La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Venezuela exigió hoy respeto para sus actuaciones y para su autonomía, en respuesta a la demanda del presidente Hugo Chávez de que oiga el clamor del pueblo y ratifique la legalidad de un decreto para convocar una Asamblea Constituyente.
El pronunciamiento sigue a un encuentro sostenido la noche del miércoles entre la presidenta del máximo tribunal, Cecilia Sosa, y Chávez, después que éste alertó que si la Corte se pronuncia contra el decreto, sacará la gente a la calle para defenderlo.
Desde el Congreso, donde se ha hecho fuerte la oposición al decreto presidencial con que el 2 de febrero se convocó a un referendo sobre la Asamblea, se asegura que las declaraciones de Chávez representan una amenaza autoritaria contra la Corte.
El referendo, el primero en la historia de este país, se realizará el 25 de abril, según determinaron las autoridades electorales esta semana, adelantando en una semana la fecha determinada anteriormente.
Pero la CSJ deberá determinar si el referendo se realiza sobre las dos preguntas actuales que contiene el decreto, las enmienda, interpreta o pone límites, o bien decide que debe redactarse otro decreto presidencial, al setenciar sobre dos recursos de nulidad y uno de interpretación que le fueron planteados.
Sosa dijo este jueves, al término de la reunión semanal de los 15 magistrados de la Corte, que ese tribunal "exige el respeto y la colaboración entre las ramas del poder público, en función de la autonomía e independencia" de la CSJ.
La presidenta de la cabeza del Poder Judicial indicó que ese organismo "no debate ni entra en conflicto con ramas del poder público, porque forma parte de nuestras competencias dirimir las controversias que se presenten entre ellos".
La CSJ "es el arbitro de los conflictos que se dan en la sociedad venezolana", indicó el colectivo de sus magistrados en un pronunciamiento de cuatro puntos difundido oralmente por Sosa.
Chávez aseguró en dos concentraciones públicas, el viernes 12 y el lunes 15, que la Corte sólo tiene dos alternativas, la de decidir en favor del pueblo o la de hacerlo en favor de los corruptos que buscan mantener el modelo de dominio de los partidos, sobre los que se concentra la ira popular.
Sosa dijo que la CSJ no se siente "amedrentada o intimidada" por los planteamientos presidenciales y que tiene la madurez suficiente para "desarrollar, procesar y resolver" los recursos contra el decreto que tiene en sus manos.
Chávez expresó el miércoles que había que entender sus planteamientos en el contexto de los mitines populares en que fueron hechos y adelantó que la próxima semana visitará la CSJ para manifestarle su respeto institucional.
Los recursos de nulidad buscan infringir una derrota política y jurídica a Chávez mediante su decreto número 3 -los dos primeros fueron sobre la designación de sus ministros-, firmado por el mandatario el mismo día que asumió la jefatura del Estado.
El decreto es adversado por casi toda la oposición política a Chávez, que considera que su texto pretende conceder al presidente un poder inconstitucional sobre los integrantes, mecanismos y objetivos de la Asamblea.
Pero según varios sondeos, entre 70 y 90 por ciento de la población respalda la convocatoria a la Constituyente, destinada a refundar políticamente el país este mismo año y con poderes muy amplios, que fue la gran promesa electoral del presidente.
La objeción fundamental al decreto es que en la segunda de sus dos preguntas se pide autorizar al presidente para que fije las bases comiciales de la Asamblea, con el solo requísito de oir antes a todos los sectores del país.
Chávez y los defensores del decreto aseguran que quien convoca al referendo es quien legalmente fija los alcances de la Asamblea, pero que justamente se buscó no hacerlo sin consulta y establecer las bases en forma democrática y participativa.
El presidente llegó al poder con un rotundo triunfo electoral y un fervoroso respaldo de las capas más depauperadas de los 23 millones de venezolanos, 80 por ciento de los cuales viven en pobreza, en una situación de la que responsabilizan a la mala conducción política de los últimos 20 años.
Chávez es un teniente coronel retirado de 44 años, de una inflamada oratoria llena de citas históricas y bíblicas, que en 1992 fracasó en tomar el poder por las armas, y llegó ahora a la presidencia con el apoyo de casi toda la izquierda y antiguos militares golpistas.
Uno de los más cercanos asesores de Chávez sobre la Constituyente, Manuel Quijada, admitió este jueves que el decreto se redactó con premura, "dentro de la táctica militar de la sorpresa", a fin de evitar que el Congreso intentase anticiparse y convocar antes al referendo.
Al menos otro recurso de nulidad será presentado la próxima semana por el experto constitucionalista Allan Brewer, mientras que el primero fue elevado por el partido Acción Democrática, el que más veces ha gobernado este país y aún mantiene la principal minoría en el atomizado parlamento bicameral.
El otro reclamo de nulidad fue presentado por un abogado, mientras que el recurso de interpretación, una vía que busca dilucidar el conflicto y tiene un procedimiento mucho más rápido, fue presentado por una organización humanitaria.
La Corte ya debió ocuparse en enero de dirimir una primera controversia en torno a la Asamblea Constituyente, ante otros dos recursos de interpretación, y en esa ocasión dio totalmente la razón a los postulados de Chávez sobre su facultad para convocar a la Constituyente por referendo.
El ex magistrado de la CSJ y constitucionalista Manuel Duque Corredor adelantó este jueves que lo más seguro es que el máximo tribunal siente nuevamente jurisprudencia y decida hacer "una interpretación progresiva y extensiva" del decreto.
Eso significaría que no lo anularía, "por el sano análisis de sus consecuencias políticas" y por integrarse a la doctrina más moderna en estos aspectos, sino que fijaría los alcances, limites e interpretación de su texto, en sintonia con su sentencia de enero.
Sosa ratificó en nombre de todos los magistrados que la CSJ manifiesta sus apreciaciones únicamente mediante las sentencias, y que como garante fundamental del estado de derecho requiere y exige respeto y colaboración, sin olvidar la indespensable separación de los poderes democráticos. (Fin/IPS/eg/ip la/99
