El gobierno de Cuba lanzó esta semana una ofensiva frontal contra la delincuencia, mediante un reforzamiento de la legislación que anuncia incluso la pena de muerte para funcionarios culpables de narcotráfico.
El gobierno también introdujo sanciones de hasta 30 años de cárcel y fuertes multas para la represión de delitos que "entrañen la colaboración" con los propósitos del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la política hostil de ese país hacia Cuba.
La nueva ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba tipifica como conductas delictivas el suministro, búsqueda u obtención de información y la introducción en el país de materiales subversivos, su reproducción o difusión.
Asimismo, se castigará la colaboración directa o mediante terceros con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión masiva asociados a los objetivos de la política de Washington hacia la isla.
En la presentación del proyecto, se acusa a Estados Unidos de mantener una política no sólo de bloqueo, sino también encaminada a crear en la isla una "quintacolumna que apoye sus planes subversivos".
La Asamblea Nacional (parlamento) acordó el lunes y este martes varias modificaciones del código penal para combatir el delito, considerado por el presidente Fidel Castro un elemento "de la estrategia enemiga" para destruir la revolución.
El endurecimiento legal sigue al despliegue policial puesto en práctica desde el mes pasado para reprimir la delincuencia, cuyo crecimiento llegó de la mano de una crisis económica que se arrastra desde hace nueve años.
La reforma del código penal contempla la pena de muerte para delitos antes castigados sólo con prisión y la introducción de la cadena perpetua, además de aumentar la severidad de las condenas para los delincuentes reincidentes.
El parlamento aprobó también la incorporación al código penal de nuevas figuras delictivas, como el lavado de dinero y el tráfico de personas, que busca castigar el lucrativo negocio de la emigración clandestina a Estados Unidos.
Cubanos que pretenden radicarse en Estados Unidos y no pueden hacerlo legalmente pagan hasta 8.000 dólares a traficantes provistos de lanchas rápidas que evaden fácilmente la vigilancia costera, según aseguran medios de prensa estadounidenses.
Para los culpables de este tipo de tráfico, el nuevo marco juridico establece la cadena perpetua, cuando el autor porte armas de fuego o ponga en peligro la vida de terceros.
Los condenados a prisión perpetua, una pena que se aplicará también a algunos casos de robo en viviendas con violencia material, no podrán beneficiarse de la libertad condicional ni extrapenal.
Las reformas comprenden además la pena de muerte, que en Cuba se aplica mediante fusilamiento, para ciertos casos de producción, venta, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícita de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares.
La pena capital se aplicaría en aquellos casos en que el inculpado es un funcionario público o autoridad y también cuando facilita la ejecución del delito usando recursos estatales o participe en actos relacionados con el narcotráfico internacional.
Castro, presente en los debates iniciados en la víspera y que precedieron a la aprobación este martes de las modificaciones, sostuvo que la pena de muerte es para quienes "cometen crímenes abominables".
"Estamos contra la muerte del país (…) lo que quiere el enemigo es la muerte de la Revolución", dijo el presidente, quien afirmó que el delito se ha convertido "en un instrumento contrarrevolucionario".
La pena de muerte para un caso de narcotráfico se aplicó el 13 de julio de 1989 al general Arnaldo Ochoa, al coronel Antonio de la Guardia y al mayor Amado Padrón, que fueron fusilados tras un juicio sumario.
En la fundamentación del proyecto de ley modificativa del código penal se advierte que el delito es en estos momentos el fenómeno social más peligroso para la estabilidad de la nación.
A principios de enero, el propio Castro consideró que la pena de muerte debería aplicarse a "quienes intenten utilizar el territorio de Cuba para el tráfico internacional de drogas", valiéndose de la apertura externa de la economía.
En los últimos cinco años fueron detenidos 188 extranjeros que pretendían utilizar este país como trampolín para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos o Europa, según la prensa.
Así mismo, las autoridades capturaron 31 toneladas de drogas entre 1994 y mediados de 1998. Los embarques de estupefacientes en las costas cubanas aumentaron de 34 en 1994 a más de 200 en el primer semestre del pasado año.
El código penal vigente desde 1987 fue sometido a modificaciones hace menos de dos años con la intención de flexibilizar algunas sanciones y añadir nuevos delitos, como cohecho, tráfico de influencias, malversación, proxenetismo y trata de personas. (FIN/IPS/pg/ff/ip/99
