El gobierno de Venezuela demandó hoy al Congreso poderes extraordinarios en los ámbitos económico y social durante seis meses, para enfrentar "la dificilisima situación" del país, según indicó el presidente Hugo Chávez.
Directivos del parlamento, donde el gobierno cuenta con un tercio de las dos cámaras, manifestaron que están dispuestos a conceder poderes especiales en materia económica y financiera, pero no así en el ámbito social y administrativo.
El proyecto de la llamada Ley Habilitante, introducido este miércoles en el Poder Legislativo y que faculta al gobierno a legislar por decreto suma un amplio paquete de instrumentos, dentro de cuatro grandes componentes, explicó Chávez en una rueda de prensa.
El primer ámbito es el de la administración pública, destinado a "hacer más moderno y eficaz el caotizado sistema administrativo y limitar el descontrol del gasto", dijo el presidente. El plan es reducir a una decena el número de ministerios y fusionar organismos y fundaciones del Estado.
Chávez recordó que cuando asumió el poder el día 2 heredó un país con el deficit fiscal mayor de su historia, cercano a los 9.000 millones de dólares que equivalen a nueve puntos del producto interno bruto (PIB). También encontró al petróleo, sostén de la economía, con los precios más bajos en 30 años.
"A grandes males, grandes remedios", dijo Chávez, al calificar el paquete de leyes que pide poder establecer por decreto como "un puente" hacia la profunda transformación de la administración del Estado en Venezuela.
El presidente de la Cámara de Diputados, Enrique Capriles, puntualizó tras recibir el proyecto, de 18 hojas, 12 de ellas destinadas a exponer sus motivos, que el parlamento iniciará su debate el martes y que hay "un escenario positivo" para la aprobación de los proyectos económicos y financieros.
Pero Capriles consideró que la ley habilitante se restringue a esos aspectos y no es legal extenderla a lo administrativo y social, algo que Chávez contestó al indicar que los poderes especiales concedidos en 1998 al gobierno anterior incluyeron varios proyectos sociales, lo que desmiente ese parecer.
El segundo componente del proyecto es el financiero. El gobierno incluyó una ley de refinanciamiento de la deuda externa, de unos 23.000 millones de dólares. El servicio de la deuda absorbe un 35 por ciento del presupuesto de 1999 y equivale a 4,5 puntos del PIB.
"La intención es reducir el peso de la deuda en al menos un punto del PIB", vale decir en unos 1.000 millones de dólares, y en el caso más ambicioso reducir las erogaciones para ese sector a 2,8 mil millones de dólares.
También se le solicita al parlamento poderes para restructurar en forma profunda los componentes del gasto en el presupuesto, que es una copia del de 1998, ya que el parlamento no aprobó el presentado por el anterior gobierno para el actual ejercicio.
Chávez confirmó que el presupuesto fue reducido para ajustarlo a un ingreso petrolero basado en un precio de nueve dólares el barril, en lugar de 11,5 dólares como se contemplaba inicilamente.
Un tercer ámbito del paquete de leyes propuesto se el tributario y pretende ampliar la base impositiva, establecer gravámenes temporales de emergencia para obtener ingresos adicionales este año, y modificar los impuestos ya existentes.
Entre los proyectos incluidos en este sector está en de un impuesto al debito bancario, que gravará con una tasa de 0,50 por ciento cada transacción financiera y durará un año.
Además se derogan dos impuestos, el del lujo y general a las ventas, para implantar en su lugar el más extendido por el mundo, el impuesto al valor agregado (IVA). La tasa actual de 16,5 por ciento para esos tributos se baja en un punto, mientras se mantienen las exenciones en alimentación, medicinas y educación.
También se decidió que el impuesto a la renta sea recabado cada mes y no cada año, para permitir un mejor flujo de caja, explicó el presidente.
Chávez afirmó que el sentido de la reforma tributaria "es ético y social dentro de una concepción holística (integral) en materia impositiva", con el control y castigo de la alta evasión actual y el concepto de "quienes más tienen más paguen".
Criticó que haya sectores como la banca, con uno de los niveles de ganancias más altos de América Latina, que prácticamente no paguen impuestos, e igual suceda en el área agropecuaria, cuando hay empresas millonarias en este segmento.
El cuarto componente del paquete de leyes especiales, es el definido como "económico sectorial".
Chávez aseguró que existe una mezcla de "caos, derroche y corrupción" en la administración, con cantidad de organismos que realizan similares tareas y que consumen en burocracia los ingresos públicos.
A su juicio a primera vista "parece cosa de locos, pero no es cosa de locos es cosa de corruptos".
Detalló que el proyecto es instituir un gran fondo dedicado a promover la actividad económica, en lugar de los multiples entes que "pulverizan y anarquizan los recursos".
Los campesinos siguen sin tierra, los pescadores sin créditos y la pequeña y mediana empresa están quebradas, pero existen numerosos organismos que se ocupan "solo en el papel" de esos sectores, dijo el presidente.
Chávez aseguró que en general 85 por ciento de los recursos de promoción de sectores económicos de prioridad social, al igual que los destinados al área social, se van en burocracia, y del 15 por ciento restante "buena parte se pierde en corrupción".
Dentro del ámbito económico sectorial, también se incluyo un proyecto de ley de protección de inversiones, para mejorar la seguridad jurídica para los capitales nacionales y foráneos, así como otro para reformar la ley de licitaciones y concesiones, a fin de hacerla más atractiva para el inversor y más transparente.
También se suman un proyecto para desarrollar la industria química y petroquímica y otro para el sector gasifero, para separar esta actividad de la estatal empreas Petróleos de Venezuela y "aprovechar su enorme potencial".
Otro punto que el nuevo gobierno pretende revisar es el de la nueva ley de seguridad social, que crea los fondos de pensión y deriva la operación del sistema al sector privado. Chávez precisó que se propone un sistema mixto, en que la salud se mantendrá como un derecho de todos los ciudadanos y el sistema de seguridad se mantiene como "universal y solidario".
Por último, el proyecto de ley habilitante, establece un fondo único social, que fusiona los 14 programas sociales existentes, a fin de mejorar su control y eficacia y permitir la asignación directa de recursos, desburocratizando su gestión. (Fin/IPS/eg/ip if/99
