La pobreza y el desempleo son las principales formas actuales de violación de los derechos humanos en Perú, porque generan exclusión social, precaria calidad de vida e inestabilidad, según un informe reciente sobre el tema.
El documento, elaborado por el Centro de Asesoría Laboral del Perú (Cedal) y la Asociación de Derechos Humanos (Aprodeh), se basa en las estadísticas oficiales, según las cuales la pobreza extrema se ha reducido en 14 por ciento, pero la condición de pobreza corresponde a casi el 50 por ciento de la población.
"El tema de los derechos humanos no se refiere únicamente a la tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, que abundaron en nuestro país durante la etapa de la violencia política que concluyó en 1994, también incluye el derecho a tener un nivel humano de vida", sostiene el sociólogo Manuel Benza.
"Si bien las denuncias sobre violaciones de derechos civiles se han reducido considerablemente, es oportuno evaluar el otro aspecto de los derechos humanos, especialmente porque el presidente Alberto Fujimori proclama que la reducción de la pobreza es el primer objetivo de su régimen", añade.
Según Benza, esto conduce a tratar de establecer si el modelo económico impulsado por Fujimori es generador de empleo o, por el contrario, de desempleo.
Según el instituto de investigación social Cuanto, la reducción del Estado, fundamental en el plan económico de Fujimori, contribuyó en forma sustancial al aumento del desempleo.
Se calcula que entre 1990 y 1994, fueron despedidos 200.000 trabajadores del gobierno central y una cantidad ligeramente mayor en las empresas públicas.
En la mayoría de las empresas publicas privatizadas, las nuevas administraciones despidieron a casi todo su personal y contrataron a los mismos o a otros, a través de empresas en las cuales los trabajadores carecen de estabilidad y otros derechos.
La reducción del aparato burocrático contribuyó a eliminar el déficit fiscal, pero en un país donde el Estado era el principal empleador, el desempleo masivo generó una crítica situación social.
Según el Ministerio de Trabajo, sólo el 51 por ciento de la población peruana se encuentra adecuadamente empleada, el 41 por ciento está en situación de subempleo y el ocho por ciento carece de cualquier tipo de empleo.
La condición de subempleo es definida por las autoridades peruanas como la correspondiente a los trabajos cuya remuneración no alcance para cubrir el costo del consumo mínimo de una familia de cuatro personas.
El estudio de Cedal y Aprodeh también recoge informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la situación laboral peruana.
El subdirector general de la OIT, Víctor Tokman, señala que el 70 por ciento de los trabajadores en Perú carece del respaldo de un contrato laboral, o trabaja bajo formas de contratos temporales, circunstancia que los coloca en desventajosa situación en vista del elevado desempleo.
La OIT señala que la reducida fuerza negociadora de los Sindicatos y la amplitud del deterioro de la negociación colectiva acentúan la desprotección laboral en Perú, al que señala como el país andino con mayor número de quejas por violación de libertad sindical.
Entre 1985 y junio de 1998, fueron presentadas 46 quejas contra Perú en el Comité de Libertad Sindical, 32 contra Colombia, 24 contra Venezuela, 19 contra Ecuador y cuatro contra Bolivia.
El economista Eduardo Lastra, editor de la revista Avance Económico, respalda las medidas de estabilización macroeconómica adoptadas por Fujimori, pero sostiene que su régimen "no muestra la necesaria sensibilidad social para dar apoyo y socorro a quienes lo necesiten".
Aunque sean ciertas las cifras sobre el crecimiento del producto bruto interno, "también es cierto que ese crecimiento no está generando empleo a la velocidad necesaria. Los desocupados o subempleados no pueden esperar 20 años para recibir el goteo de los beneficios que reciben los de arriba", afirma.
Otro economista, Guido Pennano, sostiene que "el problema en Perú no es del sistema económico de libre mercado, sino del modelo netamente importador que ha creado Fujimori con su política aperturista".
"Ese modelo ahoga la producción y a las empresas privadas peruanas, iniciando un círculo perverso que deriva en desempleo y en cada vez mayor crisis. Las inversiones extranjeras se orientan a la extracción de recursos naturales y a los servicios básicos, no a la generación de empleos", añade.
El experto asegura que ya se agotó "el esquema estabilizador recomendado por el Fondo Monetario Internacional, diseñado para pagar deuda externa y no para generar riqueza, y debe ser corregido urgentemente". (FIN/IPS/al/ag/dv-hd/99
