Más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) cuestionaron los métodos de las compañías multinacionales instaladas en Brasil para la explotación de bauxita y la producción de aluminio en la Amazonia.
En el encuentro "Diálogo internacional sobre el aluminio: responsabilidad global desde la extracción al consumo", dirigentes de organizaciones comunitarias y de trabajadores denunciaron los efectos de esas actividades industriales sobre el ambiente y la salud de los trabajadores y la población local.
El encuentro fue organizado por la ONG brasileña Fórum Carajás (dedicada al impacto social y ambiental de los grandes proyectos en la región), con apoyo de la alemana Conferencia Conjunta Iglesia y Desarrollo (GKKE), que reúne organismos de las iglesias católica y protestante.
La reunión se realizó en Sao Luiz, capital del estado norteño de Maranhao y sede del consorcio Alumar, uno de los mayores entre los que producen aluminio en ese estado amazónico y en el vecino de Pará.
Según el pastor Wilfried Steen, uno de los principales dirigentes de la GKKE, el encuentro pretendió dar voz a un conjunto de organizaciones populares que generalmente son ignoradas por las grandes empresas y las autoridades.
Steen afirmó que la reunión fue un éxito, porque permitió que decenas de representantes de organizaciones con escasos recursos pudieran encontrarse y establecer el denominador común de sus reivindicaciones.
GKKE espera que el proceso continúe con la participación de las empresas involucradas, que no asistieron a este encuentro.
Las compañías fueron invitadas pero se excusaron de asistir mediante una breve carta de la Asociación Brasileña de la Industria del Aluminio (ABAL), firmada por su presidente, Adjarma Azevedo.
Según la asociación, el debate al respecto debió realizarse con "la participación efectiva y la representación oficial del gobierno y de sus organismos afectados, que son promotores de políticas públicas y de desarrollo regional".
A su vez, diversos organismos públicos que fueron invitados no enviaron representantes alegando que las compañías no iban a estar presentes.
La producción de aluminio en la Amazonia comenzó a fines de los años 70 y está dominada por tres grandes consorcios que reúnen empresas brasileñas y multinacionales.
Alunorte está integrado por Vale do Rio Doce (la mayor empresa minera brasileña), Mineraçao Rio do Norte, Compañía Brasileira de Alumínio y Nippon Amazon Aluminium, de Japón.
Albras también tiene a Vale do Rio Doce y Nippon Amazon Aluminium entre sus accionistas, y en Alumar participan las estadounidenses Alcoa y Reynolds, la canadiense Alcan y la inglesa Shell.
Esas empresas fueron atraídas a la región, mediante incentivos fiscales y subsidios en el suministro de energía eléctrica, cuando Brasil era gobernado por una dictadura militar y los proyectos se imponían sin considerar la opinión de las comunidades afectadas.
Una reciente ley de incentivos a la exportación, conocida como Ley Kandir, exoneró de impuestos estaduales a la producción destinada al extranjero, que en el caso de estas empresas representa 80 por ciento del total.
Alumar pagaba al estado de Maranhao cerca de 22 millones de dólares anuales en impuestos, y redujo su contribución a menos de 5 millones de dólares a causa de esa ley.
Incluso así, estas empresas pagan más impuestos (y colocan en la economía local más dinero) que cualquier otro sector. También consumen más energía eléctrica que las ciudades de Belém y Sao Luiz, las dos capitales de la región. Todo esto les confiere un gran poder económico y político.
"Muchas veces conseguimos establecer un diálogo con estas compañías, pero no logramos que discutan los puntos que consideramos importantes", dijo un líder comunitario.
Los representantes de la comunidad de Barcarena, en el estado de Pará, de donde se extrae buena parte de la bauxita procesada, afirmaron que las compañías no aceptan discutir la posibilidad de reparar los daños que ya han causado en tierras y ríos.
José Maurício Macedo, gerente de Medio Ambiente y Seguridad del Trabajo de Alumar, aseguró que la empresa está abierta a escuchar a las organizaciones comunitarias, pero señaló que no existe una estructura adecuada para recibir sus demandas.
Las ONG reunidas en Sao Luiz lamentaron la falta de fiscalización de las actividades de las compañías, que atribuyeron especialmente a la carencia de capacitación de los organismos que deben controlarlas.
"Los gobiernos de la región no tienen cómo hacer los análisis técnicos de ninguno de los procesos de producción del aluminio, y aceptan las declaraciones de las empresas como verdad absoluta", dijo una funcionaria de la Secretaría de Medio Ambiente.
La construcción de la represa de Tucuruí, en el río Tocantins, para suministrar energía eléctrica a la industria del aluminio, determinó la reubicación forzosa de unas 20.000 familias, con la disgregación cultural y la pérdida de raíces consecuentes. Según las ONG, algunas de esas familias no fueron indemnizadas.
La construcción de la represa se realizó sin retirar los árboles y la vegetación de la región inundada, causando un importante impacto ambiental.
Además, hubo alteraciones importantes en los ríos y pequeños cursos de agua de la región, que pasaron a ser utilizados por navíos que transportan bauxita.
Las comunidades locales demandan la creación de una reserva extractiva en la región del lago de Tucuruí y sus cientos de islas, y que la energía generada por la represa sea aprovechada por las pequeñas comunidades de la región.
Las autoridades se oponen a la creación de la reserva para mantener los establecimientos agroindustriales basados en el monocultivo, que se instalaron aprovechando el aumento en la oferta de electricidad y perjudican la agricultura familiar.
Las empresas alegan que utilizan la más moderna tecnología para evitar posibles riesgos ambientales, como los vinculados con el llamado "barro rojo", un residuo con alta concentración de soda cáustica.
El barro rojo es depositado en lagunas de decantación que, cuando están llenas, se cubren con tierra y vegetación. Las organizaciones comunitarias sostienen que la filtración de los residuos contamina las aguas.
Entre los problemas causados por la extracción de bauxita en la región de Oriximiná, del estado de Pará, están la tala de grandes áreas forestales, la contaminación de lagos y riachuelos, el derramamiento de petróleo desde los barcos y la contaminación del aire con polvo de bauxita y humo de las máquinas empleadas.
El sindicalista Carlos Cardoso Paes denunció a su vez una serie de irregularidades que causan enfermedades ocupacionales graves entre los trabajadores del consorcio Albras.
Cardoso, que realiza estas denuncias desde hace cuatro años, fue despedido, reintegrado a la empresa por decisión judicial y nuevamente despedido. (SIGUE/2-E
