La pena de muerte solicitada en Cuba para el salvadoreño Ernesto Cruz León por atentados dinamiteros contra instalaciones turísticas parece confirmar la decisión del gobierno de Fidel Castro de endurecer la represión de la delincuencia.
En el primer anuncio oficial de ese tipo realizado luego de aprobadas las reformas al Código Penal, el día 16, la Fiscalía General de Cuba solicitó además 30 años de prisión para el también salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena.
Dentro del paquete de modificaciones aprobadas hace una semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), se elevó de 20 a 30 años la sanción a la privación de libertad, además de cadena perpetua para, entre otros, casos agravados de tráfico humano.
Así mismo, la pena capital se extendió al delito de narcotráfico cuando el inculpado sea un funcionario público o autoridad y cuando se facilite la ejecución del delito mediante el uso de recursos del estado.
Cruz León, de 27 años, y Rodríguez Llerena, de 40 años, fueron detenidos en Cuba el 4 de septiembre de 1997 y el 10 de junio de 1998, respectivamente, y juzgados como autores del delito de terrorismo.
El Capítulo 2 del Código Penal, referido a delitos contra la seguridad interior del Estado, prevé en esos casos penas que van desde 10 o más años de privación de libertad hasta la pena de muerte por fusilamiento.
Informes oficiales divulgados este martes indicaron que la fiscalía presentó sus conclusiones provisionales ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial.
Las fuentes señalaron además que "durante el proceso investigativo y de instrucción realizado", Cruz León confesó ser el autor de seis atentados con bombas entre julio y septiembre de 1997 contra los hoteles Nacional, Capri, Copacabana, Tritón y Chateau y el restaurante la Bodeguita del Medio.
Esos atentados causaron la muerte del ciudadano italiano Fabio di Celmo, de 32 años, y otras personas resultaron heridas.
Rodríguez Llerena, en tanto, resultó arrestado cuando intentaba ingresar a Cuba 1,5 kilogramos de explosivo plástico de alto poder de destrucción, dos cápsulas detonantes y "otros medios con fines terroristas".
Rodríguez Llerena "reconoció ser el autor" de una explosión en el vestíbulo del hotel Meliá Cohiba, ocurrida el 4 de agosto de 1997 y responsabilizó de sus acciones a Luis Posada Carriles, según fuentes gubernamentales.
Posada Carriles, ciudadano estadounidense de origen cubano, es considerado por las autoridades de La Habana el "autor intelectual" del atentado contra la aeronave de Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo en octubre de 1976.
Ambos inculpados admitieron en sus declaraciones que por cada bomba que hicieran estallar en Cuba cobrarían entre 1.000 y 4.500 dólares, recordaron medios estatales de prensa.
Fuentes diplomáticas indicaron que aún está pendiente un proceso similar contra tres ciudadanos guatemaltecos detenidos en marzo de 1998 a su llegada al aeropuerto internacional José Martí.
Un comunicado del Ministerio del Interior divulgado en octubre involucró a María Elena González, Nader Kamal Musalam y Jazid Iván Fernández en la planificación de atentados terroristas en la isla "dirigidos y financiados desde Miami, por la Fundación Nacional Cubano-Americana."
También se desconoce la situación de Sergio Antonio Duarte Scull y Carlos Rafael Peláez Prieto, sentenciados a fines de enero a pena de muerte por un tribunal que los halló culpables del asesinato de cuatro turistas extranjeros.
En los últimos 10 años, la sentencia máxima fue aplicada a unos 12 condenados. El caso más conocido fue el del general Arnaldo Ochoa Sánchez, el coronel Antonio de la Guardia Font y el mayor Amado Padrón Trujillo, fusilados el 13 de junio de 1989 por tráfico de drogas. (FIN/IPS/pg/mj/ip hd/99
