Un proceso legal en Estados Unidos sobre el uso de fondos pertenecientes a Cuba podría dejar otra vez sin comunicación telefónica a millones de personas unidas por lazos familiares, pero separadas por el conflicto de cuatro décadas entre ambos países.
Los pagos están congelados temporalmente por orden del juez federal estadounidense James Lawrence King, quien en 1997 otorgó una compensación por 187,6 millones de dólares a familiares de tres de los cuatro pilotos de las avionetas derribadas por la Fuerza Aérea cubana en febrero de 1996.
Los familiares de los pilotos Armando Alejandre, Carlos Costa y Mario de la Peña intentan cobrar los 187,6 millones de dólares de los fondos del Estado cubano congelados en virtud del embargo que Washington mantiene sobre Cuba desde 1960 y del dinero adeudado por el servicio telefónico.
La familia del cuarto piloto fallecido, Pablo Morales, no figura en la demanda porque no tiene la nacionalidad estadounidense.
Las autoridades cubanas anunciaron que el servicio telefónico, reanudado en 1992, se suspenderá en caso de incumplimiento de pagos al organismo de telecomunicaciones ETECSA por parte de las empresas telefónicas estadounidenses.
El vocero de la cancillería cubana, Alejandro González, advirtió que el plazo para cumplir los adeudos está en el límite.
"Exigimos que se cumpla lo que está convenido, es un asunto comercial, de sentido común, perfectamente comprensible para cualquier empresa", dijo González, en tanto el Ministerio de Comunicaciones y la prensa oficial mantienen silencio sobre el asunto.
El tema resulta especialmente sensible para las personas que tienen familiares en el otro país.
"Estoy vieja y enferma y no puedo ni pensar en viajar a Miami. Mi único consuelo son las llamadas que me hace mi hijo desde allá", dice María Caridad Escobedo, una profesora jubilada de 75 años, con familiares en la ciudad estadounidense desde hace 20 años.
Estudios académicos del país caribeño sitúan en 1,2 millones el número de cubanos radicados en Estados Unidos, 60 por ciento de los cuales en el sur de La Florida.
El juez King envió a mediados de diciembre pasado a las ocho compañías estadounidenses de telecomunicaciones que tienen acuerdo con Cuba una orden de embargo con emplazamiento de demanda que las obliga a retener los pagos a ETECSA hasta que se decida el caso.
En forma paradójica, la parte cubana recibe el apoyo del gobierno estadounidense, que no está interesado en la interrupción de las comunicaciones telefónicas, lo que afectaría sus esfuerzos por promover cambios políticos en la isla.
En ese sentido, el Departamento de Justicia reclamó al juez que impida que se ejecute la demanda por estimarla ilegal y contraria a los intereses de Estados Unidos.
Datos no confirmados ofialmente en La Habana estiman en unos 75 millones de dólares lo que recibe Cuba anualmente por concepto de llamadas telefónicas.
Unos 145 millones de dólares más pertenecientes al Estado cubano permanecen también bloquedos en bancos estadounidenses por orden del Departamento del Tesoro, en aplicación del embargo.
Nadie puede suponer "que nosotros les demos el servicio gratuito y que se esté beneficiando una empresa norteamericana solamente", dijo el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón. (FIN/IPS/pg/ag/ip-if/99
