El proyecto para privatizar el sector eléctrico de México, anunciado desde 1995, se pone en marcha al final del gobierno del presidente Ernesto Zedillo con pocas posibilidades de éxito y en medio de un conocido libreto de conflictos.
A 23 meses de terminar su mandato, Zedillo pidió al Congreso reformar dos artículos de la Constitución para acabar con 40 años de monopolio estatal en generación y distribución de electricidad.
No hacerlo pondría en peligro del futuro del país, advirtieron las autoridades.
México deberá invertir desde ahora hasta el 2005 más de 25.000 millones de dólares en el sistema eléctrico, cifra que representa 25 por ciento del total gastado en el sector los últimos 100 años.
Se trata de un monto que por su magnitud sólo lo puede hacer el sector privado, argumentan los promoteres del proyecto.
Según el gobierno, la privatización asegurará la atención de la creciente demanda, abaratará el costo de la energía, no implicará despidos en el sector estatal y atraerá capitales extranjeros.
En los próximos seis años, la demanda de energía aumentará seis por ciento anual, lo que obligará a incrementar en un tercio la capacidad de generación, que es de 35.000 megawats. Hoy, 95 de cada 100 mexicanos reciben el servicio eléctrico.
En reacción similar a la registrada frente a otras privatizaciones consumadas o fracasadas, los diputados de oposición, que actualmente son mayoría, anunciaron que rechazarán el proyecto y los sindicatos advirtieron que lo frenarán a través de movilizaciones.
Acusaciones contra el gobierno por "venta de soberanía" y aplicación de un "neoliberlaismo" a ultranza se escucharon entre los portavoces de la oposición al conocerse el plan de reformas del gobierno.
El analista Ignacio Catalán considera poco probable que se aprueben las reformas durante el actual gobierno debido al efervescente ambiente político previo a la designación de candidatos presidenciales.
La venta del sector eléctrico es parte de un ambicioso proyecto privatizador del gobierno de Zedillo, anunciado en 1995.
Ferrocarriles, puertos y satélites fueron entregados en concesión al sector privado en los últimos años, mientras los servicios de aeropuertos, las plantas petroquímicas y el sector eléctrico quedaron pendientes.
El caso de las plantas petroquímicas se considera el peor fracaso, pues luego de insistir en su plan, en 1996 el gobierno dio marcha atrás ante protestas y movilizaciones y anunció que mantendrá la mayoría de las acciones en el sector y que vendería el resto.
Las autoridades reconocen que será el próximo gobierno, que asumiría en diciembre del 2000, el que corone el proyecto privatizador del sector eléctrico, pero anuncia que hará lo necesario para que la Constitución sea reformada antes de terminar su gestión.
El secretario (ministro) de Energía, Luis Téllez, declaró este miércoles que si los diputados cambian la Constitución como busca el gobierno el proceso de privatización de la energía eléctrica comenzaría luego del 2000 y duraría un mínimo de dos años.
El artículo 27 de la Constitución indica que "corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica".
"En esta materia no se otorgarán concesiones a particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines", añade la ley.
Entre 1975 y 1982, la capacidad instalada en el sector energético mexicano creció 10,6 por ciento gracias a las inversiones del Estado. De 1982 a 1994 el rítmo de expansión bajó a 4,3 por ciento y en los últimos cuatro años a 2,1 por ciento.
Si se concreta el proyecto en el sector eléctrico, el único sector importante de la economía mexicana que se mantendría en manos del Estado sería el petrolero, nacionalizado en los años 30.
Entre 1985 y 1994, México se colocó a la cabeza de los procesos de privatización en América Latina.
Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe difundido en 1996 indicaba que México lideraba hasta ese año la lista de las privatizaciones en la región, al acumumular de 1985 a 1994 un total de 20.408 millones de dólares con las venta de 24 empresas estatales. (FIN/IPS/dc/dg/if/98)
