Los consumidores japoneses aceptaron abusos de las grandes compañías durante décadas, convencidos de que así colaboraban con el desarrollo del país, pero ahora están cada vez menos dispuestos a mantener esa actitud resignada.
Maika Suzuki, una trabajadora en su hogar de 44 años, contesta el teléfono al menos cinco veces por día sólo para oír que alguien le ofrece comprar una casa nueva, probar un cosmético diferente, obtener una póliza de seguro, o presentarse como aspirante a un lugar en el cementerio para ella y su marido.
"¡Nos molestan todo el tiempo! Ojalá hubiera una ley que prohibiera a la gente comerciar con mi número de teléfono, mi dirección y detalles de mi vida y la de mi familia. Este es un sistema que ignora descaradamente nuestro derecho a la intimidad", se quejó la acosada Suzuki.
Desafortunadamente para ella, todavía no hay en Japón una ley que impida a las compañías vender listas de sus consumidores e información sobre ellos.
Sin embargo, activistas y expertos legales dijeron que quizás haya pronto nuevas normas en la materia, debido a la creciente toma de conciencia de los consumidores, lo cual bien podría causar un drástico cambio en la sociedad del próximo milenio.
"Estamos trabajando con el objetivo de lograr una sociedad más justa para el consumidor común, y no hay duda de que lo conseguiremos", enfatizó el abogado Shuzo Tanai, defensor de derechos en el Movimiento Para una Mejor Proteccion de los Ciudadanos.
Tanai dijo que basaba su optimismo en que se observa un lento aumento del deseo de desafiar a las compañías y la autoridad cuando la gente cuando siente que ha sido estafada.
Una encuesta realizada por grupos de consumidores en 1996 reveló que las quejas contra las compañías manufactureras habían aumentado 30 por ciento en realción con el año anterior.
Shigehiza Ozawa, de la Organización Nacional de Información al Consumidor, dijo que 80 por ciento de las quejas registradas tuvo que ver con contratos en los cuales la gente había sido obligada a ingresar en escuelas o programas, y a pagar por ello cuotas desmedidas, incluso después que los contratos expiraron.
Según los activistas, los jóvenes son tentados a entrar en esos sombríos arreglos de negocios cuando se les llama por teléfono para hacerles ofertas especiales, que luego resultan ser falsas.
Sin embargo, sólo uno por ciento de quienes formulan quejas llegan a presentar luego demandas judiciales. Muchos piensan que no podrán ganar un pleito contra las compañías más poderosas o contra el el gobierno, explicó Tanai.
"En muchos sentidos tienen razón", admitió el abogado, señalando que sólo en un puñado de querellas hubo sentencia favorable para los consumidores.
Esto se debe en gran medida a que el "milagro económico" japonés, tras la segunda guerra mundial, fue respaldado por un sistema de alianzas entre el gobierno y la industria para lograr prosperidad, sin tener en cuenta el desarrollo de los derechos individuales.
Para que ese sistema funcione, la confianza de los ciudadanos debe ser sólida. No obstante, esa confianza se ha visto sacudida por tragedias como la de la contaminación de Minamata, en los años cincuenta, cuando el gobierno apoyó a una compañía acusada de envenerar a miles de personas con mercurio.
Los activistas señalaron también el reciente escándalo causado cuando se descubrió que se había vendido sangre infectada con el virus de inmunodeficiencia humana, responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, a hemofílicos bajo el cuidado de expertos designados por el Ministerio de Salud y Bienestar.
Pasó mucho tiempo antes de que los ciudadanos comenzaran a presentar demandas judiciales contra las compañías, pese a incidentes como los mencionados, y esto puede ser explicado, entre otras cosas, porque hay relativamente pocos abogados en Japón, señalaron observadores.
Con 400 nuevos abogados cada año en un país de 120 millones de habitantes, los expertos opinaron que no es extraño que la conciencia litigiosa esté poco desarrollada.
Pero la razón más importante, según Ozawa, estuvo en la actitud mental de los japoneses. "Siempre se pensó que lo más importante era mantener la armonía y seguir adelante", observó.
"Esto está cambiando a medida que nos transformamos en una sociedad capitalista. Necesitamos reglas claras y un sistema de educación que proteja a los individuos", añadió.
Por su parte, Tanai dijo que "necesitamos cambiar primero el sistema de las compañías y después de la gente, y estamos progresando lentamente".
En diciembre de 1998, una pareja entabló una emblemática demanda judicial, reclamando unos 21.500 dólares como indemnización por daños al fabricante y distribuidor de un calentador eléctrico de agua que habían comprado.
La hija de 10 meses de la pareja movió una palanca del recipiente y se quemó con agua caliente.
En Japón existe una ley que permite lograr indemnizaciones del fabricante de un producto, por daños causados al usarlo, si se prueba que era defectuoso, y con independencia de que existiera negligencia por parte del fabricante.
Tanai comentó que un pleito como éste habría sido impensable hace una década, y que la presentación de la demanda constituyó "un buen ejemplo del cambio de actitud".
El aumento de la conciencia de los ciudadanos hizo que el gobierno y los políticos prestaran mayor atención a sus demandas y necesidades. Las autoridades anunciaron recientemente, por ejemplo, que establecerán normas para uniformizar las advertencias a los consumidores en los envases de los productos.
Los fabricantes habían comenzado a incluir tales advertencias después de que entró en vigencia la ley que permite entablar demandas contra ellos por daños y perjuicios, pero muchos consumidores se quejaron de que la diversidad de formatos en que se presentaban esos mensajes sólo creaba mayor confusión.
Mientras tanto, el parlamento está discutiendo una nueva ley para regular las disputas sobre contratos que los consumidores consideran injustos.
Los abogados que trabajan en la redacción de esa ley señalaron que existe una gran disparidad entre las posibilidades de obtener información y el poder de regateo de los consumidores y las empresas, y que por lo tanto el Código Civil no brinda una protección adecuada a los ciudadanos.
Ozaba comentó que la recesión actual contribuye a la lucha por una mejor protección de los consumidores. "Son cada vez más las personas que se dan cuenta de que no necesitan seguir comprando productos. Hay más conciencia de que conviene comprar productos seguros, que puedan ser usados durante muchos años", afirmó.
"La gente desea una sociedad como las escandinavas, donde la vida no está envuelta en materialismo. Las compañías van a verse obligadas a respetar estas nuevas tendencias en el consumo", aseguró. (FIN/IPS/tra-en/sk/cb/js/ego/mp/pr-hd/99)
