El gobierno de Paraguay reaccionó con alivio ante la decisión de Estados Unidos de no sancionar a este país sudamericano por falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, aunque condenó el mecanismo.
La cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que afirma que el gobierno "no reconoce a ningún estado facultades ni atribuciones para juzgar o condenar a otro estado, sea cual fuere su grado de participación en la problemática de las drogas".
El senador Armando Espínola, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, también cuestionó el sistema unilateral, pero aclaró que no se debe caer "en un falso patriotismo, rechazando categóricamente la decisión de los norteamericanos".
El Departamento de Estado expresó en su informe, divulgado este viernes, que el gobierno paraguayo no cumple plenamente con su parte de la lucha antidrogas, pero esgrimió "intereses vitales" estadounidenses para no descertificarlo, lo que hubiera implicado sanciones económicas o comerciales.
Fuentes de la Secretaría Técnica de Planificación indicaron que los efectos comerciales de una sanción hubieran sido sólo simbólicos, por el bajo monto de las exportaciones a Estados Unidos.
En cambio, el voto contrario de Estados Unidos contra los créditos a Paraguay en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hubiera afectado en forma significativa al país, en momentos que el gobierno quiere emitir bonos externos de deuda, subrayó el analista Luis Bareiro.
El periodista Andrés Oppenhaimer había adelantado a principios de este mes, en un informe publicado en el diario Miami Herald, que Paraguay sería descertificado, lo que fue confirmado entonces por el subsecretario de Estado estadounidense, Peter Romero.
El jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Ricardo Villamayor, se manifestó conforme con la certificación condicionada, pero rechazó la estimación estadounidense sobre el volumen de droga traficada en su área de control.
El gobierno paraguayo señaló a Estados Unidos como el mayor consumidor de drogas del mundo y defendió una lucha conjunta contra el narcotráfico "entre países consumidores, países de tránsito y países productores".
El presidente de Paraguay, Raúl Cubas, se manifestó partidario de un análisis multilateral del tema en la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre lo cual habló a fines de enero en Venezuela con el secretario general del organismo, César Gaviria.
reconoce que el contexto de bloqueo político no ayudó para que la lucha contra el narcotráfico fuera más efectiva, así como critica torturas, maltrato a presos, mujeres, niños e indígenas.
Ante el discurso oficial que asegura que Paraguay es sólo país de tránsito de droga, el informe anual del Departamento de Estado denunció la existencia de 2.500 hectáreas de marihuana de alta calidad y el tráfico sin control de precursores químicos, usados por laboratorios clandestinos.
La embajadora de Estados Unidos en Asunción, Maura Harty, dijo que en Paraguay sólo caen "los peces chicos de la droga y nunca los peces gordos".
Ante la cercanía de una sanción estadounidense que creían inevitable, fuerzas combinadas paraguayas realizaron operaciones a mediados de este mes e informaron de la incautación de 699.000 kilogramos de marihuana en cinco días, con la destrucción de 200 hectáreas en el norteño departamento de Amambay.
Grandes avisos de prensa indicaban que "en seis meses de lucha en serio" se incautó más cocaína que en 1995, 1996 o 1997 (110 kilogramos), ocultando que en el primer semestre del año pasado, antes que asumiera Cubas, se requisaron 172 kilogramos.
Estados Unidos calificó a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay como un organismo profesional y atribuyó a la falta de recursos "los éxitos limitados en la lucha contra las grandes organizaciones de narcotraficantes". Pero cuestionó que no se aplique la ley antilavado de dinero, aprobada hace dos años.
Poco antes de conocerse la calificación a Paraguay, la embajadora estadounidense visitó al vicepresidente Luis María Argaña, principal promotor del juicio político a Cubas, por su defensa del general Lino Oviedo, ex jefe del ejército sentenciado a 10 años de prisión por rebelión.
La resistencia de Cubas a cumplir la sanción, tras haber conmutado en agosto pasado la pena de Oviedo siguiendo un trámite cuestionado por la Corte Suprema de Justicia, es la causa por la cual la mayoría del Congreso procura destituirlo.
Harty habría conversado con Argaña sobre la necesidad de combatir la corrupción y el narcotráfico, así como las medidas que éste adoptaría en caso de asumir la Presidencia. (FIN/IPS/cm/ag/ip/99
