Las deudas de cerca de 4.000 agricultores se convirtieron en "la carne" de una desteñida campaña para elegir al nuevo presidente de El Salvador, una instancia que se cumplirá el 7 de marzo.
En una medida juzgada como populista por sectores empresariales y políticos, diputados del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) y de partidos afines aprobaron el día 18 la Ley de rendición de cuentas y resarcimiento de daños del Estado a favor del sector agropecuario".
La ley fue vetada por el presidente Armando Calderón Sol, que fundamentó su decisión en supuestas violaciones a la Constitución e intromisión del Poder Legislativo en tareas del Ejecutivo, y en la necesidad de defender el Estado de Derecho.
Dirigentes campesinos advirtieron que la medida de Calderón Sol costará a la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) el voto del sector agropecuario. Arena es favorita en las encuestas.
La ley vetada apuntaba a beneficiar a unos 4.000 productores agropecuarios afectados por el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 1992, por el fenómeno El Niño, de 1998, y por el huracán Mitch, en noviembre.
Su costo iba a ser de 150 millones de dólares, monto equivalente al presupuesto del Ministerio de Salud. Los agricultores perjudicados por el veto realizaron este miércoles una marcha de protesta.
Diputados de Arena, empresarios y partidos de centro apoyaron el veto presidencial, arguyendo que la condonación de deudas morosas no beneficia a los productores agropecuarios, sino que los perjudica, porque ahuyenta la inversión y encarece el crédito para el sector, porque aumenta su riesgo.
Para Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, el problema es que no se ha hecho un estudio coherente para identificar a los agricultores que merecen la condonación.
Entre la lista de quienes se beneficiarían hay productores con deudas de dos millones de dólares, una suma que los aparta de la categoría de pequeños agricultores.
Cuéllar considera que la agricultura está abandonada, porque el gobierno privilegia otros sectores, como el financiero, que tiene un gran desarrollo en El Salvador.
Una reforma agraria realizada en 1979 acabó con los latifundios y repartió tierra y créditos.
Pero un año después empezó la guerra, y las necesidades de crédito crecieron, los poductores aumentaron su endeudamiento y la producción cayó. El sector no ha podido romper ese círculo vicioso.
Entre los críticos de la ley se cuenta el candidato presidencial de la coalición Centro Democrático Unido, Rubén Zamora, disidente del FMLN.
Zamora dijo que la aprobación legislativa de la ley fue una medida populista. "El error del FMLN es que la ley condona indiscriminadamente", dijo.
El diputado Kirio Waldo Salgado, del Partido Liberal Democrático, afirmó que cualquiera podría acogerse a los beneficios que otorgaría la ley y pedir resarcimiento de daños por la guerra y los fenómenos naturales, como la industria de la construcción y otros empresarios.
El FMLN hallará grandes dificultades para reunir en el Congreso los 56 votos necesarios para levantar el veto presidencial, y el problema del sector agropecuario seguirá presente.
"Es que después de la guerra se le ha hecho creer al mundo que El Salvador ha cambiado, y no es cierto. La verdad es que las mismas causas que motivaron la guerra, como la exclusión social y económica y la falta de participación política, están presentes hoy día", dijo Cuéllar.
La diferencia ahora, dijo, es que hay en la calle un arma de guerra cada 20 personas "y un estallido de violencia no resulta impensable", advirtió.
Un síntoma de descontento sería, según Cuéllar, la escasa participación ciudadana en la campaña electoral. En efecto, la proporción de indecisos aún supera 20 por ciento y se aguarda para el 7 de marzo una abstención cercana a 40 por ciento.
Cuéllar destacó que El Salvador es prácticamente el país más violento del continente, con 22 personas asesinadas por día en 1998. (FIN/IPS/mso/ff/ip/99
