La política energética impulsada en América Latina por los organismos financieros multilaterales no prioriza en sus proyectos los aspectos sociales y ambientales, pese a que éstos son parte fundamental de los procesos de privatización que apoyan.
La advertencia surgió de un estudio realizado en los últimos dos años por el Instituto del Tercer Mundo con el fin de analizar si las políticas y los préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se inscriben en un modelo de sustentabilidad ambiental y equidad social.
El estudio, divulgado esta semana en Uruguay, se realizó con el aporte de expertos del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente de Brasil, de la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo de Colombia, del Equipo Pueblo de México y del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Uruguay.
El trabajo global de evaluación fue realizado por el economista Luis Stolovich y el ambientalista Ricardo Carrere, ambos uruguayos.
En los últimos años, tanto el Banco Mundial como el BID se transformaron en los principales impulsores de cambios de las políticas energéticas de la región, dice el estudio.
Los cambios básicos que impulsan apuntan a la privatización de las empresas estatales, la eliminación de monopolios, la fragmentación de las cadenas energéticas, la libre competencia de los mercados y la integración energética regional, entre otros.
A partir de 1996 el sector de energía pasó a ser el principal objeto de las privatizaciónes de la región, concentrando el mayor volumen de las operaciones con transacciones por 6.700 millones de dólares.
En 1997 se concretaron en América Latina proyectos de privatización por más de 15.700 millones de dólares, lo que representó un récord histórico desde el inicio del proceso a fines de la década de los 80.
Del total proyectado para la privatización de empresas estatales en la región, casi 50 por ciento correspondió al sector energético.
Una de las principales reestructuras energéticas en América Latina, y en particular en algunas subregiones, fue el avance de la integración regional en este terreno,
Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son los que más han profundizado su integración energética a través de una red de gasoductos y líneas de transmisión eléctrica interconectadas, así como mediante el uso de grandes represas binacionales.
El Cono Sur de América está siendo atravesado por una vasta red de gasoductos con origen en los grandes yacimientos de gas natural (Argentina y Bolivia), con destino a los países deficitarios (Brasil, Chile y Uruguay).
El estudio destacó que el proceso de reforma energética modificó radicalmente el mapa empresarial de la región al desaparecer muchas de las antiguas empresas estatales.
En ese espacio se ubicó "un pequeño grupo de empresas trasnacionales que pasaron a controlar las etapas fundamentales de la energía, frecuentemente en condiciones oligopólicas o monopólicas".
Agregó que las políticas de desarrollo de fuentes energéticas se han orientado, en lo fundamental, a aprovechar los recursos naturales "existentes en abundancia y baratos", mediante la explotación intensiva, "antes que promover el ahorro y el uso eficiente de la energía".
Para el Banco Mundial y el BID el gran beneficiario de los cambios es, en abstracto, el consumidor, sin diferenciarlo por clases o grupos sociales, pero este "es un tema polémico", dice el estudio.
"No se crearon ni los mecanismos ni las prácticas que pudieran ponerle límites reales a los abusos de las empresas privadas de energía" y "frecuentemente los sistemas instaurados no estimulan a las empresas para que destinen gastos para mejorar la atención de los clientes", afirma el análisis.
Las reformas dejaron de lado la participación de la sociedad civil y de los consumidorese con relación a la planificación y al control del sector energético, añade.
Por otra parte sostiene que "no se avanzó seriamente" hacia el uso de fuentes de energía limpias y renovables.
De acuerdo con el estudio, en el "discurso oficial" de las agencias multilaterales de desarrollo se plantea preocupación y exigencias con relación al medio ambiente, a la eficiencia energética y a la equidad social, "pero en la realidad las prioridades parecen estar en otro lado".
A juicio de los analistas, los emprendimientos que procuran utilizar ese tipo de fuentes "son casos aislados y marginales en el conjunto de la producción eléctrica" y en algunos casos "hasta parecen iniciativas testimoniales, como para decir que algo se está haciendo".
"Si se está promoviendo el gas natural, que es contaminante aunque menos que otras fuentes más usadas tradicionalmente como el petróleo, las motivaciones reales son de tipo económico (reducir costos de energía) y no reflejan verdaderamente una preocupación ambientalista de sus promotores, aunque la misma esté presente en sus discursos", afirmaron.
De acuerdo con el análisis, la política energética del Banco Mundial y el BID incluye consideraciones sociales, ambientales y de conservación y eficiencia pero "en la práctica no les da prioridad y, de hecho, sus líneas estrategicas en buena medida se contraponen con esas consideraciones". (FIN/IPS/rr/dg/if-en/99
