Trabajadores estatales y de la banca privada de Colombia detuvieron hoy sus actividades y realizaron asambleas en todo el país, en rechazo a la política económica y social del gobierno.
A la protesta convocada por las tres centrales sindicales, que se extenderá hasta este viernes, también se sumaron los beneficiarios de créditos hipotecarios, que reclaman una rebaja de los intereses.
Los sindicalistas informaron que participan de la medida funcionarios de la salud pública, de la educación, del sector petrolero, y de los bancos privados en los que existen conflictos laborales.
Unos 230.000 educadores detuvieron hoy sus actividades, lo que afectó a cerca de cinco millones de estudiantes de primaria y secundaria, mientras que los trabajadores de la salud realizaron asambleas informativas, que obstaculizaron la prestación de los servicios.
Julio Gómez, presidente de la Confederación de Trabajadores Democráticos, tercera en importancia, dijo a IPS que la protesta contra el presidente Andrés Pastrana es en respuesta "al conflicto que ha generado en amplios sectores sociales, pese a que anunció al asumir un proyecto de desarrollo para la paz,
Gómez resaltó que en Colombia, con más de 14,6 millones de personas económicamente activas, hay más de dos millones sin empleo, 1,5 millones (cuatro por ciento de la población) han sido desplazadas de sus hogares por la violencia y el fenómeno de la actividad económica informal va en ascenso.
Centenares de jefes de hogares benefiarios de créditos hipotecarios también protestaron, en razón de que "están a punto de perder sus viviendas por los intereses de usura que cobra el sistema financiero (más de 40 por ciento)", explicó Gómez.
Los trabajadores denunciaron que el gobierno incumplió compromisos asumidos en agosto, cuando se realizó una protesta similar, entre los que estaba la adopción de medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sector hospitalario, que afronta una grave crisis por falta de recursos.
Natalia Paredes, del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), afirmó que el sistema de salud estatal afronta un déficit de cerca de 300 millones de dólares, que el gobierno se comprometió en agosto a resolverlo.
Los hospitales afectados tienen a su cargo las prestación de servicios para la población que no es cubierta por el sistema de seguridad social (de los trabajadores privados), que representan más de 40 por ciento de la población.
En cumplimiento a la protesta, los trabajadores de ese sector atendieron sólo los servicios de urgencia en hospitales y clínicas.
Por su parte, los funcionarios de la educación pública reclaman el cumplimiento del pago de los salarios y rechazan la instrumentación de un nuevo sistema de pensiones, que afectará derechos adquiridos por los trabajadores, en opinión de Tarcisio Mora, presidente de la Federación de Educadores.
Mora, quien es coordinador de las protestas, aseguró que en departamentos (provincias) como Bolivar y Córdoba, al norte del país, Huila, al centro, y Chocó, en el noroeste, el Estado adeuda a los educadores entre seis y 28 meses de salarios.
El ministro del Trabajo, Hernando Yepez, sin embargo, afirmó que el gobierno cumplió con el compromiso adquirido con los estatales, que permitió solucionar la huelga de agosto, con la creación de comisiones que están discutiendo los temas sectoriales.
Yepez anunció que si la protesta afecta la prestación de los servicios básicos será declarada ilegal, lo que implicaría sanciones y despidos para los trabajadores que no cumplan con sus tareas habituales.
Las protestas de este jueves y viernes es la tercera que realizan los trabajadores estatales desde que asumió el presidente Andrés Pastrana el 7 de agosto.
La medida coincidió con la publicación de un documento de la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), en el cual se informa que en los últimos dos años se han realizado cerca de 30 huelgas en los sectores privado y estatal, lo que ha producido una pérdida de unos 3.000 millones de dólares.
El estudio señala que los costos contemplan las pérdidas por tiempo no trabajado y concesiones en las negociaciones.
Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras indicó que la pérdida ocasionada por 17 huelgas de estatales registradas en 1997, equivale a lo que genera el trabajo de 400 personas en un año.
Confecámaras afirma, además, que es "respetuosa del derecho de los trabajadores" y de la institucionalidad sindical, pero advierte "la gravedad de los paros como práctica recurrente de protesta".
Según la asociación de comerciantes, de persistir esa forma de protesta, "Colombia se acercará cada vez más al precipicio social". (FIN/IPS/yf/dm/if ip/99
