El Fiscal General de Guatemala pidió la excarcelación de su propio acusado por el asesinato del obispo Juan Gerardi, el también sacerdote Mario Orantes, lo que generó suspicacias en los abogados del reo y en la Iglesia Católica.
El fiscal general Adolfo González Rodas invocó este viernes "razones humanitarias" para solicitar al juzgado competente la excarcelación de Orantes, detenido en un aparatoso operativo el 22 de julio.
Gerardi fue asesinado la noche del 26 de abril, cuando regresaba a su vivienda, la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián, donde también residía Orantes. Su cráneo y rostro fueron destrozados a golpes con un objeto contundente.
El asesinato ocurrió apenas dos días después de que el obispo presentara un exhaustivo informe sobre violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil que sufrió Guatemala durante 36 años y que terminó con la firma de la paz en diciembre de 1996.
El informe titulado "Guatemala: Nunca más" acusaba al ejército de ser el responsable de 80 por ciento de las violaciones de derechos humanos.
El Ministerio Público afirma que el asesinato de Gerardi fue un crimen doméstico, sin connotaciones políticas, lo que es rechazado por la Iglesia Católica, que defiende a Orantes.
Una de hipótesis de la Fiscalía General es que Gerardi fue atacado por el perro de Orantes, un viejo pastor alemán con problemas de motricidad.
La Fiscalía financió el viaje desde Madrid del antropólogo español José Reverte Coma para avalar esa teoría, pese a que la hipótesis de las mordeduras fue totalmente descartada por otros especialistas de Estados Unidos y Guatemala.
Las hipótesis que involucran a militares en el asesinato no fueron investigada de manera adecuada, según representantes de la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos.
Orantes debió ser hospitalizado en diversas ocasiones durante su detención por problemas gastrointestinales, úlceras e hipertensión arterial, lo que dio origen a insistentes peticiones de liberación de organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica.
El presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Ricardo Alvarado, dijo que la petición era previsible "porque esa investigación y captura fue una infamia.
"Ahora, aunque tarde, la justicia llega", agregó Alvarado, aunque aseguró que el daño psicológico y moral causado al sacerdote es indeleble.
"Quisieron levantar una cortina de humo y esconder a los verdaderos culpables", señaló el abogado.
Lo peculiar del caso es que la acusación es por asesinato, delito para el cual el Código Procesal Penal no contempla excarcelación ni castigo sustitutivo. González Rodas aclaró que aunque Orantes sea excarcelado seguirá ligado a un proceso hasta llegar al juicio oral.
La Conferencia Episcopal expresó que la petición podría ser una trampa, pues "lo que procede es que el Ministerio Público plantee su libertad incondicional", dijo el obispo Víctor Hugo Martínez.
Mynor Melgar, asesor jurídico de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, cuestionó la petición en este momento del proceso, pues, según él, su planteamiento debió esperar que se celebre la apertura del juicio, momento en el que debe solicitar la clausura del proceso.
Melgar, que interpreta la solicitud como un intento de desvío de la investigación, pronosticó que el juez no accederá a liberar al sacerdote si el fiscal no solicita que se cambie el delito por el que se lo acusa.
El Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, sostuvo que no es procedente pedir la excarcelación, sino "solicitar la libertad de Orantes, por falta de mérito, ya que los fundamentos y evidencias que se utilizaron para dictar prisión no son consistentes".
Marta Orantes, madre del sacerdote encarcelado, manifestó su satisfacción por el pedido de excarcelación, aunque manifestó que de quedar en libertad igual deberá permanecer en el hospital, ya que su estado de salud es delicado. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/99
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