Los otrora poderosos dirigentes sindicales de las escuelas públicas de Bolivia aceptaron hoy, derrotados, el inicio de las clases y el fin de la huelga general indefinida en el sector.
Estos sindicalistas, representantes de unos 90.000 maestros, eran capaces de paralizar todo el sistema educativo estatal de Bolivia, convulsionar las calles, chocar con la policía, llegar a la cárcel o someterse a prolongadas huelgas de hambre.
El año lectivo comenzó en Bolivia el 1 de febrero, pero la huelga de maestros que se realiza tradicionalmente al inicio de los cursos había mantenido en parte cerradas las puertas de escuelas públicas.
Esta vez, la huelga duró mucho menos que lo acostumbrado cada año. Los sindicalistas debieron levantarla con las manos vacías al percibir la impopularidad de la medida y la dureza del gobierno, que amenazó con el despido de todo maestro que no asistiera a las aulas.
El sindicato de educadores de la enseñanza pública dijo que resolvió el retorno a las clases "para fortificar mucho más aun la lucha con la participación de padres de familia, estudiantes y toda la comunidad hasta la derogación" de los tres decretos contra los cuales se convocó a la huelga.
Ningún año lectivo llegó en los últimos dos decenios a los 200 días de clase que establecen las leyes debido a las huelgas.
Los sindicatos de profesores son el único reducto de Bolivia donde las corrientes trotskistas aún tienen influencia, que no tienen presencia alguna en los partidos políticos ni en universidades estatales, donde sí la tuvieron a principios de esta década.
El gobierno de Hugo Banzer prohibió el traslado de maestros durante el año lectivo de un escuela a otra, encargó a comités de padres la fiscalización del trabajo de los profesores y ordenó el el retiro automático de todo maestro que no asista a clase durante seis días continuos o diez discontinuos.
El gobierno convocó a profesionales desempleados, maestros jubilados y universitarios para ocupar los puestos de los profesores que resulten despedidos.
Los padres tuvieron en este conflicto por primera vez la posibilidad de obligar a los maestros a volver a las aulas, y volverán a hacerlo cada vez que en algún colegio los profesores intenten una huelga, anunció José Díaz, presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales.
Díaz atribuyó el resultado de en este pulso a "los niños, los jóvenes y principalmente de los padres de familia", y no al gobierno. Lo mismo expresó el ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, para quien "sin los padres de familia, el conflicto no se hubiera resuelto".
Los sindicalistas acusaron al gobierno de pretender la "privatización" de la educación pública gratuita, pero no destacaron sus pedidos de mejores salarios para los maestros, que reciben, en promedio, unos 150 dólares mensuales.
El sindicato de maestros era el único que en los últimos años acataba incondicionalmente las huelgas convocadas por la Central Obrera Boliviana.
La solución del conflicto fue calificada por el diario La Razón, considerado el más importante de este país, de asunto clave para la supervivencia del país, comparable con grandes hitos como la recuperación de la democracia en 1982 y la derrota de la hiperinflación en 1985. (FIN/IPS/ac/mj/lb ed ip/99
