La consulta popular sobre las reformas constitucionales en Guatemala, pactada como parte de los acuerdos de paz de 1996, se celebrará en mayo, luego de que el parlamento aprobó por unanimidad los mecanismos que regirán la convocatoria a las urnas.
El presidente del Congreso, Leonel López Rodas, entregó la decisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y manifestó su confianza en que el organismo convoque a la consulta lo antes posible.
Los ciudadanos manifestarán su decisión en torno a las 50 reformas constitucionales contestando cuatro preguntas a las que deberá responder por sí o por no.
Las preguntas se refieren a derechos sociales y a la estructura de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El retraso en la realización de la consulta popular se debió a diferencias entre el parlamento, que había decidido plantear una sola pregunta a la ciudadanía, y la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenó formular varias.
El fallo de la CC generó numerosas protestas, movilizaciones y tomas de carreteras en el interior del país, convocadas por activistas que lo atribuyeron a la intención de entorpecer el proceso de paz.
Las reformas servirán de base legal a los tratados de paz firmados por el gobierno y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en diciembre de 1996 y tienen el objetivo de modernizar el Estado y mejorar la convivencia democrática y participativa, según sus impulsores.
Para entrar en vigencia, las reformas a la Constitución deben ser ratificadas mediante consulta popular .
El 29 de diciembre de 1996, el gobierno y la URNG firmaron la paz, poniendo fin a 36 años de una guerra civil que dejó un saldo de 150.000 muertos.
Gustavo Porras, secretario privado de la Presidencia, elogió este viernes el consenso alcanzado en el Congreso.
"Esperamos que las personas que se han opuesto a la fórmula propuesta tomen conciencia de la importancia del hecho, y que la CC no dé curso a otro tipo de acciones legales, que puedan entorpecer este proceso tan importante para el país", dijo Porras.
Pero el Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON), la organización que interpuso el recurso ante la CC, "analizará detenidamente" la propuesta de cuatro preguntas enviada al TSE por el parlamento, dijo su presidenta, Anabella Morfín.
La abogada manifestó que el CEDECON tiene el objetivo de que se dé a la población "la oportunidad de discernir con la debida separación de temas".
Las reformas a la constitución, según los acuerdos de paz, contribuirán a la estabilidad política, al fortalecimiento del poder civil y a la redefinición de las funciones del ejército para la nueva etapa.
Una de las enmiendas establece el reconocimiento expreso de la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca dentro de la unidad de la nación guatemalteca y de los idiomas existentes en el país, que el Estado está obligado a reconocer, respetar y promover.
La Constitución también deberá definir a la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.
La reforma limita las funciones del ejército a "la defensa de la soberanía y la integridad del territorio", pues "toda otra función resulta atípica y extraordinaria".
La enmienda abre la puerta para que el Ministerio de Defensa sea encabezado por un civil y para que los tribunales militares entiendan solo los delitos y faltas tipificadas en el Código Militar, mientras los delitos comunes deberán ser juzgados por tribunales ordinarios.
Arnoldo Noriega, de la URNG, ahora convertido en partido político, dijo que iniciarán una campaña de concientización para que la población asista a la consulta popular, a la vez que divulgarán las reformas para que todos las conozcan.
Hasta el momento, la mayor parte de la población ignora la proximidad de la consulta. (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/99
