El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manifestaron su voluntad de reiniciar el diálogo de paz.
El comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, señaló que el Ejecutivo "no renuncia a buscar" un entendimiento con las FARC y no descartó la aceptación de una propuesta de ese grupo guerrillero para que se prolongue el plazo de vigencia de la zona desmilitarizada, que vence este domingo.
El funcionario indicó que a 90 días de iniciadas las negociaciones el balance es positivo, pese a que en la actualidad el diálogo está suspendido tras la presentación, de parte y otra, de propuestas para poner fin al enfrentamiento armado.
Las coincidencias entre la agenda determinada por el gobierno y la defendida por las FARC, ambas de 10 puntos, son mayores que las diferencias.
En las dos últimas semanas se avanzó en el análisis de temas relacionados con la agenda de paz, como la erradicación de cultivos ilícitos y la protección al medio ambiente, indicó Ricardo.
"El congelamiento del diálogo significa que se avanza en el análisis de los temas pero sin llegar a acuerdos concretos", apuntaron a su vez voceros del grupo guerrillero.
Las FARC decidieron el 21 de enero congelar el diálogo de paz tras una escalada de masacres perpetradas por organizaciones paramilitares de derecha, con un saldo de 137 muertos.
Los insurgentes afirmaron que los paramilitares atacan a la población civil con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y condicionaron la continuidad de las negociaciones a que el Estado muestre "acciones concretas" en su lucha contra estos grupos ilegales antes del 20 de abril.
Raúl Reyes, uno de los portavoces de las FARC para el diálogo, reafirmó este viernes que el desarme de los paramilitares es una condición básica para que se alcance la paz.
Según el analista Luis Valencia, de la Universidad de los Andes, cuando las FARC decidieron suspender el diálogo no lo hicieron de manera caprichosa sino con la intención de "medirle el pulso" al gobierno en uno de los temas más sensibles, el del desmantelamiento de los grupos armados de ultraderecha.
Lo positivo, en opinión de Valencia, es que las FARC reiteran su voluntad de buscar una solución negociada para el conflicto armado interno y que el gobierno está dispuesto a agotar todos los medios para confluir en ese objetivo.
Si el presidente Andrés Pastrana decide no prorrogar el plazo para la desmilitarización de los 43.000 kilómetros cuadrados que forman la zona de distensión, las Fuerzas Armadas retomarán el control de esa área.
Unos 3.000 soldados están ya movilizados para esa tarea.
Pero si el jefe de Estado decide aprobar la prórroga deberá esgrimir argumentos de peso para convencer a un sector opositor según el cual el Estado debe fijar "condiciones" a las FARC para aceptar esta petición.
Según Rafael Amador, diputado del gobernante Partido Conservador y miembro de la Comisión de Paz de la cámara baja, "el país quiere la paz pero esto no puede seguir siendo un juego en el que cada una de las partes se retire cuando lo desee"
El Departamento de Estado de Estados Unidos, que se había mostrado "reservado" respecto a la creación de una zona desmilitarizada que podría "ser utilizada por el narcotráfico", también es partidario de que toda prórroga en el tiempo de esa área debe "ir acompañada de parámetros específicos".
El gobierno aclaró que la parte del territorio de donde fue retirada la fuerza pública, que corresponde a cinco municipios del sudeste del país, no está incluida en los programas de erradicación de cultivos ilícitos, pese a que allí se planta el 13 por ciento de la hoja de coca producida en Colombia. (FIN/IPS/yf/fg/ip/99
