La vigencia de los derechos humanos en la República Democrática de Congo (TDC) registró progresos, pero aún se cometen atrocidades y sigue estancada la democratización, advirtió el relator especial de la ONU para ese país africano, Roberto Garretón.
El hecho de que fuera autorizada la visita del experto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) representó un avance con relación a dos años atrás, cuando el régimen del presidente Laurent Kabila impidió el ingreso de Garretón.
"Es una buena cosa que el gobierno de Kinshasa haya cambiado de posición". Kabila comprendió que las organizaciones internacionales de derechos humanos "no son sus enemigos", comentó Garretón en rueda de prensa a su regreso del viaje a la RDC.
Kabila, que el 17 de mayo de 1997 puso fin a 32 años de dictadura de Mobutu Sese Seko, había impedido una investigación encomendada por la ONU a Garretón sobre denuncias de matanzas en la región oriental del país.
El gobierno de Kabila acepta ahora que se investigue el genocidio ocurrido supuestamente durante el alzamiento contra Mobutu, precisó el experto de nacionalidad chilena.
En cambio, las fuerzas rebeldes que ocupan la región donde se perpetraron las matanzas no se han pronunciado todavía sobre la investigación.
Las autoridades de Kinshasa enfrentan desde agosto el movimiento insurgente acaudillada por la Unión Congoleña por la Democracia, que está integrada en su mayoría por miembros de la comunidad tutsi y tiene el respaldo de tropas ruandesas y ugandesas.
Mientras, Kabila tiene el apoyo activo de Zimbabwe y de otras naciones de la región.
Garretón, que también visitó la zona rebelde, encontró en la población de ese lugar un clima "de miedo", y una situación alimentaria "preocupante".
Entre los pobladores de la zona oriental de la RDC cunde "un sentimiento generalizado de estar dirigidos por tropas de ocupación extranjeras", dijo el relator de la ONU.
El experto chileno, que presentará el informe de su viaje a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, durante la reunión anual de marzo y abril de ese foro, señaló como un hecho positivo de la situación en la RDC la salida de la cárcel de 84 presos políticos.
Pero todavía están presos entre 1.000 y 2.000 ciudadanos de origen tutsi que el gobierno de Kabila alega "tener bajo su protección".
Garretón observó con ironía que el estado congoleño tuviera que encarcelar ciudadanos para salvarles la vida.
Por lo demás, la visita del relator se desarrolló sin limitaciones. "Pudimos visitar todo lo que quisimos", aseguró Garretón.
La misión de la ONU entrevistó en la región occidental, dominada por Kabila, a dirigentes de los partidos políticos y a 23 presidentes comunales que forman parte del Comité de Poder Popular, un órgano de la estructura institucional implantada por el nuevo régimen.
El Ministerio de Derechos Humanos desempeña un "excelente trabajo" dijo Garretón, aunque aclaró que no estaba en condiciones de afirmar que la misma tendencia predomine en el resto del gabinete de Kinshasa.
La marcha hacia la democratización no muestra progresos, porque la actividad de los partidos políticos sigue suspendida. En otro plano, las organizaciones de derechos humanos soportan dificultades.
Desde varias oficinas estatales se ordenan arrestos bajo acusaciones de delitos que no son claras, y en todo el territorio de la República Democrática del Congo se registran casos de torturas, dijo Garretón.
Otro problema serio del país africano es el reclutamiento militar de niños y adolescentes.
Así mismo, en la zona dominada por Kabila impera el Tribunal del Orden Militar, que dicta condenas de muerte y cuya existencia viola los pactos internacionales sobre derechos humanos, advirtió el relator.
Garretón mencionó varios casos de abusos y de crueldades, como la sentencia a la pena capital dictada contra un adolescente de 15 años.
En Kivu del Sur, tropas rebeldes le cortaron una oreja y luego mutilaron los testículos y el pene de un joven de 27 años, detenido en febrero de 1997. Garretón mostró fotografías de ese episodio.
En un ejemplo de los excesos de la justicia, citó que una mujer acusada del robo de un billete de valor equivalente a 20 dólares fue condenada a prisión perpetua, y la misma pena recayó sobre su marido y su padre, por supuesta complicidad.
El relator trazó un cuadro de inestabilidad en el país africano, causada por la participación de tropas de por lo menos ocho países en un enfrentamiento que divide a una población de 40 millones de habitantes.
El gobierno y los rebeldes violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sostuvo Garretón.
El experto instó al gobierno de la RDC a autorizar la salida del país de los representantes de organizaciones no gubernamentales y de dirigentes políticos que se dispongan a testimoniar en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos. (FIN/IPS/pc/ff/hd/99
