MERCOSUR: Hijos de desaparecidos luchan por "memoria social"

Organizaciones de los hijos de detenidos desaparecidos de Argentina, Chile y Uruguay intentan trasladar a la vida cotidiana de la población el debate sobre las consecuencias de la impunidadad de que gozan los responsables de violaciones de los derechos humanos.

"Se trata de colocar 'en la ciudad' a los militares, para que la gente sepa con quién convive cada día", resumió un integrante de Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) de Argentina.

Esa agrupación, creada en 1994 y hoy integrada por más de 600 militantes, fue la primera en practicar una nueva modalidad de reivindicación de la memoria. Se trata de los denominados "escraches", que en la jerga rioplatense significa "dejar en evidencia públicamente".

El origen de esa práctica está probablemente en las reacciones espontáneas de aquellos habitantes de Buenos Aires que hace varios años reconocieron al ex dictador Jorge Videla practicando su corrida matinal por el parque Palermo de la capital y reaccionaron gritándole "asesino".

La escena se repitió hasta que el militar debió renunciar a compartir el parque público. Actualmente, Videla está en prisión domiciliaria acusado del delito de apropiación de hijos de secuestardos durante la última dictadura (1976-1983).

HIJOS elaboró el rechazo popular a las figuras más conocidas del régimen militar y concibió los "escraches" no sólo contra oficiales sindicados como responsables de torturas y asesinatos sino también contra civiles que colaboraron con la dictadura, como el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz.

Beneficiados por leyes de amnistía, la mayor parte de los militares se reintegraron a la vida civil y, de cierta forma, pasaron al anonimato.

Muchas veces los vecinos ignoran que viven compartiendo el mismo espacio con estas personas y, en general, cuando se enteran lo reciben como "una mala noticia", según comentó uno de ellos al diario argentino Página 12.

Los "escraches" se realizan en lugares públicos como bares y restaurantes, o frente a los domicilios de los ex represores. Desde que comenzaron a ponerse en práctica, en 1997, en Argentina se llevan realizados unos 20 actos de este tipo.

El periodista y escritor argentino Miguel Bonasso efectuó él mismo un "escrache" en diciembre pasado, cuando descubrió en Pinamar, un balneario al sur de Buenos Aires, al ex oficial de la marina Jorge Acosta, apodado "Tigre".

Acosta fue responsable de los Grupos de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)), el más importante centro clandestino de detención durante la llamada "guerra sucia".

El militar, que al día siguiente debía presentarse a declarar por causas de apropiación de hijos de desaparecidos, almorzaba en un restaurante de Pinamar cuando fue enfrentado por Bonasso y señalado públicamente como responsable de secuestros y asesinatos.

Los promotores de los "escraches" los presentan como un instrumento eficaz para mantener viva la memoria de las atrocidades cometidas por los militares durante la dictadura y denunciar los efectos del indulto contra los violadores de los derechos humanos sobre la sociedad.

A mediados de enero, tres estudiantes descubrieron que un señor que paseaba diariamente a su perro por una plaza de Buenos Aires era el ex jefe de Investigaciones de la policía Miguel Etchecolatz, identificado como responsable de 90 casos de tormentos. Los jóvenes lo "escracharon" y le arrojaron huevos.

El ex comisario extrajo un arma y los apuntó, pero fue disuadido de usarla por otro hombre que lo acompañaba. Los tres estudiantes presentaron una denuncia penal contra Etchecolatz, quiem está en libertad condicional y no tiene derecho a portar armas.

A fines del mismo mes, el fotógrafo Enrique García Medina, colaborador de Página 12, sorprendió desayunando en un bar al ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, ex integrante de la ESMA condenado en ausencia en Francia y Suecia por la desaparición de personas de esas nacionalidades.

García le tomó varias fotografías, pero fue agredido por el dueño del local y en la calle fue abordado por dos individuos, que bajo amenazas de muerte lo obligaron a entregarles el rollo de películas.

Astiz, apodado "El ángel rubio" en épocas de la dictadura, es "víctima" habitual de "escraches" diversos, organizados o espontáneos, y ha sido declarado persona non grata en varias ciudades argentinas.

En Uruguay también existe desde hace dos años una organización de hijos de desaparecidos llamada simplemente Hijos (allí no es una sigla, como en Argentina).

A fines del año pasado, adquirió notoriedad pública al realizar un "escrache" contra el mayor retirado José "Nino" Gavazzo, responsable de la desaparición de decenas de uruguayos en 1976 y 1977.

La gran mayoría de los 160 casos de secuestros de uruguayos se registró en Buenos Aires, como parte de la "Operación Cóndor" de coordinación entre las Fuerzas Armadas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Gavazzo fue el jefe de los comandos militares que persiguieron a opositores uruguayos refugiados en Argentina en colaboración con represores de ese país.

Hijos de Montevideo efectuó una marcha que pretendía finalizar frente al domicilio del militar, pero la policía lo impidió cortando el tránsito en toda la zona.

El hecho, sin embargo, provocó el inicio de una polémica sobre la actitud que debería tener la sociedad ante estos militares amnistiados que, en el caso de Uruguay, no pasaron ni un solo minuto en prisión por sus crímenes.

Hijos anunció que efectuará acciones similares una vez pasado el verano austral (diciembre-marzo), y no descarta enfocar la mira en civiles que colaboraron con la última dictadura (1973-1985).

En Chile, donde la reivindicación de la memoria enfrenta muchas más dificultades que en Argentina y Uruguay, como efecto del poder que aún conservan los militares, también se acaba de fundar una asociación Hijos, similar a la de los otros dos países del Cono Sur.

Hijos de Chile anunció que establecerá contactos con sus "organizaciones hermanas" y llevará adelante acciones similares a las que ellas desarrollan.

La mayoría de los integrantes de estas organizaciones tiene menos de 30 años.

Ellos "continuarán nuestra lucha por verdad y castigo cuando nosotras ya no estemos", dijo Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina. (FIN/IPS/dg/ag/hd-ip/99

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