Estados Unidos exhortó a todos los países a combatir las prácticas corruptas en el gobierno y los negocios, durante una serie de reuniones que tuvieron lugar durante lo que se llamó "la semana contra la corrupción".
Sin embargo, esa semana comenzó con la noticia, divulgada este lunes, de que un tribunal declaró en rebeldía a dos miembros del gabinete del presidente Bill Clinton, por negarse a brindar información detallada sobre el manejo de fondos destinados a los indígenas estadounidenses.
Este viernes, además, se dio a conocer en Guatemala un informe en el cual se acusa a militares y compañías estadounidenses de complicidad con las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil en ese país, que causó la muerte de unas 200.000 personas.
Entre ambos acontecimientos, se desarrollaron en Washington varias reuniones en las que altos funcionarios del gobierno insistieron sobre la importancia de reforzar las normas nacionales e internacionales contra las prácticas corruptas.
"Ha llegado la hora de combatir la corrupción", dijo el vicepresidente Al Gore, quien presidió una serie de sesiones del Departamento de Estado sobre "Salvaguardia de la Integridad de los Funcionarios de Justicia y Seguridad", y asistió a reuniones previas sobre corrupción en los negocios internacionales.
Compañías estadounidenses se han quejado ante el gobierno de que entre 1994 y 1998 sus competidores extranjeros emplearon sobornos para ganar licitaciones internacionales por negocios de un monto total de 108.000 millones de dólares, según informaron funcionarios en esta capital.
La semana pasada entró en vigencia una convención sobre sobornos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más ricos, y según Gore Estados Unidos se proponía presionar a más países, durante las reuniones de esta semana, para que la firmaran, ratificaran y aplicaran.
El vicepresidente agregó que Washington trabajará para "concluir un Acuerdo sobre Transparencia de la Organización Mundial de Comercio" durante la reunión de ministros de esa organización prevista para fines de noviembre.
El Poder Ejecutivo también tratará de superar la oposición del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Jesse Helms, a la firma de una convención interamericana contra la corrupción, e impulsará acuerdos similares en Asia y Africa.
Estas y otras iniciativas se enmarcan en la "Estrategia Internacional para el Control del Crimen" anunciada por el presidente Bill Clinton en mayo de 1998.
En lo referido al mundo de los negocios, varios funcionarios destacaron la importancia de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a las compañías estadounidenses el empleo de sobornos para conseguir contratos fuera del país, y fue el modelo de la mencionada convención de la OCDE.
Se señaló que los países en desarrollo, cuyos funcionarios recibieron la mayoría de los sobornos denunciados, podrían apoyar estos esfuerzos reduciendo el número de aprobaciones de sus gobiernos requeridas para la realización de negocios, y otorgando más poderes a los organismos de contralor de la corrupción.
Muchos países en desarrollo emprendieron reformas de esta índole, pero su financiamiento ha sido una limitación decisiva. La ministra de Etica e Integridad de Uganda, Miria Matembe, señaló que la liberalización económica, en un marco de instituciones gubernamentales débiles, incrementó la corrupción.
"El gobierno enfrenta aún problemas de malversación de fondos y sobornos, y las dificultades para combatirlos se deben fundamentalmente a la falta de experiencia y de recursos humanos y financieros", explicó Matembe.
La propia Dirección de Etica y Integridad del Ministerio se ha visto maniatada por "la carencia de tecnología moderna necesaria para los sistemas de información y el desarrollo adecuado de las investigaciones, la supervisión, las acusaciones y los juicios, así como por la falta de personal experimentado" agregó.
¿Cómo podrían financiarse las reformas necesarias?
Los funcionarios estadounidense sugirieron que se ahorrara dinero mediante la reducción del número de empleados públicos, en programas de ajuste estructural diseñados por el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales. Gore, sin embargo, insinuó la posibilidad de otra alternativa.
"Los hombres de negocios aseguran que estarían dispuestos a pagar entre un 15 y 20 por ciento más de impuestos con tal de librarse de los costos y perjuicios de la corrupción", apuntó el vicepresidente.
Los funcionarios estadounidenses insistieron sobre la importancia de luchar contra la corrupción en todas las reuniones realizadas esta semana, pero evitaron dar la impresión de que se sentían mejores que sus visitantes en lo referido a este problema.
"Ningún país tiene un monopolio de la virtud, y ninguno tiene el de la corrupción. Ningún país tiene derecho a darle lecciones a otro", afirmó Gore, aludiendo a varios casos recientes, entre ellos el de guardias fronterizos estadounidenses arrestados por participar en el contrabando de drogas desde México.
Sin embargo, Washington se queja desde hace tiempo de que en Europa y otros lugares del mundo la actuación de los competidores de Estados Unidos no está sujeta a normas similares a la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Aproximadamente 75 por ciento de las denuncias sobre sobornos en la firma de contratos entre 1994 y 1998 recibidas por el gobierno estadounidense involucraban a competidores con base en países poderosos que forman parte de la OCDE.
La acusación de que la industria aeronáutica europea empleó sobornos para asegurar la venta de aviones en el extranjero se transformó en una especie de grito de batalla de los exportadores estadounidenses.
Los europeos contraatacaron quejándose de que Estados Unidos utilizó presiones políticas, en vez de sobornos, para acceder a negocios internacionales, citando como ejemplo las llamadas personales de Clinton a potenciales compradores para beneficiar a la fábrica de aviones Boeing.
Leon Fuerth, asesor de Gore en materia de Seguridad Nacional, defendió ese tipo de intervenciones políticas, "siempre y cuando se ajusten a ciertas normas de dignidad y moderación".
Desde organizaciones no gubernamentales se plantearon críticas al modo en que el gobierno estadounidense cumple la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Entre 1994 y 1996, el período al cual corresponden las estadísticas disponibles más recientes, "el Departamento de Justicia investigó solamente 11 casos y no realizó acusaciones en ninguno de ellos", denunció una declaración del Consejo de Asuntos Hemisféricos, de tendencia izquierdista.
Sin embargo, "se estima que en ese período pueden haberse dado miles de casos en los que ejecutivos de compañías estadounidenses corrompieron a funcionarios latinoamericanos", agregó.
Problemas como éstos pueden socavar los esfuerzos futuros para combatir la corrupción, advirtieron diversos analistas.
"Muchos hombres de negocios y algunos políticos de Francia han adoptado una 'línea dura' en la materia, asegurando que la campaña contra la corrupción es, en su totalidad, una estratagema del gobierno y las compañías estadounidenses para recuperar ventajas competitivas", señaló un cabildero francés. (FIN/IPS/tra- en/aa/mk/mp/if/99
