IRAQ: Un dominó más de la política exterior de EEUU

La canciller de Estados Unidos, Madeleine Albright, describió en su visita a Egipto y Arabia Saudita la política de "contención y cambio de régimen" que Washington aplica contra Iraq.

También presentó a los funcionarios árabes a Frank Ricardone, el representante especial de Estados Unidos que coordinará la ayuda que Washington brinde a los grupos opositores iraquíes para derrocar al presidente de Iraq, Saddam Hussein.

"El pueblo iraquí se merece un gobierno mejor. Estamos comprometidos con esa misión, y no nos rendiremos antes de que la tarea está concluida. Así que ustedes no se irán muy pronto de aquí, pero es muy importante que estén aquí", declaró Albright ante soldados estadounidenses en la base aérea príncipe Sultan, al sur de Riyadh.

Las declaraciones de Albright plantean importantes interrogantes de diplomacia, ética y derecho internacional.

¿Quién decide qué es lo que merece el "pueblo iraquí"? ¿Un miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viola la carta del foro mundial cuando pública y activamente intenta derrocar al régimen de otro estado miembro? ¿De ser así, qué medida debería tomar el resto de la ONU contra el miembro infractor?

También está el problema de distinguir entre la aplicación de la política unilateral de un estado y sus intereses nacionales, y de aplicar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estados Unidos tiene numerosos antecedentes en lo que refiere a derrocar régimenes extranjeros en aras de sus intereses nacionales.

Tras la segunda guerra mundial, su primer éxito fue en Irán, en 1953, cuando la Agencia Central de Inteligencia (CIA) orquestó la caída del gobierno electo del nacionalista Muhammad Mussadiq. En 1954, también derrocó al gobierno democrático de Guatemala.

A la CIA también se le atribuye, entre 1964 y 1996, haber ideado la caída de los gobiernos de Brasil, Indonesia y Ghana. En 1973 apoyó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, y en los años 80 derrocó a los regímenes de Granada y de Panamá.

Pero el caso de Iraq es distinto porque el país árabe invadió a Kuwait en 1990 y porque el Consejo de Seguridad de la ONU participó en la expulsión de las fuerzas invasoras a través de la guerra del Golfo (1991).

Pero, a diferencia de la guerra de Corea en los años 50, en esta ocasión las fuerzas de combate no lucharon bajo la bandera de la ONU.

Durante los ocho años posteriores a la guerra del Golfo, Washington consiguió que las resoluciones del Consejo de Seguridad reflejaran su propia política exterior.

Sin embargo, antes de que Estados Unidos y Gran Bretaña bombardearan a Iraq en diciembre, ya se percibía el próximo fin de esa situación.

Así lo evidenció el secretario general de la ONU, Kofi Annan, cuando el 14 de diciembre declaró que el Consejo de Seguridad había decidido que, una vez que Bagdad cumpliera los requisitos de desarme de la resolución 687 de abril de 1991, no habría fundamento para mantener las sanciones impuestas contra Iraq.

Pero Estados Unidos propuso que las sanciones se mantuvieran hasta que Saddam Hussein cumpliera otras condiciones, que incluían aclarar el paradero de 600 prisioneros de guerra kuwaitíes y mejorar la situación de derechos humanos en Iraq.

Altos funcionarios estadounidenses, como el asesor de la Seguridad Nacional Sandy Berger, también ofrecieron a Bagdad el cese de las sanciones a cambio del relevo del gobierno iraquí.

"La resolución del Consejo de Seguridad no hace referencia a eliminar al gobierno iraquí", replicó Annan.

Las gestiones de Washington para derrocar a Saddam Hussein datan de octubre de 1991, cuando se impuso una zona de exclusión aérea en el norte iraquí para que el régimen de Bagdad no reprimiera a la población kurda de la zona.

Entonces, la CIA utilizó al territorio para preparar al Congreso Nacional Iraquí con el fin de derribar al régimen de Bagdad.

Los planes de la CIA se aguaron en septiembre de 1996 cuando el dirigente del Partido Democrático del Kurdistán, Masoud Barzani, se alió con Saddam Hussein para expulsar de la capital regional de Erbil a su rival, Jalal Talabni, quien dirigía la Unión Patriótica de Kurdistán.

Bagdad lo hizo y también anuló las operaciones de inteligencia de la CIA en Erbil. El episodio también expuso una célula de la CIA entre los militares iraquíes, cuyos integrantes fueron ejecutados.

La CIA tuvo que retirar su infraestructura de inteligencia en el Kurdistán iraquí, y evacuó a unos 8.000 kurdos y árabes iraquíes que trabajaban en ella.

Entre 1991 y 1996 hubo tres intentos de golpe contra Saddam Hussein en los que participaron los grupos opositores Consejo Libre Iraquí y el Consejo Nacional Iraquí, con ayuda de la CIA.

Luego de 1996, la CIA cooperó en un intento de golpe contra Bagdad, junto con los servicios secretos de Gran Bretaña, el M16, y con el grupo Acuerdo Nacional Iraquí, con sede en Ammán, integrado por militares iraquíes desertores y funcionarios del gobernante Partido Baath.

Bagdad descubrió la trama en junio de 1997 y ejecutó a aproximadamente 100 oficiales.

Ahora Washington decidió que, como no hay posibilidad de restituir un sistema creíble de inspecciones de la ONU en Iraq mientras Saddam Hussein gobierne al país, utilizará todos sus recursos para derribar al presidente iraquí, y hasta entonces empleará la fuerza militar para mantenerlo a raya.

El 15 de noviembre, un mes antes de los bombardeos contra Iraq, el presidente estadounidense Bill Clinton prometió aplicar la Ley de Liberación de Iraq, aprobada por el Congreso en septiembre, para derribar al régimen iraquí.

La Ley brinda a Clinton 97 millones de dólares en ayuda militar para entrenar, equipar y financiar a un ejército opositor. Pero antes de que Clinton ayude financieramente a un grupo opositor, debe estar convencido de que el mismo es representativo y que apoya a la democracia, según la norma.

El 19 de enero, la Casa Blanca confirmó a siete grupos opositores, aunque tres rechazaron la ayuda estadounidense y criticaron el plan para derrocar a Saddam Hussein, que luego fue descrito por la prensa de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Los legisladores estadounidenses aprobaron una ley que viola el derecho internacional al comprometerse públicamente a derrocar el régimen de un estado con el que no está en guerra. (FIN/IPS/tra-en/dh/mk/aq/ip/99

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