Un grupo de parlamentarios europeos que visitan Colombia expresaron hoy preocupación por la creciente violación a los derechos humanos y el alto número de desplazados que ha dejado el conflicto armado.
La delegación, integrada por cuatro legisladores alemanes, dos ingleses, tres españoles, dos suecos y un irlandés, llegó el lunes a Colombia con el objetivo de recabar información sobre la situación real del país y entrevistarse con el presidente Andrés Pastrana y otros funcionarios.
La diputada española Blanca García dijo que en este país no se presta suficiente atención al problema de las constantes violaciones a los derechos humanos ni a los desplazados por la violencia, según lo que pudo apreciar en estos cuatro días.
García opinó que la búsqueda de la paz no sólo pasa por la apertura del diálogo entre el gobierno y la guerrilla, sino también por la exigencia de que se respeten los derechos básicos y por la ayuda a los centenares de personas que han perdido sus hogares a causa del enfrentamiento interno.
Agregó que los "graves problemas" que tiene Colombia se podrán superar con "medidas estructurales que posibiliten el desarrollo económico y social y una mejor redistribución de la riqueza.
El estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP) indicó en un informe que de los 37 millones de colombianos, 17 millones viven en condiciones de pobreza y 12 millones en la miseria. Otros estudios revelaron que la mayor riqueza se concentra en menos de cinco por ciento de la población
Eva Zetteberg, vicepresidenta del parlamento de Suecia, afirmó que en Colombia no se puede pensar en la paz si no se habla de "redistribución de los recursos", porque con las desigualdades que existen es difícil lograr consensos.
Zetteberg sostuvo, además, que la presencia del Estado es débil para garantizar los derechos humanos y no hay confianza en la justicia.
El pronunciamiento de los parlamentarios europeos coincidió este jueves con la presentación del informe anual de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), el cual informa que en 1998 se cometieron 194 masacres (el asesinato de más de cuatro personas en un mismo sitio) en las que murieron 1.231 personas.
El defensor del pueblo, José Castro, comentó al divulgar el informe que la situación "es preocupante", pese a que las cifras son inferiores a las de 1997, cuando fueron asesinadas 1.420 personas en 288 masacres.
"Hay que tener en cuenta que el año pasado, en promedio, fueron asesinadas tres personas cada día por los distintos actores del conflicto armado", agregó.
El documento indica que los grupos paramilitares de derecha fueron responsabilizados de 49 por ciento de las masacres, la guerrilla de 21 por ciento, las fuerzas de seguridad del Estado de ocho por ciento, y en el resto de los casos no se identifica a los autores.
En opinión de Castro, los niveles de impunidad son alarmantes y el Estado no garantiza el derecho a la vida, pese a que desde 1985 el número de masacres se incrementó.
El funcionario indicó que en algunos casos la Defensoría del Pueblo alertó al gobierno sobre "masacres anunciadas", pero la advertencia no fue tenida en cuenta.
El informe de la Defensoría señala también que luego de cada masacre hubo desplazamientos forzosos de personas, especialmente de mujeres y niños.
La no gubernamental Consejería para el Desplazamiento informó que en los últimos 10 años cerca de 1,5 millones de personas, que equivalen a cuatro por ciento de la población del país, han tenido que abandonar sus hogares por la amenaza de grupos paramilitares, de la guerrilla o del Ejérctio y la policía. (FIN/IPS/yf/dm/hd/99
