El parlamento de Honduras se apresta a despojar a la Fiscalía del Estado de su oficina de combate contra el narcotráfico para concentrar esa función en la Policía, en lo que expertos consideran un duro golpe a la lucha antidrogas.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, envió al parlamento el proyecto que deja a la Fiscalía del Estado sin su equipo de fiscales e investigadores contra el narcotráfico, considerado de alta competitividad.
Alfaro explicó que el proyecto obedece a la intención de "coordinar mejor los esfuerzos y ahorrar recursos para evitar gastos presupuestarios".
La entrega de la lucha antidrogas a la Policía, dependiente del flamante Ministerio de Seguridad, "no debe percibirse como una intención estatal de desmembrar el Ministerio Público", afirmó el funcionario.
El proyecto sigue su curso a pesar de las denuncias contra policías a los que se involucra en las redes del narcotráfico.
La Fiscalía deberá en el futuro limitarse a pressentar los casos ante los tribunales y "eso ya es bastante", dijo Alfaro.
El fiscal Edmundo Orellana dijo a IPS que desde su puesto ya se avizoraba "este duro golpe contra el Ministerio Público". "Esto es apenas es el inicio de un proceso que busca reducir esta dependencia a una ineficiente oficina que tramita denuncias, pero quedará atada para hacer acciones", agregó.
Según Orellana, el primer golpe contra la Fiscalía ocurrió cuando se le despojó de la policía de investigación criminal, que fue unificada con la policía preventiva en el Ministerio de Seguridad.
"Al quitarnos la policía de investigación, nos dejaron sin el elemento técnico-científico, porque en el nuevo ministerio la tendencia es a fortalecer la rama preventiva, despreciando la investigación criminal", agregó.
"Asi, habrá crímenes pero no criminales en este país. La labor que hemos hecho en el Ministerio Público no ha gustado a mucha gente de poder, que busca reducir este organismo a un aparato burocrático que no podrá hacer mucho para develar la impunidad en este país", dijo.
"Nuestro error fue empezar develando la impunidad y el sistema de inoperancia del Poder Judicial, donde los procesos son engavetados de acuerdo con las influencias. Como nosotros hemos remachado sobre este asunto, ahora se nos quiere anular", acotó Orellana.
El funcionario dijo que la dependencia creada por el Ministerio Público había logrado recobrar la "credibilidad" del público en la lucha contra el narcotráfico, pues "golpeó no solo a pequeños traficantes de marihuana, sino que pisaba los talones a los grandes capos de la droga en este país".
La fiscalía detectó el vínculo entre militares y narcotraficantes en el litoral atlántico, los movimientos de los carteles en el país y una matanza ocurrida el año pasado en la costa norte por supuestos ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes.
La intención del gobierno es restar trascendencia a esta labor, al confiarla a una policía de la cual "muchos oficiales han estado involucrados en el narcotráfico y en ejecuciones extrajudiciales", dijo a IPS la socióloga especializada en asuntos militares y policiales Leticia Salomón.
Despojar a la Fiscalía de esta función es "un retroceso y un duro golpe a la lucha contra la impunidad y la democracia, porque se deja al ratón para que cuidara el queso", sostuvo la experta.
El narcotráfico en Honduras es evidente desde fines de la década del 70. Este país ya no es sólo territorio de tránsito de drogas, pues se convirtió en fuerte consumidor y depósito de sustancias ilegales, al tiempo que se sospecha un crecimiento en el lavado de dinero.
En este sentido, la Fiscalía promovía leyes más drásticas contra el narcotráfico que incluyeran una revisión de la inmunidad parlamentaria, al detectar fuertes vínculos entre narcotraficantes e integrantes del Poder Legislativo. (FIN/IPS/tm/mj/ip/98
