Delegaciones de América Latina que asistirán a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en París presionan para que la institución financiera cancele las deudas multilaterales de los países pobres de la región.
Las delegaciones también pretenden que el BID consulte a representantes de la sociedad civil con respecto a sus proyectos.
"El BID ha tenido muchos secretos. Pensamos que para el siglo XXI, el Banco debe ser más transparente y permitir que la sociedad civil participe en la concepción de proyectos hasta su aplicación", dijo Tristán Santander, del Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), de Panamá.
La 40 reunión anual del consejo de directores del BID comienza este lunes y varias organizaciones no gubernamentales, como la CEALP, también se encuentran en París para apoyar la reducción de la deuda externa y el cambio de la política del Banco.
El propósito de la reunión de la próxima semana será revisar el informe anual correspondiente a 1998 y evaluar el programa de préstamos del BID, que fue creado en 1959 para impulsar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.
El BID también evaluará los avances realizados en materia de recuperación y reconstrucción en América Central luego del paso del huracán Mitch en octubre y noviembre, y considerará otorgar nuevas vías de financiación con bajos intereses para reducir la pobreza en los países de menor desarrollo de la región.
A fines de 1998, el BID aprobó préstamos por un total de 95.750 millones de dólares para proyectos en áreas como la energía, la agricultura, la reducción de la pobreza, la educación, y la reforma económica y social.
Pero según ONG latinoamericanas, el BID puede conseguir grandes avances si institucionaliza la consulta con distintos sectores cuando concibe, implementa y evalúa sus proyectos de desarrollo.
"En algunos proyectos podemos ver cierta participación de la sociedad civil. Pero en las oficinas nacionales del BID aún hay falta de mecanismos permanentes para garantizar que la gente sea escuchada", dijo Santander.
"Ahora hay una tendencia de crear más espacio para las ONG y especialmente para las comunitarias", dijo Oscar Rivas, de la organización paraguaya Sobrevivencia.
Este paso adelante se consiguió tras la intensa presión que se ejerció sobre el BID por su financiación de la represa de Yacyretá, perteneciente a Argentina y Paraguay.
"No habrá otro proyecto con consecuencias sociales y ambientales tan desastrosas como este. En los 20 años del proyecto, la sociedad civil no participó para nada. Además, es un claro caso de gran corrupción", aseguró Rivas.
"Los costos se multiplicaron por 10 y, para cuando esté concluido, se habrán duplicado una vez más", afirmó.
Cuando se empezaron a sentir las consecuencias del proyecto una vez que el agua alcanzó al primer nivel, Rivas indicó que la gente comenzó a movilizarse, sobre todo en Paraguay, y exigió que se les consultara antes de concluir la construcción.
Esta experiencia muestra que la gente debe ser consultada "desde el comienzo del proyecto, y no al final cuando sería demasiado tarde", exhortó Rivas.
Las delegaciones de Honduras y Nicaragua que también participarán en la reunión del BID abogarán por la participación de la gente en la reconstrucción de su país luego de la devastación causada por el Mitch.
"Es crucial la participación de la gente en la concepción, planificación y ejecución de las gestiones de reconstrucción y reforma económica, y en la administración de los fondos", según la Red Europea de la Deuda y el Desarrollo (Eurodad), con sede en Bruselas.
La comunidad internacional ofreció ayuda humanitaria y asistencia para la reconstrucción, y varios gobiernos anunciaron la cancelación de deudas bilaterales.
Pero Eurodad señaló que las medidas no trajeron ni traerán la reducción necesaria de la deuda para que se produzca una reconstrucción y un desarrollo auténticos en ambos países.
Mitch destruyó cerca de 70 por ciento de la producción agrícola de Honduras y una parte sustancial en Nicaragua, lo que redujo drásticamente la capacidad de ambos países para pagar la deuda externa.
"Debe señalarse que incluso antes del Mitch, ambos países ya tenían una gran deuda", precisó Eurodad.
En Honduras, el servicio anual de la deuda representó 80 por ciento de los ingresos del gobierno, y 50 por ciento en Nicaragua.
Para 1997, la deuda de Honduras ascendió a 4.100 millones de dólares, o 111 por ciento de su producto interno bruto, y 6.100 millones en Nicaragua, o 355 por ciento del producto.
Los acreedores bilaterales pertenecientes a los países ricos del Club de París anunciaron la moratoria de la deuda hasta febrero del 2001, lo que aplazó el pago de la deuda. Pero, como señaló Eurodad, Honduras y Nicaragua aún deben pagar 100 millones de dólares en intereses.
"Detener el reloj no basta", precisó Eurodad.
La deuda multilateral más cara, incluso la que se debe al BID, el Banco Mundial y el FMI, también se debe cancelar. Los recursos liberados por la cancelación de la deuda deben ser invertidos en la reconstrucción nacional y en programas de desarrollo humano sustentable.
Honduras y Nicaragua tienen una "larga historia de corrupción y de derrochar sus recursos de ayuda externa", aseguró Eurodad, por lo que es indispensable que la sociedad civil y el Parlamento participen y supervisen la planificación y la financiación de la reconstrucción. (FIN/IPS/tra-en/ao/mk/aq/dv/99
