Todos los bandos intervinientes en en el conflicto que ya lleva siete meses en la República Democrática del Congo (RDC) son culpables de violaciones de derechos humanos, sostuvo la organización Human Rights Watch (HRW) en su último informe.
La coalición rebelde, que controla casi todo el oeste de la RDC, fue responsable de masacres de civiles en la zona sitiada, y de detenciones arbitrarias a sospechosos de oponérsele, desapariciones y acoso de activistas de derechos humanos, consignó HRW.
El gobierno de Laurent-Desiré Kabila también cometió serias violaciones de derechos humanos, advirtió el informe de 32 páginas difundido el jueves y elaborado sobre la base de visitas realizadas el año pasado al este y oeste del país.
HRW destacó el odio contra los tutsis, cuya consecuencia fue la matanza de cientos de personas y arrestos arbitrarios en agosto del año pasado en Kinshasa.
En las zonas de batalla, las fuerzas del gobierno y algunos aliados extranjeros, en especial Angola, cometieron ejecuciones colectivas y bombardearon de forma indiscriminada las regiones controladas de los rebeldes, comentó el informe.
Ambas partes reclutaron a niños en sus filas de combate, lo cual es contrario a las convenciones internacionales, y cundieron las violaciones a mujeres de todas las partes en conflicto, según el informe.
"Ambas partes cometen abusos terribles en esta guerra, matan a civiles inocentes y causan estragos en el campo", declaró Suliman Baldo, un investigador de HRW que intervino en la elaboracción del informe.
"Pero los poderes extranjeros, algunos de los cuales estuvieron involucrados en el baño de sangre, son responsables también de no detener estas graves violaciones a las leyes de la guerra", señaló Baldo.
La comunidad internacional, liderada por la Organización de la Unidad Africana (OUA) y por la Comunidad para el Desarrollo de Africa del Sur (SADC), también fue acusada por buscar culpables en su búsqueda de soluciones al conflicto.
La guerra de la RDC, que empezó con un motín de los tutsis y algunos militares contra Kabila en agosto, se transformó en un callejón sin salida entre las dos partes y sus aliados extranjeros.
El conflicto fue caracterizado como "la primera guerra mundial de Africa" por la intervenciónn de las fuerzas militares de al menos siete países vecinos.
Kabila, que llegó al poder en mayo de 1997 con el respaldo de Uganda y Ruanda, tiene ahora el apoyo de las fuerzas de Angola, Zimbabwe, Namibia, y Chad. Su lucha contra el fallecido dictador Mobutu Sese Seko había sido iniciada el año anterior por los tutsis contra los que ahora combaten las fuerzas de su gobierno.
Angola y Zimbabwe, que enviaron miles de efectivos a la RDC, resultaron esenciales para la supervivencia de Kabila. El ejército angoleño jugó un rol central al cortar el paso de los rebeldes hacia Kinshasa al inicio de la guerra, y Zimbabwe llevó sus tropas a la región sudeste, cerca del lago Tanganyka.
La rebelde Unión Congoleña para la Democracia (UCD) recibió apoyo de tropas de Ruanda, Uganda, y Burundi.
La batalla dividió al país en dos mitades. La línea del conflicto estaba trazada apenas al oeste del río Congo, desde Kabalo, al sur, hasta cerca de la frontera con la República Centroafricana, al norte.
El frente de batalla se mantuvo bastante estático en los últimos meses, pero los funcionarios estadounidenses sostuvieron que la situación es "muy fluida", si bien pusieron en duda los datos recientes sobre la tentativa rebelde de dirigirse hacia el oeste, dónde está la ciudad diamantífera de Mbuji-Mayi.
Los intentos de negociar un cese del fuego como antesala para una negociación política fracasaron debido a que Kabila y sus aliados se negaron a reconocer a los rebeldes como contraparte para las conversaciones de paz.
Muchos analistas sostuvieron que un estancamiento prolongado de las negociaciones podía resultar en la división de la RDC, el segundo país de Africa por su superficie.
Washington instó a las negociaciones, pero se mantuvo apartado. El nuevo informe de HRW acusó al gobierno de Bill Clinton de haber enviado mensajes "confusos" durante el conflicto.
Clinton anunció el miércoles que Washington prestaría apoyo financiero y logístico a una fuerza internacional de paz en la RDC, "si se firmara un acuerdo de paz adecuado, que nos parezca capaz de mantener la estabilidad y el bienestar de la población de la RDC y de sus vecinos en el largo plazo".
Hubo pocos observadores que confiaran en la inminencia de algún acuerdo de esas características.
Mientras, ambas partes siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos, según el informe, que denunció al gobierno congoleño por continuar la persecución étnica contra los tutsis, acusados de ser agentes de la agresión extranjera.
Centenas de tutsis fueron detenidos por el gobierno el mes pasado, lo cual los volvió vulnerables a posibles represalias futuras del gobierno o a las multitudes civiles, incitadas a atacarlos, como sucedió en agosto de 1998.
Además, la mayor parte del país está al mando de los militares debido al estado de sitio proclamado al inicio del conflicto. Las cortes marciales juzgaron a sospechosos políticos y criminales, y decidieron la ejecución de algunos.
Los arrestos a civiles y a políticos de la oposición también aumentaron este año a pesar de la promesa de Kabila de convocar elecciones multipartidarias en abril próximo. Por su parte, la nueva legislación electoral dificultará las operaciones de los partidos de oposición, señaló el informe.
La situación en el este de la RDC, controlado por los rebeldes, no era mejor. En varias ocasiones, las fuerzas del gobierno masacraron a cientos de civiles sospechosos de prestar apoyo a las milicias locales, no tutsis, o al Interahamwe de los hutu, que huyeron a Ruanda en 1994, después del genocidio tutsi.
Varias organizaciones cívicas, lo que incluye grupos de derechos humanos, siguieron activas en la región, y sin embargo el gobierno siguió cometiendo arrestos arbitrarios, malos tratos y torturas para intimidarlos. Varios sospechosos de ser enemigos rebeldes "desaparecieron" y se los supone muertos.
Ambas partes del conflicto habían prometido proteger los derechos humanos y, si bien el gobierno de Kabila estableció una sección de derechos humanos en su administración, aún debe ordenar investigaciones confiables sobre los abusos cometidos por sus propios soldados.
Kabila había bloqueado una investigación de las Naciones Unidas sobre las masacres que se supone cometieron Ruanda y sus fuerzas rebeldes contra los hutus ruandeses en 1996-1997.
Pero ahora el presidente de la RDC permitió que el enviado especial de las Naciones Unidas, Roberto Garreton, se trasladara libremente por el país. Garreton también visitó las zonas controladas por los rebeldes. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/ceb/mj/hd ip/99
