El cumplimiento de los acuerdos migratorios entre Cuba y Washington parece amenazado por la vigencia en Estados Unidos de leyes especiales para los inmigrantes cubanos, que según el gobierno estimulan las salidas ilegales desde la isla.
Autoridades cubanas reiteraron en los últimos días que algunos aspectos de los convenios entre Washington y La Habana para normalizar el flujo migratorio "no marchan bien", debido a que persisten en Estados Unidos normas que estimulan la emigración mediante formas no legales.
Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo de Cuba, consideró contradictorio con esos acuerdos, vigentes desde 1994, que Estados Unidos mantenga en vigor un estatuto que permite acoger y otorgar automáticamente la residencia a ciudadanos cubanos que llegan a ese país desde la isla.
Ferro consideró que la ley de ajuste alienta la acción de "personas inescrupulosas" que violan las aguas jurisdiccionales de Cuba para sacar ilegalmente del país a algunos ciudadanos, a veces incluso poniendo en peligro sus vidas.
Mediante esa disposición vigente desde 1966, los inmigrantes ilegales cubanos reciben tratamiento preferencial, siempre que logren llegar a territorio estadounidense.
Mientras se alientan tales esperanzas desde Estados Unidos, se mantendrán las salidas ilegales, consideró el presidente Fidel Castro durante los debates parlamentarios en que se modificó el Código Penal para reforzar el entramado legal contra el delito.
En su sesión extraordinaria de los días 15 y 16, el Parlamento acordó tipificar como delito el tráfico de seres humanos y estableció la cadena perpetua como condena para inculpados que porten armas de fuego o pongan en peligro la vida de terceros.
Los sentenciados a prisión de por vida, una pena que se aplicará también a algunos casos de robo en viviendas con violencia material, no podrán beneficiarse de la libertad condicional ni extrapenal.
Cubanos que pretenden radicarse en Estados Unidos y no pueden hacerlo legalmente pagan hasta 8.000 dólares a traficantes provistos de lanchas rápidas que evaden fácilmente la vigilancia costera, según aseguran medios periodísticos estadounidenses.
Los acuerdos migratorios comprometen a Washington a no permitir la entrada a su territorio a los inmigrantes ilegales rescatados en alta mar o que intentan llegar por otras vías irregulares.
A su vez, La Habana se obligó a trabajar para impedir salidas inseguras, en tanto ambos gobiernos deben cooperar para impedir el tráfico de inmigrantes y oponerse a los actos de violencia asociados a la emigración ilegal.
Pero autoridades estadounidenses opinan que tras el convenio bilateral que cerró la época de los balseros, se abrió al mismo tiempo el negocio del tráfico de indocumentados entre ambos países.
"Estamos en presencia de un cambio de tendencia, de los balseros tradicionales hacia una red criminal organizada de tráfico de personas", declaró en diciembre en La Habana John Hamilton, subsecretario de Estado de Estados Unidos.
Hamilton, quien encabezó en ese mes la delegación de su país a la décima ronda de conversaciones migratorias entre ambas naciones, afirmó que "las lanchas rápidas son mucho más difíciles de detectar que las balsas".
Las autoridades de la isla han expresado en esas negociaciones periódicas de revisión de los convenios, su preocupación por el "contrabando" de emigrantes y la política restrictiva aplicada por Washington a las visitas familiares de cubanos a Estados Unidos.
Medios judiciales de la isla consideraron demasiado benigna la sentencia de entre tres y cuatro años de prisión dictada esta semana en Estados Unidos contra dos involucrados en un caso de tráfico ilegal de personas en el cual murieron dos adultos y un menor de 4 años.
Abel Arnaldo Morejón y su hermano Nicandro admitieron en el proceso que habían cobrado 1.500 dólares a cada uno de los 14 inmigrantes cubanos por un viaje desde Bahamas hasta Miami, en un bote que naufragó a unas tres millas de la costa de Florida, en marzo pasado.
Las dificultades económicas derivadas de la recesión que ya entró en su noveno año han aumentado en sectores de la población cubana el deseo de emigrar, especialmente hacia Estados Unidos. (FIN/IPS/pg/dg/pr-ip/99
