El gobierno de México rechaza con vehemencia el proceso de certificación antidrogas al que lo somete Estados Unidos todos los años, pero en los hechos parece hacer sin variantes lo necesario para obtenerlo y, al final, siempre lo consigue.
Coincidencia o no, semanas antes del anuncio de la certificación, programada para los primeros días de marzo, en México se detiene a algún capo de la droga, se informa de alguna medida para combatir a las mafias o se promocionan las políticas en ese campo.
Del lado estadounidense, mientras, se escuchan siempre voces de censura contra México en el Congreso y en algunos niveles medios de los organismos encargados de luchar contra el narcotráfico. Pero, al final, el gobierno de Washington avala a su vecino.
Se trata de un juego de intereses entre México, uno de los mayores centros de lavado de dinero y tránsito de drogas, y Estados Unidos, el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, afirmó Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económica de México.
Desde 1986, Washington somete cada año a varios países con problemas de narcotráfico a una evaluación unilateral que puede desembocar en la certificación plena, la certificación por interés nacional o la descertificación. La última calificación priva al país evaluado de ayuda financiera internacional.
El secretario (ministro) del Interior (Gobernación), Franciso Labastida, visitará Estados Unidos este miércoles junto con varios funcionarios, que se dedican al combate al narcotráfico, entre ellos algunos militares, para reunirse con sus contrapartes y proponer acuerdos.
Una semana antes del viaje, el gobierno mexicano presentó un plan de unos 500 millones de dólares para desarrollar en tres años acciones de combate a las mafias, como la instalación de una sofisticada red de radares en todo el país y disposiciones para asegurar la honestidad de las fuerzas antinarcóticos.
Las medidas, consideradas por funcionarios mexicanos "las más ambiciosas de la historia de la lucha contra el narcotráfico", fueron alabadas por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el jefe de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, y el embajador en México, Jeffrey Davidow.
Los dos países comparten desde 1996 una estrategia antidrogas común, que, sin embargo, no ha impedido que se registren periódicos enfrentamientos y acusaciones alrededor del tema.
Según la no gubernamental Washington Office on Latin America, entre 1996 y 1997 el gobierno de Bill Clinton gastó más de 110 millones de dólares en entrenamiento y equipo militar para la policía y soldados de México encargados de luchar contra las mafias.
"En 1996 y 1997, México recibió más ayuda a través del Programa Internacional de Entrenamiento y Educación Militar que cualquier otro país" latinoamericano, estimó la organización con sede en Washington.
Pero el gobierno de Ernesto Zedillo entiende que, no obstante el apoyo que brinda, Estados Unidos no tiene derecho a juzgar a México en la lucha antidrogas, pues ello implica un acto unilateral que atenta contra la soberanía y la cooperación bilateral.
El vicecanciller Juan Rebolledo afirmó este lunes que ninguna de las acciones antinarcóticos de México está dirigida a buscar la certificación y sostuvo que la visita de funcionarios a ese país esta semana "es sólo una coincidencia" con el proceso estadounidense.
Para reafirmar los vínculos bilaterales, el presidente Clinton realizará la semana próxima una visita a México.
Los partidos de oposición de México sostienen que Clinton jamás vendría a su país si hubiera dudas sobre la certificación.
Estados Unidos, cuya población consume alrededor de 100.000 millones de dólares en drogas cada año, y México, su principal proveedor de estupefacientes, son socios junto con Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
