Una década de impunidad ha sido el mayor lastre del Caracazo, la semana que siguió al 27 de febrero de 1989 y que, con sus desórdenes, saqueos y represión, marcó como ninguna otra la historia de fin de siglo en Venezuela.
Wolfgang Quintana, de 20 años, recibió un balazo en el balcón de su residencia en una barriada caraqueña. Richard Páez, de 17, murió cuando uniformados allanaron la casa de una amiga. Eleazar Mavares, un deportista de 18 años, fue herido por un militar y en el suelo rematado por policías, en plena calle.
El Caracazo está poblado por centenares de historias como esas. Oficialmente hubo 277 muertos, pero organizaciones de derechos humanos contabilizaron 364 decesos antes de encontrar otros 68 cadáveres en fosas comunes.
El número exacto quizá nunca se sepa. "Es tan irresponsable hablar de miles de muertos, según a veces se ha dicho, como creer que las cifras de víctimas contabilizadas es definitiva", advirtió a IPS la abogada Liliana Ortega, coordinadora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic).
El nuevo presidente, Hugo Chávez, un teniente coronel retirado, plantea como una de sus consignas "nunca más un 27 de febrero" y decidió lanzar el sábado, en su décimo aniversario, un masivo plan cívico-militar de rescate social, como homenaje a las víctimas.
Chávez encabezó en 1992, en otra fecha oscura de Venezuela con febrero como mes, el primero de los dos cruentos alzamientos militares de ese año, en que los organismos humanitarios indican que murieron unas 200 personas, entre civiles y uniformados.
Desde su juramentación el día 2, el mandatario justifica las asonadas de 1992 como una reacción a la conmoción ante el papel represivo que asumió el ejército durante el Caracazo, si bien los documentos conocidos a raíz de los alzamientos no planteaban esta causa-efecto y admitían ser fruto de una conspiración de 10 años.
El detonante del amotinamiento popular fue la decisión del recién estrenado segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989- 1993), de subir el precio de la gasolina, lo que llevó a los transportistas suburbanos de Caracas a un alza intespestiva de sus tarifas la mañana del lunes 27 de febrero.
Miles de trabajadores en las ciudades-dormitorio súbitamente quedaron sin posibilidad de llegar a sus centros de labor y poder cobrar sus salario. Fue la gota que colmó el vaso de ira y frustración por una década de deterioro continuo del nivel de vida, lejana ya la Venezuela de bonanza petrolera de los años 70.
La protesta espontánea dio paso a una avalancha de violencia, con pedreas, incendio de vehículos y asaltos a comercios que, magnificados por continuos reportes "en directo" por la radio y la televisión, dieron una especie de punto de partida para el saqueo generalizado.
Cuando el gobierno el martes 28 militarizó ciudades, decretó la emergencia e implantó un inédito toque de queda, ya los muertos se contaban por decenas, los heridos por centenares y los comercios sumaban pérdidas por 150 millones de dólares
Si bien mucha gente murió en los saqueos, "la mayoría de quienes perecieron fueron asesinadas en el interior de sus residencias después que el primero de marzo se suspendieron las garantías constitucionales", asegura Ortega.
"Al ver la cifra, hay que tener en cuenta que se trata de caídos en horas, en muy pocos días, como en la peor guerra civil", adujo Ortega, para quien a 10 años de los sucesos "lo más grave es que persista la impunidad".
El Estado de Venezuela "es responsable de la violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Eleazar Mavares por los hechos ocurridos en Caracas el 3 de marzo de 1989", dictaminó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por el Caso Mavares, en 1995 el gobierno de Venezuela llegó a un acuerdo para reparaciones que incluían nueva investigación, castigo a los responsables, reforma de sus códigos de Justicia e indemnización a familiares. Sólo cumplió este último punto.
Venezuela fue sancionada por su incumplimiento, con la publicación del informe por la Comisión y su presentación ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos que se reunió en Caracas en junio de 1998.
Es el expediente que ha llegado más lejos entre los 47 llevados ante la Comisión Interamericana por Cofavic, de un total de 200 que ha levantado por violación del derecho a la vida y otras garantías fundamentales, incluida la del debido proceso.
La impunidad por hechos como el Caracazo "no sólo deja abierta la ausencia de los derechos humanos, sino que rompe todos los tejidos sociales", remarcó a IPS Juan Navarrete, de la sección venezolana de Amnistía Internacional.
Sin embargo, "con ser un hecho tan lamentable en la historia de Venezuela, también trajo un cambio positivo, porque el tema de los derechos humanos se incorporó en la vida pública de Venezuela", dijo Navarrete.
Navarrete destacó que desde entonces "se abrieron las posibilidades de concientizarnos y organizarnos frente a la violación de los derechos humanos, y este es un tema presente ahora que el país entró en un proceso constituyente", que debe desembocar en una nueva Constitución el año 2000.
Iris Medina, la viuda de Quintana, es ahora la madre de una niña de 10 años, ilesa cuando recién nacida su padre la cargaba en brazos el día que recibió el balazo en el balcón. Ella ha contado su historia a la Comisión Interamericana en Washington.
"Para nosotros lo más importante ha sido que se establezca la verdad", dijo Medina a IPS. "Quizá la historia nos reivindica ahora que el presidente (Hugo Chávez) dice que no olvidemos. Pero más que palabras, queremos justicia".
Prédica con el ejemplo: Medina, como Hilda Páez, la madre de Richard, son activistas formadas en Cofavic como instructoras en cursillos y talleres a los policías de Caracas sobre el cuidado de la vida y el respeto de los derechos humanos. (FIN/IPS/jz-eg hr 99
