque permite consultar a la ciudadanía sobre un hecho que sería inconstitucional.
De la Rúa está primero en las encuestas para las elecciones presidenciales del 24 de octubre, pero este llamado a una consulta para el 28 de este mes, realizada de apuro y bajo la presión presidencial, podría tener un alto costo político.
"Carlos Menem se siente el centro del sistema solar: consiguió que gire a su alrededor la mayor constelación política que haya podido imaginar ningún dirigente en Argentina", señaló este miércoles Graciela Guadalupe, del diario La Nación.
"Hoy, sus más fieles laderos, los justicialistas críticos y los opositores bailan la música que Menem quiere oir. Los ha arrastrado al punto de obligarlos a debatir el mecanismo por el que pretende legalizar la ilegalidad", lamentó Guadalupe. (FIN/IPS/mv/mj/ip/99
