La presión por la independencia del País Vasco está en su punto más alto, es previsible que siga aumentando hasta las elecciones municipales de junio próximo y provoca acercamientos entre el gobierno español y la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Por un lado, desde el 16 de septiembre pasado se mantiene la suspensión unilateral e incondicional de sus acciones violentas por la organización separatista vasca ETA. Por otro, se verifica un creciente acercamiento entre los independentistas radicales y los nacionalistas moderados que gobiernan el País Vasco.
Los moderados Partido Nacionalista Vasco (PNV) y su escisión, Eusko Alkartasuna (EA), mantienen desde las elecciones autonómicas del 25 de marzo un pacto en el Parlamento Autónomo con la coalición Euskal Herritarrok (EH), próxima a ETA.
También actúan de acuerdo para impulsar una Asamblea Municipal de los municipios de las tres provincias que integran el País Vasco reconocido por la Constitución española -Alava, Vizcaya y Guipuzcoa-, de la Comunidad Autónoma de Navarra y de dos provincias francesas.
El nacionalismo reclama la unidad de todos esos territorios en un Estado independiente.
Este viernes se inicia el período ordinario de sesiones del Parlamento vasco, con dos temas que unen a los nacionalistas, de un lado, y a los partidos con implantación en toda España, del otro.
Estos son la cesión de sus instalaciones a los independentistas kurdos y la negativa a permitir que un diputado procesado por su pertenencia a ETA pueda salir de la cárcel para asistir a esa cámara legislativa.
El panorama general se aclara con una declaración realizada el lunes pasado a una radio de Cataluña por Xabier Arzallus, presidente del PNV, en la que por primera vez dijo sin rodeos que su partido quiere la independencia del País Vasco.
"Nosotros, como partido, profesamos y proclamamos, sin prisas, la independencia de Euskadi (País Vasco) en Europa", afirmó Arzallus, lo que significa plantear la unificación de los territorios bajo soberanía española y francesa, independizarlos e integrarlos como un estado más en la Unión Europea.
El gobernante Partido Popular (PP), el PSOE, la coalición Izquierda Unida (IU) y la derechista Unión Alavesa (UA) suman poco menos del 50 por ciento de los votos en el País Vasco (Alava, Guipuzcoa y Vizcaya).
En Navarra, cerca del 75 por ciento de los votos corresponden a esos tres partidos, que niegan la pertenencia de esa región al País Vasco, y en Francia el nacionalismo vasco es más débil aún que en Navarra.
Una idea de la fuerza del nacionalismo en el conjunto de las seis provincias que reclaman como integrantes de una nación vasca, es que de los 2.000 concejales convocados para la reunión de municipios, asistieron 600, y entre ellos ningún alcalde de una capital provincial.
Pero en las tres que componen el País Vasco español el nacionalismo es mayoría y se hace notar en el gobierno y el parlamento autónomos. Una medida polémica fue adoptada por ese parlamento, al ceder sus instalaciones para que en julio se reúna en ellas la Asamblea Parlamentaria Kurda en el exilio.
Los kurdos son una etnia de aproximadamente 30 millones de personas, distribuidas en varios países, la mitad de ellas en Turquía y el resto en Irán, Irak y Siria.
Desde 1963, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PPK), reclama la unidad e independencia del Kurdistán e impulsa una guerra de guerrillas, calificada de terrorismo por los gobiernos de esos países y el español.
El PNV justifica la cesión, porque "Turquía no cumple con los requisitos mínimos para ser definida como un país democrático", por lo que entiende que el uso de la violencia por los kurdos es "un último recurso para evitar la consumación de su genocidio".
El diputado socialista vasco Manuel Huertas reiteró el apoyo "a las justas aspiraciones del pueblo kurdo", pero justificó el rechazo del PSOE a la cesión, porque interfiere negativamente en las relaciones internacionales, "que son competencia exclusiva de la administración central".
El gobierno presidido por el centroderechista José María Aznar afirmó que hará todo lo legalmente posible para impedir esa reunión.
Pero es difícil que lo logre, pues la mayoría de los miembros de la Asamblea Parlamentaria Kurda son refugiados o residentes en países europeos y cuentan, por lo tanto, con documentos que les permiten entrar legalmente en España.
La Confederación de Empresarios Vascos criticó la cesión por entender que sufrirán represalias de Turquía, un país que importa productos vascos y se ubica en el lugar 21 entre sus compradores.
Otro motivo de fricción es el caso Josu Ternera, quien está procesado bajo la acusación de asesinatos, secuestros y atentados con bombas, y en octubre fue elegido diputado para el parlamento autónomo.
El juez lo autorizó a presentarse a recibir su credencial y asumir el cargo pero, a principios de febrero, la Audiencia Nacional, ante la que está procesado Ternera, le negó el permiso para salir de la cárcel y acudir a las sesiones parlamentarias.
Al iniciar sus sesiones el Parlamento, el primer tema que entrará en debate es la situación de Ternera, con la mayoría asegurada para defender su derecho de ser conducido desde la cárcel hasta el recinto parlamentario cada vez que se reúna.
El PP y el PSOE, en minoría en el Parlamento Vasco pero con amplia mayoría en el Español, votarán en contra.
Todos, nacionalistas y no nacionalistas, están con la mirada puesta en las elecciones municipales de junio, que darán la medida de cómo influyen en la ciudadanía esos asuntos y el proceso de paz iniciado el 16 de septiembre. (FIN/IPS/td/ag/ip/99
