El gobierno de Colombia se manifestó hoy pesimista respecto del informe que divulgará esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos, que probablemente será desfavorable para este país.
El vicepresidente, Gustravo Bell, dijo que el gobierno no se sorprenderá si el informe "es desfavorable, debido al recrudecimiento del conflicto armado interno en el último año".
Bell indicó, no obstante, que la administración de Andrés Pastrana está realizando grandes esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos humanos en todo el país.
"Se trata de políticas que involucran a distintos ámbitos de gobierno", que incluye la creación de jueces de paz, una reforma a la justicia y "la protección a los sectores más vulnerables", dijo Bell a IPS, antes de viajar a Washington, donde se reunirá este jueves con organizaciones humanitarias internacionales.
El funcionario informó que su objetivo en Estados Unidos no será "rendir cuentas", sino tratar de obtener apoyo para la política de defensa de los derechos humanos y, en especial, para la protección a los desplazados por la violencia y los activistas humanitarios amenazados por los paramilitares de derecha.
El diputado José Salazar, del opositor Partido Liberal, teme que un informe negativo en materia de derechos humanos, por segundo año consecutivo, afecte la cooperación internacional con este país.
En una reciente visita a Estados Unidos "portavoces de organismos oficiales y no gubernamentales manifestaron preocupación" por la situación colombiana, agregó Salazar, miembro de la no gubernamental Comisión Asesora de relaciones Exteriores, que recomienda políticas al gobierno en la materia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos en su último informe correspondiente a 1997, en el capítulo Colombia, consideró como principales violadores de los derechos humanos a los paramilitares, que actúan apoyados por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y a la guerrilla izquierdista.
El investigador Andrés Franco aseguró que las acusaciones de Estados Unidos sobre "la abierta vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas" con grupos paramilitares de derecha impulsaron la desarticulación de la Brigada XX, involucrada en homicidios de activistas políticos.
Franco, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, dijo a IPS que, si bien el gobierno ha logrado mejorar sus relaciones con Washington en materia de narcotráfico, el tema de los derechos humanos puede transformarse en "una piedra en el zapato".
Otros expertos estiman que el informe a divulgarse en los próximos días coincidirá con el documento entregado el día 17 por la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que señala a la guerrilla y a los grupos paramilitares como los principales responsables de violaciones a los derechos humanos en 1998.
Según el defensor del pueblo, José Castro, el año pasado la guerrilla, los paramilitares, la fuerza pública y la delincuencia común asesinaron a 1.231 personas en 194 masacres (asesinatos de más de cuatro personas en un mismo lugar).
Castro opinó que el aumento de las violaciones a los derechos humanos es debido a la situación de impunidad y a que el Estado no es capaz de garantizar la vida de sus ciudadanos.
En Colombia mueren en forma violenta unas 28.000 personas cada año, y 13 por ciento de los casos está relacionado con causas políticas.
La organización humanitaria Human Rights Wash, con sede en Washington, informó en diciembre que 73 por ciento de los asesinatos contra civiles por causas políticas que se cometieron en 1998 fueron ejecutados por paramilitares.
El director Ejecutivo de Human Rigths, Kenneth Roth, sostiene que Colombia cuenta con uno de los más altos índices de violaciones a los derechos humanos de los que se tenga registro en el mundo.
Para Carlos de Roux, asesor en derechos humanos de la no gubernamental Fundación Social, si se quiere mejorar la situación en el país, al menos en lo que se refiere a las violaciones ocurridas en relación al conflicto armado, el gobierno debe promover un acuerdo para "la humanización de la guerra".
Esos convenios deben comprometer a los grupos armados en "acuerdos humanitarios", que garanticen la seguridad de la población civil.
Roux considera, además, que el Estado debe "enfrentar a los paramilitares, responsables de la mayor parte de las violaciones a los derechos básicos", para romper la "ambigua relación" que se da entre esos grupos y miembros de las Fuerzas Armadas. (FIN/IPS/yf/dm/hd ip/99
