El gobierno de Sudáfrica decidió no proporcionar de forma gratuita el fármaco AZT a mujeres de bajos recursos embarazadas y portadoras de VIH, lo cual provocó la indignación de las afectadas y de activistas.
La medida dejaría sin efecto los beneficios de una donación realizada por un hospital de Estados Unidos, que permitiría que 30 mujeres sudafricanas reciban AZT para reducir el riesgo de la transmisión del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), el virus que causa el sida, de madre a hijo.
El Departamento de Salud de Johanesburgo afirmó que sólo revertirá su decisión si logra disponer de los fondos para extender el tratamiento a todas las mujeres afectadas por el virus en el país.
"Si el dinero viniera de alguna parte, entonces el gobierno podría reconsiderar su decisión. Los gobiernos tienen que adoptar decisiones difíciles y ésta es una de ellas", manifestó Vincent Hlongwane, portavoz de ministro de Salud, Nkosama Zuma.
"Estamos muy desanimadas por la decisión. Es muy injusto", expresó una de las tres millones de mujeres que se estima están infectadas con el VIH en Sudáfrica que prefirió el anonimato.
"Si hubiera una nueva arma que el gobierno deseara comprar para Sudáfrica, entonces sí habrían obtenido el dinero necesario", agregó mientras las demás asintieron en señal de aprobación.
"El gobierno sólo piensa en los que no están infectados con el virus y rechaza a los que ya lo contrajeron. Si nos hubieran proporcionado la medicina gratis, eso habría disminuido el número de bebés que nacen con VIH", manifestó otra.
Estas mujeres se encuentran entre el grupo de 25 sudafricanas embarazadas que esperaban ser atendidas por el médico en la unidad perinatal del hospital Chris Hani.
Todas ellas son portadoras del VIH. Y todas albergaban la esperanza de contarse entre las pocas afortunadas que reciban el costoso tratamiento con AZT, financiado en forma privada, para impedir que los bebés que esperan contraigan el VIH.
La unidad de tratamiento bajo la dirección de los doctores James Mc Intyre y Glenda Gray participa de un estudio de Naciones Unidas con 1.700 mujeres de Africa a las que se administra los fármacos AZT y 3TC, conocidos como medicamentos antiretrovirales por su efecto contra el VIH.
El compuesto AZT es considerado un medio eficaz para reducir la transmisión del VIH de la madre al recién nacido, pero resulta demasiado costoso para la mayoría de las personas de los países en desarrollo, lo que motivó la decisión del Departamento de Salud sudafricano.
El acceso a los costosos medicamentos como el AZT para tratar el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) en los países en desarrollo sigue siendo objeto de gran preocupación para los activistas de la salud.
"Es la única esperanza que tengo para salvar a mi bebé. Quiero verlo crecer", expresó una mujer que espera su primer hijo.
Dos de las 25 mujeres en el hospital se manifestaron dispuestas a contribuir con el pago del AZT. Las demás afirman que pagarían si pudieran hacerlo.
Pero el gobierno afirmó que carece de fondos, a tal punto que ni siquiera puede aceptar la oferta del laboratorio Glaxo-Wellcome por la cual obtendría el fármaco con un descuento de 70 por ciento respecto del precio de venta.
"Las personas podrán esgrimir todo tipo de argumentos, pero el gobierno no se comprometerá a algo que no puede cumplir. Lo esencial es que el gobierno no posee ese dinero", declaró Hlongwane.
La dificultad que implicó tomar la decisión es palpable en el hecho de que, en 1998, alrededor de 100.000 bebés nacieron con VIH en Sudáfrica, en comparación con los 65.000 en 1997.
Se espera que esa cifra aumente, dado que entre 20 y 25 por ciento de las mujeres embarazadas que ingresan a centros de atención de salud pública son portadoras del virus que provoca el sida.
Para muchas de las organizaciones no gubernamentales que asisten a portadores de VIH, el argumento del costo del tratamiento no es válido. "Es una decisión inaceptable", criticó Morna Cornell, directora del grupo Consorcio para el Sida.
Cornell expresó que dos estudios realizados en Sudáfrica demostraron que si se administra AZT a las mujeres embarazadas e infectadas con VIH durante las cuatro últimas semanas de sus embarazos y durante el parto se podrían reducir los costos que implicarían tratamientos más largos.
"La intervención cuesta alrededor de 102 dólares por mujer, y aproximadamente 510 dólares para tratar a un bebé portador del VIH en el sector de la salud pública. Sabemos que esto funciona", informó Cornell.
Las organizaciones no gubernamentales argumentaron que el gobierno no consultó a los expertos antes de tomar la decisión, y agregaron que la medida había perjudicado a la Sociedad Contra el Sida, organismo que el gobierno creó en octubre para combatir la enfermedad.
Mark Heywood, director del Proyecto de Ley para el sida de la mencionada sociedad, expresó que el gobierno tiene la obligación legal de continuar con cuatro proyectos piloto que fueron detenidos a raíz de la decisión.
El Proyecto tiene intenciones de iniciar una acción legal contra el departamento de salud, ya que sostiene que la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de acceder a la asistencia médica.
"No se trata solamente del tema del tratamiento, sino que la prevención también es esencial", afirmó Heywood.
El experto agregó que si el gobierno proporcionara AZT a las mujeres embarazadas portadoras del VIH, habría más mujeres que acudirían voluntariamente a hacerse el análisis y podrían luego ser asesoradas al respecto.
Clive Evian, consultor de sida, expresó que la rentabilidad a largo plazo de proporcionar AZT a las madres portadoras del HIV es sólo un aspecto del debate.
"Hay valores éticos y morales que nos están diciendo a gritos que podemos evitar el padecimiento de un niño", expresó. "Para mí esa es razón suficiente para decir que se debería proporcionar AZT". —————- (*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres. (FIN/PANOS/tra- en/cs/dds/mvf/mj/he/99
